VALÈNCIA. Metrovacesa inicia la batalla judicial contra el Ayuntamiento de València. La promotora ha presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra la decisión del consistorio de inadmitir su proyecto en el PAI de Benimaclet, una actuación que contemplaba la construcción de 1.345 viviendas en los terrenos que lindan con la Ronda Nord. La compañía rechaza la nulidad de un plan que defienden que cuenta con un proceso participativo dirigido por el consistorio. Y que además ha pasado todos los trámites administrativos pertinentes.
No obstante, el proyecto suscitaba el rechazo tácito de Compromís y de una parte del vecindario, que se ha agrupado en diferentes asociaciones, como Cuidem Benimaclet, que lleva años de cruzada contra este desarrollo. Ante las críticas, el PSPV también se posicionó a favor de acometer ciertas modificaciones en el planeamiento de la compañía, aunque con una visión diferente a sus socios de gobierno. Así, durante meses, ambas formaciones han mantenido públicas desavenencias sobre la senda que debe transitar este desarrollo urbanístico.
Finalmente, el pasado mes de febrero la Concejalía de Urbanismo, liderada por la socialista Sandra Gómez, decidía tumbar el proyecto presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico. Esto es, la alianza urbanística entre la compañía, poseedora del 40% del suelo, y los pequeños propietarios, que en conjunto suman el 51% de la superficie total de este sector ubicado en la zona norte de la ciudad.
Ante esta decisión, Metrovacesa lleva este freno a los tribunales, judicializando así la parálisis del PAI. Entre sus argumentos, esgrimen el cambio de criterio del consistorio valenciano, que en pleno municipal en 2018 aprobó el proyecto. "La iniciativa ya se admitió. Hicimos un proceso de participación ciudadana y se recogieron las propuestas vecinales. Lo que quieren hacer ahora no se adecúa al modelo ciudad", asegura la promotora. Por tanto, su petición es que se anule esa inadmisión y se continúe con el trámite en el momento en el que se encontraba y se acepte la propuesta urbanística de la Agrupación.
Pero, además, la cotizada ha puesto en marcha una serie de acciones legales para desalojar de sus suelos a vecinos que los han ocupado de forma ilegal. Muchos de ellos han instalado una serie de asentamientos en este terreno, según lamentan desde Metrovacesa. Asimismo, relatan que se ha ocupado de forma ilegal una de las Alquerías incluida en estos terrenos propiedad de la compañía, que se ha visto obligada a acudir a la vía civil para recuperarlos.
Unas ocupaciones ilegales que en los últimos meses han ido in crescendo, según explica la empresa, que señala que ya ocuparían casi el 40% de sus parcelas en el PAI. "Tenemos una zona en degradación y que ahora es caldo de cultivo para plagas como mosquitos", denuncian. Lo cierto es que esa zona sí cuenta con una superficie de suelo dedicada a huertos urbanos, pero la paralización de la urbanización ha provocado su abandono. "No solo es la imagen de esta zona, si no que también hay un problema de salubridad y queremos evitar que pueda pasar algo en la zona", explican los promotores del proyecto.
Por tanto, Metrovacesa saca la artillería judicial para retomar un proyecto que, según defienden, "en ningún caso tiene vocación de destrozar la huerta ni de entrar con una apisonadora a destruir el barrio". De hecho, tienden la mano al consistorio valenciano para abrir un diálogo y contemplar nuevas opciones. "Estamos abiertos al diálogo", aseguran. Pero antes, quieren agotar la vía judicial para "ejercer cierta presión" ante esta inadmisión a un proyecto por "fines propagandísticos".
En estos momentos, es el Ayuntamiento de València el que va a asumir directamente el diseño y la definición futura del planeamiento urbanístico del barrio. La edil Sandra Gómez anunció hace tres meses la anulación del proyecto al considerar que había "margen de mejora". Ahora, según avanzó este diario, abrirá un proceso de participación vecinal para fijar las bases y elaborar la propuesta definitiva. Una decisión que supondrá devolver el proyecto a la casilla de salida.
Pero Compromís quiere ir más allá que su socio de gobierno y que el consistorio ostente la gestión directa del PAI en condición de urbanizador, además de reducir la edificabilidad para rebajar el número de inmuebles y destinar más terreno a los huertos urbanos. Desde Metrovacesa recuerdan que, aunque esta posición no es firme y de momento es una pretensión, "no tiene razón de ser, porque la Agrupación de Interés Urbanístico está en disposición de asumir esa urbanización". Esta condición implica la redefinición del nuevo dibujo de la zona, pero también inversiones del Ayuntamiento en las obras que, de otra forma, asumiría la propia Agrupación.
Según sus estimaciones, de ostentar la gestión directa el Ayuntamiento de València, el coste para las arcas municipales ascendería a unos 19 millones de euros, además de las indemnizaciones por las expropiaciones a los propietarios del suelo. "Hoy en día, ser agente urbanizador no es un negocio", subrayan, para recalcar que la desclasificación del 35% de suelo que defiende Compromís y los colectivos vecinales abocaría a cambiar el Plan General de Ordenación Urbanística de València (PGOU), que reconoce la edificabilidad de la zona. "Eso es inviable", subrayan.
Más razonable ven la propuesta del PSPV. Los socialistas, que además controlan el área de Urbanismo, proponen aumentar las zonas terciarias y pasar del 13% que recoge el proyecto actual, al 20% de la superficie destinada a este uso. Una posibilidad que se abren a estudiar. "Nuestra intención es ser útiles y aportar. Todo lo que vaya en la línea del PGOU estamos dispuestos a acordarlo. Somos gente de diálogo", insisten desde Metrovacesa. De hecho, la firma no descarta poder participar en el proceso de participación abierto ahora por el consistorio, aunque esperarán también a la resolución judicial.
En cualquier caso, desde la promotora recuerdan que cuando en 2017 empezaron a redactar el diseño del PAI se contó con apoyo vecinal, con reuniones y un proceso participativo "ordenado y ejemplar" promovido por el consistorio valenciano, que concluyó con un documento en el que se plasmó la mayor parte de sus peticiones. Esas conclusiones se llevaron al pleno municipal en 2018 que dio el visto bueno al planeamiento. "Ahora parece que hay una especie de amnesia y se olvidan de todo este recorrido. Y lo dejan paralizado pese al trabajo riguroso realizado", recalcan.
Pese a que existe un desgaste por parte de la promotora con todo este proceso, aseguran que entre sus planes no está dejar caer el PAI de Benimaclet ni vender los suelos. Eso sí, reconocen que con todos los proyectos que tienen en marcha en diferentes puntos de la geografía española, no se han encontrado una situación así en ninguna otra ciudad ni con ninguna otra administración. De hecho, aseguran que han llegado a acuerdos con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en la gestión de un suelo en colaboración con el consistorio catalán, así como con gobiernos de las Mareas en Galicia.
