Sede del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en la plaza Nápoles y Sicilia de ValenciaVALENCIA. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) es uno de los organismos del sector público de la Generalitat en el que la Sindicatura de Comptes asegura haber detectado "incumplimientos significativos" en materia de contratación. Según detalla en su informe de fiscalización sobre las cuentas de 2015, las deficiencias se centran en el fraccionamiento de algunos contratos y en el pago de algunos servicios para los que no existe contrato.
En el primer caso, los incumplimientos se repiten respecto al ejercicio anterior. Según la Sindicatura, el IVF suscribió catorce contratos menores de entre 8.980 y 17.950 euros con un mismo proveedor para la asistencia técnica en la mejora de la certificación electrónica. En doce casos, los servicios los prestaron las mismas cuatro personas con periodicidad mensual, mientras que los otros dos contratos los prestó otra persona en la sede del IVF. El gasto conjunto asociado a ese servicio en 2015 fue de 220.130 euros sin IVA.
El organismo fiscalizador estima que el IVF incumplió en este caso la Ley de Contratos del Sector Público al haber fraccionado el objeto contractual, lo que permite "eludir los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que le correspondan". Además, destaca que se invitó a tres empresas a participar en el proceso, siempre las mismas, pero se hizo una vez iniciada la vigencia del contrato.
En este sentido, el informe de la Sindicatura señala que la prestación de dichos servicios "en tanto en cuanto obedece a necesidades recurrentes del IVF" y su importe anual "supera ampliamente" el umbral previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) para contratos menores, debería haberse sometido "a un procedimiento abierto de adjudicación".
Además, la fiscalización realizada también pone el acento en la ejecución contractual, donde la Sindicatura subraya que las facturas presentadas "no incluyen una descripción detallada y pormenorizada de los servicios prestados ni del personal asignado para su desempeño, ni de las horas computables para la cuantificación del total facturado". De la misma manera, se apunta como salvedad que la recepción de conformidad del trabajo efectuado por la persona responsable "se realiza con anterioridad a su finalización".
En sus alegaciones a este punto del informe, el director general del IVF, Manuel Illueca, asegura que la entidad está ultimando la licitación, a falta del preceptivo informe de asesoría jurídica y de la autorización de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos, mediante procedimiento abierto del contrato para los servicios de asistencia técnica para los sistemas de certificación electrónica.
Al margen de los procedimientos de contratación, el informe de la Sindicatura recuerda que Manuel Illueca reformuló en abril de este año las cuentas de 2014 formuladas por la anterior directora general el 31 de marzo de 2015. Tras ello, el IVF ha corregido algunas de las salvedades o incorrecciones materiales que la Sindicatura señaló en su informe de 2014, tanto en las cuentas anuales reformuladas de 2014 como en las de 2015.
Respecto a las segundas, la Sindicatura manifiesta que se han formulado y enviado fuera del plazo legal y sin adjuntar el informe de auditoría preceptivo. A 30 de octubre de 2016, las cuentas anuales de 2015 todavía no habían sido aprobadas por el consejo general del IVF, un retraso que fuentes de la entidad explican precisamente por esa reformulación que tuvieron que acometer.
El nuevo director del IVF realizó un saneamiento de 58,7 millones de euros para dotar mayores provisiones por insolvencias en las cuentas de 2015. La mayor partida correspondió a los 39,1 millones de préstamo a la Institución Ferial Alicantina, provisionados en su totalidad por las "escasas posibilidades de cobro". Como consecuencia, el ejercicio 2015 se cerró con unas pérdidas de 35,3 millones frente al los 23,44 millones de beneficio que declaró inicialmente.
A 31 de diciembre de 2015, el IVF también tenía clasificadas como de dudoso cobro las deudas de la Ciudad de la Luz (8,9 millones de euros) y de la Fundación Jaume II (11,2 millones) pero la Sindicatura destaca que, en este caso, no se ha registrado contablemente ningún deterioro a pesar de estar impagados.
El informe de fiscalización alerta de la "gran concentración" del riesgo por créditos y avales con el sector público valenciano, "teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias y financieras de la Generalitat". El riesgo total supera ya los mil millones de euros, pero no se encuentra provisionado.
Por otro lado, en el informe sobre las cuentas de la Generalitat, la Sindicatura considera que, si bien el tratamiento contable del riesgo asumido con la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) no se ajusta "totalmente" al criterio de la Sindicatura, sí que registra el gasto en la cuenta de resultados.
No obstante, los auditores apuntan que se ha efectuado una provisión de 19,5 millones de euros por "probables responsabilidades" derivadas del contrato de reafianzamiento a favor de la SGR según las estimaciones comunicadas por el IVF a la Intervención General de la Generalitat.
Al respecto, la Sindicatura señala que no se indican los criterios utilizados para realizar esa provisión, por lo que recomienda "que las estimaciones del IVF contengan la información suficiente" para que tanto la Intervención como la propia Sindicatura puedan realizar las comprobaciones necesarias.
