La ausencia de una ordenanza específica impulsa la llegada de empresas de 'sharing' a València 

VALÈNCIA. Querer no es poder. De ello pueden dar fe en el Ayuntamiento de València. Este lunes el alcalde, Joan Ribó; el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi; la edil de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzatto, y el concejal de Espacio Público, Carlos Galiana, mantuvieron una reunión de trabajo en la que, además de la retirada de los patinetes eléctricos de la empresa Lime, desde Alcaldía se apuntó que se le quiere encargar a los servicios municipales de Hacienda que estudien la aplicación de una tasa "para este tipo de empresas que quieren ocupar el espacio público".

Una tarea ante la que Hacienda se vería con las manos atadas. El retraso de Movilidad a la hora de confeccionar una nueva ordenanza es uno de los elementos que explica por qué el consistorio no puede cobrar tasas específicas a las nuevas empresas de alquiler de vehículos. València es un terreno expedito y por lo tanto muy atractivo para las compañías que están haciendo su agosto.

Ya en su día, con la llegada de Lime a València, el propio Grezzi admitió que estas empresas se beneficiaban de un "limbo legal". Así se explicaría también la irrupción de empresas como la tecnológica Molo o la previsible llegada de otras como eCooltra, una firma presente en Barcelona, Madrid, Lisboa, Milán y Roma que acaba de recibir una inyección de capital de 10 millones de euros y de la que se dice que quiere desembarcar también en València.

El caso de Lime ha sido el que mayor notoriedad ha cobrado. La firma aterrizó a finales de agosto con una flota de 200 patinetes eléctricos por toda la ciudad. En muy pocos días su uso se había generalizado a causa de su practicidad y su precio relativamente asequible -10 euros por hora de uso-. La falta de una normativa que regulara muchos aspectos de esta actividad, como la movilidad, la ocupación del espacio y la fiscalidad, permitió su asentamiento.

Y en éstas llegó el artículo 12

Este se produjo hasta tal punto que en un principio el Ayuntamiento no encontró a dónde cogerse para ponerle freno al vertiginoso terremoto del sharing de patinetes. Tras el shock, sólo encontró respaldo en el artículo 12 de la ordenanza de la Vía Pública para acabar retirando decenas de patinetes de las calles y multando a la empresa con hasta 20.000 euros, según datos recogidos por el consistorio al final de este miércoles.

Un conflicto que ha desatado una tormenta política. Desde Ciudadanos, su concejal Narciso Estellés aprovechaba para arremeter contra su némesis durante esta legislatura, el concejal Grezzi. "Ya le advertimos hace un año", recordaba, "que tenía que regular los Vehículos de Movilidad Personal, y le presentamos una iniciativa al respecto que, como siempre, fue despreciada. Desde Cs queremos saber cuántas veces Grezzi ha contactado con la empresa Lime durante este mes, qué conversaciones ha mantenido para evitar o reconducir la situación que se está viviendo. O si por el contrario, como nos tememos, ha preferido las vacaciones y la falta de contacto, dejando impunemente que se fraguase un problema evitable de impacto público en Valencia", apuntaba.

Para Estellés lo sucedido estos días con Lime no será precisamente una anécdota porque, afirmaba a Valencia Plaza, en los próximos meses "además de los patinetes eléctricos, se sufrirán más situaciones de desborde con nuevos operadores de motosharing, de carsharing o de bicis eléctricas. Por no hablar también de la nula actuación que Grezzi está realizando con el coche eléctrico en València en la legislatura". Para el regidor de la formación naranja el problema radica en la falta de un marco legal actualizado. Sin él, el Govern de la Nau se encuentra, dice, "sin plan, ni modelo, ni capacidad de reacción". "Este gobierno municipal está asumiendo y generando unos vacíos normativos", apostillaba.

Un negocio en crecimiento

Mientras, desde el consistorio admitían su incapacidad para plantear tasas específicas que ayudarían a regular el mercado. En este sentido explicaban que, antes de elaborar la ordenanza fiscal, Movilidad, Espacio Público y Policía Local (en el caso de que fuera necesario) deberían realizar la ordenanza que regulase la actividad. Ya con ella en la mano Tesorería y Tributos podría hacer la suya propia. 

Entre los problemas que se encuentran de partida está el hecho de que hay varios modelos de vehículos que se han incorporado a la vía publica en los últimos años para los que no existe regulación. Un río revuelto del que se han aprovechado las empresas de carsharing, con casos como el de Madrid donde ya están funcionando compañías como car2go, Emov y Zity. Precisamente Zity es una señal clara de la potencialidad del modelo de negocio: la empresa es una UTE de Ferrovial y Renault. El sharing "más que una moda, más que el futuro", apunta Estellés, "es el presente".

Una idea, la de implantación del sharing, con la que coincide el concejal de Hacienda, Ramón Vilar. El regidor apuntó a este respecto a Valencia Plaza como algo positivo "la irrupción de estos nuevos elementos emergentes de movilidad urbana y nuevas formulas de gestión de elementos tradicionales como motos y coches (como sucede con el sharing)". Se trata de iniciativas que utilizan el espacio publico como "espacio de negocio" y deben ser tratados como lo que en definitiva son: negocios.