El jefe jurídico de Divalterra, José Luis Vera. Foto: VPVALÈNCIA. José Luis Vera, director de los servicios jurídicos, transparencia y prevención de riesgos penales de Divalterra, la empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, se encuentra de baja desde el pasado julio. Según ha podido saber Valencia Plaza, el motivo es por enfermedad, al igual que en anteriores ocasiones.
Divalterra se encuentra en pleno proceso de liquidación desde que el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, anunciara su disolución el pasado marzo. Por el momento, ya ha iniciado el traspaso de trabajadores de la empresa pública a la Diputación a través de decretos. Todavía no es el caso de Vera, cuyo historial –sobre todo los últimos meses– ha resultado destacado.
En mayo fue detenido y posteriormente puesto en libertad en el marco del conocido como caso Azud II, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales vinculadas a operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de València, otros consistorios de la Comunitat y diversas entidades públicas locales y estatales. El grueso de las pesquisas abarca el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.
La instrucción, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 13 de València y la Fiscalía Anticorrupción, todavía permanece secreta desde que se inició en 2017 y apunta a los presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Los investigadores creen que Vera pudo servir de enlace entre varios niveles de la supuesta trama y beneficiarse de ésta.
Después del arresto, mantuvo sus puestos en Divalterra y sigue dirigiendo prevención de riesgos penales. Ni el Consejo de Administración ni los responsables en la Diputación (PSPV y Compromís) le apartaron de los cargos –tampoco fue suspendido de empleo y sueldo– y únicamente se le retiraron las funciones de negociación con los sindicatos en el proceso de disolución de la empresa.
En junio, de hecho, acudió a una de las reuniones para defender que su situación procesal era compatible con las responsabilidades que desempeñaba, tal como informó este periódico. Desde el mes siguiente se encuentra de baja laboral por enfermedad, situación en la que también estuvo en varios periodos entre 2016 y 2019.
La posibilidad de un plan de salidas voluntarias incentivadas y jubilaciones anticipadas sobrevuela durante las últimas semanas en Divalterra de cara al traspaso de trabajadores tanto a la Diputación como al Consorcio de Bomberos. Una vía que algunas fuentes consideran que ahora se le puede abrir a Vera.
