VALÈNCIA. La reforma del sistema de financiación autonómica regresa a la agenda de la política valenciana. Una exigencia del Consell y de todas las formaciones con representación en Les Corts (excepto Vox) que viene repitiéndose de manera insistente desde que caducó el sistema vigente en 2014. Así, una década después de la obligada revisión del sistema, la situación sigue congelada, lo que ha perpetuado un modelo de reparto que sitúa a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola de las autonomías peor financiadas.
Tal y como ha informado este diario en numerosas ocasiones, tanto PSOE como PP no han mostrado la determinación suficiente para acometer la remodelación cuando han estado al frente del Gobierno de España, pese a que esta fuera una reivindicación principal de sus compañeros en la Comunitat Valenciana. En esta ocasión, son los socialistas los que están al frente del Ejecutivo central, si bien se escudan en la falta de acuerdo con el PP para no llevar un nuevo modelo al Congreso, que es donde debe aprobarse la reforma. En la otra orilla, tampoco parece que el asunto sea nuclear para el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que conoce las diferencias de criterios existentes en las 13 autonomías de su formación gobierna.
Con este escenario de bloqueo que amenaza con prolongarse toda la legislatura, lo que queda a los diferentes partidos valencianos es la lucha por el relato. Es decir, más allá de que se consiga -o más bien no- una reforma efectiva del sistema, lo relevante pasa a ser aparentar que se es la fuerza política que más está luchando por ello. En este asunto, Compromís tiene una posición más cómoda -en cuanto a coherencia se refiere- que la de PPCV y PSPV, dado que al ser un partido de obediencia valenciana puede mantener su postura de forma sostenida sin tener que regular su discurso por orden de Madrid. Ahora bien, su papel en el Congreso tampoco ha sido nunca suficiente para lograr que se lleve a cabo la reforma: de hecho, cabe recordar que en la pasada legislatura arrancaron un acuerdo con Pedro Sánchez para la citada remodelación que nunca se llevó a cabo.
Así, con estos antecedentes, este miércoles llega al pleno de Les Corts el debate de una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación especial de urgencia presentada por el PPCV para, precisamente, "garantizar un Fondo de Nivelación Autonómica mientras se reforma el sistema de financiación autonómica". O lo que es lo mismo, una compensación económica inmediata para la Comunitat por percibir menos de lo que debería en el reparto de fondos estatal. Una exigencia que Compromís viene reivindicando desde tiempo atrás y que el PSPV-PSOE también ha solicitado en diversas ocasiones pero que nunca se ha llevado a cabo.
De esta manera, el texto presentado por los populares propone el citado fondo, cifrado "en una media de 1.782 millones de euros anuales para el periodo 2024-2027" mientras "se acomete la reforma del sistema de financiación autonómico, que debe ser consensuado por todas las Comunidades Autónomas para evitar que se generen desigualdades entre españoles". Además, solicitan que el citado fondo se implante ya en el presente año y exigen la reformar "de manera urgente" el actual sistema de financiación autonómica.
En este sentido, una PNL no posee un carácter vinculante ni obligatorio. Es simplemente una petición al Consell para que inste al Gobierno de España a que cumple con la resolución aprobada. Es decir, es una figura parlamentaria que sirve para que cada partido se retrate votando a favor o en contra, sin que el resultado posterior vaya a traducirse en algo tangible. ¿Por qué el PPCV la presenta entonces? Tal y como ha venido informando este diario, el presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón, tiene en esta legislatura una herramienta política valiosa con las reivindicaciones al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez. Así, una PNL sobre esta cuestión sirve para presentarse como una formación activa en defensa de los intereses valencianos, lanzando la pelota al tejado de la oposición (PSPV y Compromís) sobre si quieren alinearse o no en una reivindicación en la que, a grandes rasgos, coinciden.
Dada la imposibilidad de colar desde hace meses en la agenda nacional esa reclamación por lo alejada que se encuentra de las prioridades de los líderes nacionales, el PPCV trata de seguir manteniendo en el asunto en el debate político. Al menos el de la Comunitat Valenciana. Y Les Corts parecen un buen escenario para ello.
La respuesta de Compromís a esta iniciativa no se hizo esperar. Tal y como anunció este lunes su portavoz, Joan Baldoví, la coalición ha registrado una proposición de ley con tres reivindicaciones: la reforma del sistema de financiación autonómica en un plazo de seis meses, el fondo de nivelación inmediato mientras no se remodele el sistema y la regularización de la llamada deuda histórica, es decir, la condonación de la parte correspondiente a la infrafinanciación valenciana. El objetivo de la coalición es aprobar esta iniciativa -que es una ley y no una PNL- y enviarla al Congreso: "Si todos los partidos son coherentes con lo que dicen, se puede conseguir", sentenció.
Ahora bien, más allá de esta intentona de Compromís que, recordemos, no dispone de apoyos en Les Corts -dominadas por la mayoría de PP y Vox- para sacar esta proposición adelante, la coalición, al igual que el PSPV, deberán pronunciarse primero en el debate de este miércoles sobre la PNL de los populares. En este sentido, Baldoví reaccionó ayer martes presentando una enmienda con dos puntos a la iniciativa del PP: en el primero se solicita la eliminación de la frase "que debe ser consensuado (el nuevo modelo de financiación) con todas las Comunidades Autónomas". Este matiz es interesante, porque tiene la intención de evitar un bloqueo provocado por las discrepancias de las distintas regiones. De hecho, tal y como explicaba el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, en una reciente entrevista en Valencia Plaza, "arreglar la financiación corresponde al Parlamento, no a 15 gobiernos autonómicos".
Por otro lado, el segundo punto que solicita Compromís al PP es incluir en la citada PNL el reconocimiento y compensación por la mencionada deuda histórica, que no figura en la iniciativa popular. Cabe recordar que la quita de la deuda se puso sobre la mesa por parte del Gobierno de España tras incluirla Pedro Sánchez como parte del acuerdo con las fuerzas catalanas independentistas, asegurando que la haría extensiva a todas las autonomías. Una promesa que todavía no se ha concretado y a la que Vox, socio del PP, mostró públicamente su rechazo, mientras los presidentes populares eran más equidistantes.
Al hilo del partido de Santiago Abascal y su afición a poner en aprietos al PP, distintas fuentes de este partido señalan que no está previsto que Vox, pese a ser socios de Mazón en el Consell, apoyen esta PNL sobre la financiación, dado que siempre se han mostrado contrarios a la reforma del sistema y al propio modelo de reparto. Una cuestión que, al parecer, tampoco preocupa demasiado en este caso al PP, porque les permite diferenciarse y reforzar su perfil autonomista. Es más, si no hay apoyo de Vox, se hace necesario el respaldo de Compromís o PSPV para sacar adelante la PNL, por lo que pone la presión directa en la oposición. Un rechazo, pese a que se deba a la negativa de los populares a negociar enmiendas, ya les deja en el posicionamiento contrario al fondo de nivelación.
Por su parte, el grupo socialista también planea presentar enmiendas este miércoles, aunque no se concretó desde el PSPV el contenido de las mismas ni tampoco el sentido del voto si su propuesta alternativa resulta rechazada.