Consolidar un sistema de formación para el empleo que sea eficiente, competitivo y profesional es clave para que el mercado de trabajo en la provincia de Alicante afronte sus retos más próximos y desarrolle una estrategia que ahonde en la calidad
ALICANTE. En la provincia de Alicante, el mercado de trabajo se caracteriza por el predominio del sector servicios. Como en un espejo, este hecho refleja su peso tanto en el número de afiliados a la Seguridad Social, como en el de contratos y en el de parados. En 2017, del mismo modo que en 2018, más de la mitad de los parados demandantes de empleo procedían de alguna empresa perteneciente a este sector. Por este motivo, además, mucha de la formación especializada, bien en universidades, bien en ciclos formativos o en escuelas de negocios, va dirigida a este sector y pone un énfasis especial en el ámbito del turismo, de la gastronomía y, sobre todo, de las relaciones internacionales. Y es que la formación dentro del empleo se plantea también como una de las alternativas y vías para frenar el paro y mejorar la cualificación. Pero hay retos que superar.
El informe La formación para el empleo en España, de 2018, elaborado por Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración (2010-2011), con la colaboración de organizaciones profesionales del sector de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, plantea propuestas para incentivar este aspecto también en Alicante, como método para mejorar la cualificación de los trabajadores y para aupar a los distintos sectores hacia un entorno de más calidad de trabajo. Por este motivo plantean, como propuesta de impulso a la formación para el empleo en la provincia, varios puntos. El primero de ellos es la formación laboral como derecho.
Por ello, piden un esfuerzo de las administraciones, no solo estatales, sino de las comunidades autónomas para asegurar el ejercicio y el fomento de este derecho. No obstante, también admiten que la burocracia en torno a la aplicación de normas y subvenciones para esta formación a veces es farragosa y los retrasos en las liquidaciones generan una situación de inseguridad jurídica que retrae la iniciativa del sector de la formación.
* Lea el artículo completo en el número de abril de la revista Plaza