VALÈNCIA. El problema de acceso a la vivienda, especialmente en régimen de alquiler, sigue en la agenda política. También en València ciudad. No son pocas las iniciativas que el Ayuntamiento de València ha puesto en marcha para intentar paliarlo, algunas con mayor éxito que otras. Pero a la vista de la situación del mercado, no está siendo suficiente. Por ello el consistorio busca nuevas fórmulas y con nuevos actores.
En ese marco se encuentra la concejalía de Vivienda, que dirige Isa Lozano, que se ha puesto en contacto con las empresas inmobiliarias para buscar vías alternativas de colaboración con el sector privado que ayuden a sacar al mercado viviendas vacías y que, a la postre, se pueda frenar la escalada de los precios de los alquileres.
En ese sentido, Lozano recibió este miércoles a la presidenta de Asociaciones Inmobiliarias, Nora García, en un encuentro que fue una toma de contacto, a modo de lluvia de ideas, como punto de partida para el desarrollo de iniciativas conjuntas entre el consistorio y la asociación. Según confirmaron diversas fuentes, la asociación se mostró dispuesta a ayudar para paliar el problema del acceso a la vivienda.
Sobre ello, institución y el sector privado mantendrán reuniones en las próximas semanas para concretar qué medidas son factibles y, a la postre, se pueden desarrollar en la capital del Túria para "poner más viviendas en el mercado" y que los inquilinos "tengan más oferta para alquilar", según explicaron las mismas fuentes consultadas.
Una de las iniciativas que se ha llevado a cabo desde el Ayuntamiento de València, ha sido el Plan Reviure: un programa de ayudas a propietarios para reformar sus viviendas a cambio de que las saquen durante un tiempo determinado al alquiler con precios asequibles. El proyecto, que ya cuenta con dos convocatorias a las espaldas, no resultó del todo atractivo, pues en ninguna de las dos ocasiones se ha consumido el presupuesto previsto -la primera contó con nueve viviendas y la segunda, con seis-.
La otra vía es contar con un parque público de vivienda capaz de influir en los precios de la oferta en el mercado. Y aquí, el consistorio planteó a través de la empresa municipal Aumsa, dependiente de la concejalía de Urbanismo, un plan de construcción de 327 viviendas públicas de alquiler asequible, de las que por el momento sólo se han entregado una quincena. Urbanismo, pese al retraso, asegura que en 2023 habrá 200 viviendas en construcción.
Por otro lado, y en paralelo, el consistorio también está intentando comprar viviendas. La concejalía de Lozano sacó a licitación pública la adquisición de inmuebles por valor de un millón de euros, pero apenas se presentaron dos propuestas de venta. De ahí que ya se busquen en el mercado libre inmuebles susceptibles de adquirirse por parte del Ayuntamiento, como publicó este diario.
Ahora, Vivienda busca alternativas para presionar los precios del alquiler a la baja junto con las empresas inmobiliarias. Desde el consistorio rechazaron concretar por el momento qué tipo de medidas se están estudiando.
