VALÈNCIA. (EFE). El expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, que permanece ingresado en el Hospital La Fe de Valencia desde el pasado 18 de diciembre y ayer fue obtuvo la libertad provisional, no recibirá el alta médica ni este viernes ni durante el fin de semana, según han informado a EFE fuentes sanitarias. Zaplana tiene pendiente la realización de pruebas médicas y no se ha preparado la documentación que debe acompañar el alta, han confirmado las mismas fuentes.
La magistrada de instrucción número 8 de València decretó el pasado jueves la puesta en libertad del expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana. La jueza adoptó esta decisión al considerar que no existe ahora el riesgo de fuga que apreció en otras ocasiones para mantenerlo en prisión preventiva. Eduardo Zaplana se encuentra ingresado desde mediados de diciembre en el Hospital La Fe de València a causa de la leucemia que padece. Precisamente por este motivo, sus abogados habían solicitado en diversas ocasiones su puesta en libertad argumentando que existe un "riesgo vital".
Está investigado, junto a otras 6 personas por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y pertenencia a un grupo criminal.
No obstante, la magistrada ha adoptado una serie de medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias periódicas en el juzgado para firmar, según las mismas fuentes.
Zaplana, enfermo de leucemia y trasplantado de médula en 2015, ha experimentado recientemente un deterioro físico que ha "alarmado" a quienes le atienden. Se trata de un empeoramiento propiciado por la enfermedad conocida como "injerto contra huésped" (EICH), una complicación que se puede producir cuando un sistema inmunitario trasplantado ataca a los órganos y tejidos del paciente que lo recibe (el huésped).
Desde su arresto, la defensa de Zaplana ha presentado varios recursos para pedir su puesta en libertad o el arresto domiciliario, alegando un "deterioro acusado" del estado de salud del exministro, que padece una leucemia desde hace cuatro años. En 2015 se sometió a un trasplante de médula.
Para solicitar la puesta en libertad de Eduardo Zaplana, la defensa argumentaba que la ley no permite mantener en prisión al investigado por más de seis meses fundamentándolo en riesgo de destrucción de pruebas. Además, el riesgo de fuga, único fundamento posible de la prisión preventiva en este momento en el caso de Zaplana, "es inexistente dado su estado de salud, que le obliga, según los expertos que han emitido informes, a estar sujeto a tratamientos en el mismo hospital donde fue trasplantado".
259 días después de que entrara en prisión, de los que se ha pasado los últimos 51 días ingresado en el hospital La Fe de València. La puesta en libertad del expresident de la Generalitat ha sido una petición reiterada de su defensa y su familia, que durante las 37 semanas transcurridas desde su ingreso en la cárcel de Picassent han presentado varios informes médicos y recursos argumentando que su estado de salud es incompatible con el riesgo de fuga.
Durante el tiempo que ha estado en prisión, Zaplana ha recibido atención médica a diario en el establecimiento, se le ha autorizado seguir con las visitas programadas con su equipo médico de referencia en el Hospital La Fe de València que trata su leucemia, y cuando ha necesitado hospitalización extraordinaria se le ha concedido.
Precisamente, las últimas siete semanas las ha pasado en el hospital La Fe, donde fue ingresado el pasado 18 de diciembre y ha permanecido en régimen de aislamiento hospitalario, lo que le ha permitido recuperar alrededor de cuatro kilos de los diez que había perdido desde su ingreso en prisión hace ocho meses y medio.
Eduardo Zaplana fue detenido el pasado 24 de mayo. Según el sumario, Zaplana, Barceló y Grau, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y exdirector general de la Policía Juan Cotino; su ex jefe de gabinete Juan Francisco García; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial, el citado juzgado investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastrean el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el plan eólico, durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat. La investigación del llamado caso Erial ha sido dirigida por Juzgado de Instrucción número 8 de València y por la Fiscalía Anticorrupción.