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balance de los dos años y medio de julià álvaro como secretario autonómico

Adiós al azote medioambiental de los empresarios (y de sus propios compañeros del Consell)

3/02/2018 - 

VALÈNCIA. Los augurios que muchos hicieron con el nombramiento de Julià Álvaro como secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático se ajustaron bastante a la realidad de los dos años y medio que ha durado en el cargo. Como portavoz de Verds-Equo y conseller frustrado de Agricultura y Medio Ambiente -no lo fue para lograr la paridad hombre/mujer en el Consell- a Álvaro le tocaba exprimir al máximo sus competencias y custodiar el ecologismo plasmado en el el programa electoral frente a una consellera independiente -Elena Cebrián-.

Pronto adquirió este rol, en concreto cuando Compromís se llevó el gato al agua con las competencias de evaluación ambiental que también reclamaba el PSPV para la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio. Era el número dos, sí; pero como secretario autonómico cayó en sus manos la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, el organismo que debía decir 'sí' o 'no' a los proyectos urbanísticos.

Al frente de tal responsabilidad se forjó su figura de azote medioambiental de la empresa privada, con su blog personal -que más bien ha sido un preciso diario- como altavoz de sus andanzas. "Se trata de hacer cumplir la ley", repetía siempre. Y con el máximo celo medioambiental -y el respaldo, cabe subrayarlo, de los miembros de la comisión procedentes de la conselleria de Vivienda- tumbó sin tapujos proyectos impulsados en tiempos del PP como la Actuación Territorial Estratégica (ATE) para construir el macrocentro comercial y de ocio Puerto Mediterráneo o la de Ikea para levantar una tienda y una gran superficie comercial en Alicante.

El proyecto de Puerto Mediterráneo, que anunciaba una inversión de cientos de millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo, fue sin duda el rechazo más polémico, pero tanto Compromís en bloque como el PSPV -con el apoyo del presidente, Ximo Puig, y de la consellera de Vivienda, María José Salvador- hicieron suyo el 'no' a la iniciativa dejando solo al alcalde socialista de Paterna, Juan Antonio Sagredo.

Tras estas decisiones llegarían muchas otras. Julià Álvaro siguió derribando proyectos cimentados en tiempos de laxitud con su mazo medioambiental. Evaluación Ambiental también fue la responsable de aplicar importantes restricciones al polémico PAI del Valencia CF para crear más de 2.000 viviendas y una nueva ciudad deportiva en Porxinos (Riba-roja) o al proyecto turístico residencial Anibits-Margequivir previsto en Callosa d'en Sarrià; así como de tumbar el excéntrico proyecto de Paco Roig La Baronía Golf Valencia Resort.

Cada nueva ampolla que levantaba acrecentaba su figura ecologista. Sus decisiones salpicaron a firmas ilustres como la azulejera PamesaRed Eléctrica, o las cementeras Cemex y Lafarge -aunque en el caso de estas dos últimas recibió críticas municipales que reclamaban un recorte mayor-. Julià también abanderó luchas contra la quema de la paja del arroz en l'Albufera, el depósito de graneles al aire libre en el Puerto de Alicante o la gestión privada de las plantas de residuos, entre otras cuestiones como la gestión eficiente del agua.

Las guerras del SDDR y Egevasa

Pero los problemas de gestión para Álvaro llegaron realmente cuando también se convirtió en el azote de compañeros de gobierno, partidarios en algunas cuestiones de adoptar posturas intermedias. El conflicto más significativo de este tipo fue el del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), el ambicioso proyecto para potenciar la recuperación de los envases con su recogida en los supermercados. En este caso los afectados por la medida, con el respaldo del PSPV y de la propia consellera Cebrián, lograron postergar su implantación.

Otro asunto caliente fue la ofensiva de Álvaro contra la gestión de Egevasa (51% Diputación de València y 49% Aguas de València) de las depuradoras de titularidad autonómica. Su departamento defendía que su gestión, con un contrato sin concurso prorrogado durante años, salía más cara por no salir a concurso. Pero PSPV y la consellera Cebrián también adoptaron en este caso una postura más dialogante ante esta cuestión y canalizaron el conflicto hacia una negociación entre las partes que culminó en un acuerdo.

En consecuencia, se da la paradoja de que la destitución de Julià Álvaro como secretario autonómico de Medio Ambiente se produce con los dos mayores conflictos de gestión ya desactivados por el bloque conformado por PSPV y el grueso de Compromís. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, se esforzaba este viernes en subrayar que la medida respondía la necesidad de "abrir una nueva etapa" y no a la "perdida de confianza" por parte de la consellera Cebrián, si bien el devenir de los acontecimientos apunta precisamente a lo contrario: a un cese con el que Compromís zanja de forma abrupta la ruptura política con el dirigente.

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