Carmen MontónVALENCIA. Que el Grupo Bupa Sanitas, empresa gestora del Hospital de Manises, reclamó judicialmente al Gobierno del Alberto Fabra por el cálculo de las liquidaciones del contrato de concesión a favor de la Generalitat de 181 millones de euros entre 2009 y 2013 es un hecho sabido.
Lo que no se sabía era la cantidad que la gestora del hospital proponía como liquidación: 1,69 millones de euros, lo que supone una diferencia entre Administración y concesionaria de 179 millones, algo que revela el borrador de la auditoría operativa sobre el Área de Salud de Manises realizado por la Sindicatura de Comptes.
Especializada y Primaria L'Horta Manises SAU –empresa propietaria del hospital– consideró que la propuesta de liquidación de la Generalitat no era ajustada a derecho porque "no tenía en cuenta el marco jurídico que rige el funcionamiento de la concesión".
Esto les llevó en su momento a iniciar acciones legales para tener amparo judicial que todavía no se han resuelto. Grupo Bupa Sanitas optó por la vía legal con el fin de aclarar los criterios ya que apuntan al "incumplimiento" de algunos aspectos concretos y a una decisión "arbitraria" y no fundada en derecho.
La Sindicatura de Comptes, de hecho, niega que exista un procedimiento "claro y acordado" entre ambas partes para la determinación del precio del contrato en el que se establezcan aspectos como los plazos de presentación y de alegación, los medios de comunicación a utilizar, los requisitos formales previos a cumplir y los órganos competentes para su aprobación.
"Esto ha llevado a una situación litigiosa y enfrentada entre la administración y el concesionario, cuya resolución pasa previsiblemente por una futura sentencia judicial", reconoce el organismo.
Con todo esto sobre la mesa, el informe provisional asegura que la Sindicatura no puede concluir sobre el resultado final de las liquidaciones del contrato desde el inicio de la concesión, puesto que existe incertidumbre jurídica sobre la validez o no de los acuerdos que sustentan varios conceptos que componen el precio final.
El organismo que dirige Vicent Cucarella no se casa con nadie y por eso pone encima de la mesa algunos de los factores con los que está a favor pero también en contra. Uno de los montos más importantes es la discrepancia de 44,6 millones debida a la incorporación de la población de Mislata al Área de Salud objeto de la concesión.
Como informó Valencia Plaza, a pesar de que el acuerdo de incorporación fue firmado en 2010 y el hospital empezó a aceptar esta población con esa fecha, el acuerdo no fue aprobado legalmente hasta 2012, por lo que la Conselleria solo ha considerado los pagos a partir de esta fecha mientras que el concesionario las incluye desde 2010.
Para la Sindicatura de Comptes, es correcta la postura de Sanidad, lo que no quiere decir que la empresa se quede sin cobrar, ya que estima que la población atendida entre 2010 y 2012 deberían resarcirse mediante un expediente de enriquecimiento injusto.
La Sindicatura de Comptes no ve claro el cálculo de la cápita –pago fijo anual por habitante que percibe la concesionaria– que hizo la Conselleria en tiempos del PP por dos motivos. Por un lado, se calculó de acuerdo con el gasto real ejecutado en asistencia sanitaria en la Generalitat, a pesar de que los pliegos establecen que el dato a tomar en consideración el es del crédito aprobado en la Ley de Presupuestos de la Generalitat, que siempre es inferior.
Por otro lado, cuando se habla de "población de derecho" el Instituto Nacional de Estadística (INE) lo describe como el número de personas que oficialmente tenían su residencia en el municipio en la fecha de referencia. Sin embargo, la Conselleria considera como población de derecho a efectos del cálculo la "población protegida" de la Comunitat Valenciana, aquella población que tenga en cada momento asignado médico de Atención Primaria de conformidad con el Sistema de Información Poblacional (SIP).
Haber optado por la fórmula incorrecta, siempre según la Sindicatura de Comptes en su informe provisional –sujeto a cambios tras las alegaciones de Sanidad y la empresa–, implica una sobrevaloración de la cápita definitiva y, en consecuencia, un sobreprecio de 39,2 y 42,7 millones de euros respecto de la contraprestación que figuran en las propuestas de liquidación de la Conselleria y del concesionario, respectivamente. No obstante, el efecto negativo en los fondos públicos es, de momento, de 10,3 millones.
Uno de los puntos de mayor conflicto para la Sindicatura es en relación a la atención prestada a pacientes de Manises en otros departamentos de salud, que supone 123,1 millones de euros, un 60,1% de lo reclamado por la Conselleria.
Según el contrato, cuando un paciente de Manises es atendido en otra área de salud, la concesionaria tiene que pagar a la Conselleria el 100% del coste de esta prestación, mientras que si es a la inversa, la Conselleria paga el 80%. A final de año se deben cruzar los datos y realizar la liquidación por la diferencia a favor de quien resulte.
El concesionario de Manises considera que esos 123,1 millones no son facturables, y así se aprobó en la Comisión Mixta en reuniones celebradas el 9 de junio y el 13 de septiembre de 2010, aprobación que luego dejó sin efecto la Comisión Mixta celebrada el 11 de febrero de 2015, con el voto en contra de los representantes del concesionario.
Aunque la Sindicatura entiende que el departamento que dirige Carmen Montón no puede pagar doblemente –ya que tendría que abonar al hospital que presta el servicio y al de Manises– entiende que esto tendrá que determinarlo la vía judicial.
De hecho, el grupo Bupa Sanitas también provisionó 67 millones por el decreto de libre elección de centros sanitarios que el Consell aprobó en mayo.
Con esta normativa, se pasaba de aceptar la libre elección de especialidad en solo 12 especialidades a aceptarla en todas las de la cartera de servicios de hospitales públicos.
