La existencia formal de gobiernos en funciones (nacional) o de mestizaje (autonómico) es indudable, pero su acción política es lo que más se pone en duda por parte de sus contrapesos parlamentarios.
El gobierno como cúspide política de la estructura administrativa bajo cuya dirección funciona (como expone el art. 2 de la LOFAGE 6/1997 y art. 1 de la ley del Gobierno 50/1997), tiene unas responsabilidades políticamente ineludibles pero que administrativamente son además irrenunciables como nos recuerda el artículo 12 de la todavía vigente hasta octubre ley 30/1992, estas competencias son múltiples, pero las podríamos resumir (con todos los riesgos que esto conlleva) en hacer funcionar las estructuras estatales de nuestro sistema (Estado Democrático Social y de Derecho), incluyendo a los otros poderes como son el Legislativo y el Judicial así como a los otros órganos constitucionales aunque sea sólo a los efectos de gestión presupuestaria.
Así es como el común de los mortales puede llegar a pensar que da igual que sea el gobierno en funciones, de mestizaje, o el que sea, incluso algún ultramontano llegará a afirmar que para que elecciones con un gobierno tecnócrata sobraría, pero, y aunque la Justicia funciona, la Seguridad y Defensa es óptima, los colegios y hospitales están abiertos y nuestras relaciones exteriores están más activas que nunca, es necesario el impulso político gubernamental por lo menos en la gestión presupuestaria que más adelante vamos a tratar, y que fue origen de la existencia de las Cortes y Parlamentos. Porque del impulso legislativo estamos bien servidos en un principio tanto en las Cortes Generales como en Les Corts.
Así a nivel nacional en el último año de legislatura -2015- el parlamento a iniciativa del gobierno sacó adelante casi medio centenar de leyes (48 para ser más exactos), algunas de las cuales entran en vigor además este año, como las del procedimiento administrativo y la del régimen jurídico de las administraciones, lo que supone una clara inversión para el futuro.
Por su parte y en lo que respecta a nuestra autonomía la oposición acusa al Consell del Acord Botanic, modelo para Pablo Iglesias, de cierta parálisis al no existir ninguna ley tramitada por él tras pasar 10 meses desde las eleciones, aunque ahora mismo se está iniciando el trámite del proyecto de ley de la función social de la vivienda y que por cierto podría tener problemas o disfunciones constitucionales como le ocurriera a una análoga ley en Andalucía, y eso sí para dar argumentos a la oposición se ha derogado una ley ¿cuál? pues la conocida ley de señas de identidad. De todas formas soy de los que opinan que cuanto menos se legisle a nivel autonómico mejor para no romper la unidad del mercado nacional, basándome, entre otras apreciaciones, en un interesante análisis publicado en 2012 por FAES en el que se calcula en un 4,5 % del PIB (casi el déficit nacional del 2015) la pérdida de la economía española por la existencia de una excesiva y además deficiente legislación/regulación autonómica.
Por eso, y en relación con lo expuesto anteriormente de hacer funcionar las estructuras estatales mediante la gestión presupuestaría, vemos hoy publicado el déficit público de las Administraciones públicas en el 2015, y en estos temas "La verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero“ no se puede estar continuamente año tras año gastando más de lo que se produce, y eso es lo que ha ocurrido de nuevo. Si en el ajuste de las cuentas nacionales se preveía un desvío de un 4,2% de acuerdo con Bruselas, al final ha sido de 5,16% del PIB (casi un 25% más), este empeoramiento del déficit se debe a dos de los agregados de la contabilidad pública, el de la de la Seguridad Social cuyo déficit ha sido de un 210% lo previsto, y el de las Comunidades autónomas que ha sido hasta de un 237% lo calculado. En este apartado de los deficits la Comunitat Valenciana sale bastante mal parada pues se incurre en un 358% respecto al déficit previsto y superior en dos décimas al 2014, y es una muestra más de la agónica situación financiera en la que nos movemos.
Por su parte algunos creen que la solución es una mayor peso del sector público en la economía nacional pero parecen olvidar cómo acabaron los experimentos de las economías planificadas de la URSS ni las penurias actuales de Cuba y Venezuela, pues nuestro actual PIB público, que a continuación les voy a exponer, es más que suficiente para nuestra estructura económica, no queramos hacer comparaciones/imitaciones con las economías nórdicas, por favor los experimentos con gaseosa.
El PIB (producto interior bruto), a groso modo es todo lo que se produce en España, servicios, bienes, etc., está previsto para este 2016 que ronde algo más de un billón de euros, exactamente 1.142.500 millones de euros, de los cuales los Presupuestos Generales del Estado van a consumir 436.370 millones de euros donde se incluye la Administración General del Estado, Seguridad Social, Organismos Autónomos y Agencias Estatales. Pero por su parte los entes territoriales consumen en total 233.000 millones de euros (166.690 millones de euros las Comunidades Autónomas y unos 66.430 millones de euros Entidades Locales). Si agregamos estas cuantías y en la consolidación se tiene en cuenta que la dotación de las transferencias territoriales en los PGE ronda los 110.551 millones de euros totales (92.795 millones de euros las Comunidades Autónomas y 17.756 millones de euros Entidades Locales) podemos redondear que el sector público en España consume al año unos 559.000 millones de euros prácticamente el 50% del PIB una cifra más que considerable.
Este imperativo de reducir el gasto público y los deficits incurridos es lo que nos exige y requiere de un impulso político contundente por parte de nuestros gobernantes, sean en funciones o de mestizaje, y más todavía cuando las perspectivas económicas internacionales no son muy favorables para este 2016.
