Y el feminismo compareció en Les Corts

He vivido una semana convulsa cargada de acontecimientos políticos y personales importantes. Cuando me disponía a pensar el tema de este artículo tenía encima de mi mesa carpetas con documentación de las agencias de calificación, el libro Botiflers de Ignacio Blanco y los apuntes de las reuniones de trabajo sobre el informe de impacto de género de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Esta imagen de mi mesa es una representación del maremágnum de ideas en que se encontraba sumergida mi mente. En ese momento recibí un mensaje anunciándome que comenzaban las comparecencias de los secretarios autonómicos en la Comisión de Política Social de les Corts. Así, emergí de mi debate interno para interesarme por las intervenciones del nuevo gobierno valenciano.

Mientras seguía la retransmisión me parecía que había pasado un mundo desde el día en que finalizó la legislatura 2011-2015. Una de las muestras de ese avance era el uso del lenguaje, con términos como "inclusión", "diversidad" e "igualdad de género". Siempre habíamos denunciado la falsa neutralidad del lenguaje y cómo era una auténtica declaración de intenciones denominar a una Dirección General de "Familia y Mujer", asociando ambos términos como fruto de una unión indivisible. Ahora, de la Secretaría autonómica de "Inclusión e Igualdad" se derivan dos direcciones generales: una de Igualdad de Género e Instituto Valenciano de las Mujeres; y otra de Igualdad en la Diversidad.

Las comparecencias de las secretarías autonómicas fueron pedidas por el Partido Popular, seguramente para intentar hacer aflorar contradicciones en el mestizaje entre Compromís y el PSPV. Sea cual sea la razón original, el hecho de utilizar los mecanismos reglamentarios para que el parlamento debata y fiscalice es, no sólo legítimo, sino necesario, pero también un ejercicio de hipocresía por parte de un partido que, constantemente, vetaba y coartaba el control parlamentario al gobierno anterior.

Como muestra, un botón: la admisión a trámite de la querella interpuesta por los que éramos los cinco diputados y diputadas de Esquerra Unida contra algunos de los miembros del Consell del PP. La jueza, en su escrito, reconoce que "existe una conducta de dos miembros del Gobierno Valenciano referida a la denegación de información y documentación a determinados diputados de la oposición en las Cortes Valencianas que expresamente habían efectuado solicitudes de información sobre actividades del Consell y que podrían ser constitutivas del delito alegado".

El último veto del PP a EU fue hace sólo siete meses y sirvió para proteger a Juan Cotino

Pero no solamente sucedía en el ámbito de las peticiones de información sino también cuando se solicitaba la comparecencia de otras personas, incluyendo miembros del gobierno como directores generales, para cuya presencia se necesita el acuerdo de la comisión parlamentaria correspondiente y que, como norma, recibía el voto en contra del partido mayoritario. El último veto del PP a EU fue hace sólo siete meses y sirvió para proteger a Juan Cotino de que el parlamento le preguntase acerca de la organización de la visita del Papa más cara y más corrupta de la historia.

Por supuesto, ni qué decir acerca de que los presupuestos de la Generalitat Valenciana hasta el año pasado no fueran acompañados del preceptivo informe de impacto de género. Algo que desde nuestra organización también criticamos y propusimos en mociones subsiguientes y enmiendas. Sin embargo, al iniciarse la comisión de Política Social, la diputada del PP criticó que un decreto no haya ido acompañado de un informe de impacto. Este tipo de intervenciones tan cínicas, después de tantos años de invisibilidad de políticas de género y de potenciación de los grupos de presión más retrógrados, indignan mucho.

La respuesta de Alberto Ibáñez dejó al PP sin argumentos. Que el propio secretario autonómico se reivindicara feminista, conociera perfectamente el lenguaje inclusivo y explicara pormenorizadamente la estrategia del Consell de pasar de un sistema mercantilista a uno inclusivo en el que la perspectiva de género debe ser un eje fundamental, obligó a que el discurso de la oposición tuviera que adaptarse a la nueva normalidad democrática. El relato de la derecha se ha tornado reivindicador de paridad y de obligación del cumplimiento de la Ley de Igualdad en cuanto a la redacción de informes de impacto de género y eso, aunque cínico, denota que estamos ante un nuevo tiempo en el que, para resistir, incluso el PP va a tener que adaptar su lenguaje y contenido a una batalla que el feminismo está consiguiendo ganar.

El feminismo y la diversidad han entrado en el gobierno (esperemos) para quedarse

La comparecencia del secretario autonómico fue un soplo de aire fresco violeta que se llevó por delante momentos tristes en que miembros del PP desde su altar de mayoría absolutista se reían de que yo utilizara términos como "transfobia". El feminismo y la diversidad han entrado en el gobierno (esperemos) para quedarse, con vocación de transversalidad y cimentados en principios de justicia social, transformando las bases asistencialistas en que se sustentaba la anterior Conselleria de Bienestar Social. Antes se concebía la "igualdad" como un departamento estanco que no cabía ni en el nombre de una Dirección General. Por eso, un elemento que me ha parecido clave para el desarrollo de esta nueva política es la creación de las Unidades de Igualdad, que se encontrarán en todas las consellerías permitiendo una coordinación y evaluación integral de la perspectiva de género.

En materia de violencia de género se ha acabado con la miserable actuación del gobierno anterior que condicionaba el pago de las ayudas a que las mujeres estuvieran al corriente de sus obligaciones con la administración. Una situación demencial, más aún conociendo cómo se inició el Fondo de Emergencia Social para víctimas de violencia de género. Esta línea presupuestaria se vendió a bombo y platillo y se olvidó inmediatamente después.

A la conselleria se le olvidó tanto que la había creado que, después de meses, cuando pregunté como diputada de Esquerra Unida por las bases de convocatoria de estas ayudas, se me reconoció que no se había llevado a cabo la redacción y que, por tanto, se utilizaría ese fondo el primer año para otra contingencia. Esta concepción asistencialista, según el secretario autonómico, se va a acabar para pasar a una política que entienda estas ayudas a las víctimas como "derecho subjetivo inherente a su condición humana".

En definitiva, al acabar la comparecencia me sentía ilusionada porque no concibo este cambio de relato como el resultado de una victoria partidista, sino como la consecuencia de una batalla ganada por el feminismo que nos permite seguir avanzando con más fuerza en nuestras reivindicaciones.