Huelga en los helicópteros de emergencias de Babcock por la rebaja de sueldos

ALICANTE. El sindicato mayoritario en el sector de la aviación civil, el Sepla, ha convocado una huelga general de pilotos en la empresas de helicópteros alicantina Babcock, que se encarga del servicio de emergencias y prevención de incendios en varias comunidades autónomas, incluida la Comunitat Valenciana. La antigua Inaer, como ha contado Alicante Plaza, ha puesto en marcha una rebaja sustancial del sueldo de los pilotos sin negociar un nuevo convenio, como denuncian CCOO y UGT, una rebaja que a juicio de los sindicatos "precariza sus condiciones" y sitúa los salarios de los 330 pilotos de la compañía "en el umbral más bajo de Europa".

El Sepla, según ha anunciado mediante un comunicado este miércoles, presentó la convocatoria de huelga el martes por la tarde en los Ministerios de Trabajo y Fomento, y al paro general están convocados todos los pilotos de la compañía, que presta servicios de prevención de incendios, emergencias, transporte sanitario y salvamento marítimo para distintas administraciones. No obstante, la huelga, convocada en dos periodos entre los días 18 y 23 de mayo, y del 27 al 30 de mayo, no tendrá un impacto real en la prestación del servicio, ya que en este sector los servicios mínimos garantizados por el Estado son del 100%.

El Sepla no es el único sindicato que ha convocado huelga. Otros colectivos han convocado paros estos días, en protesta por la drástica rebaja de salarios que la empresa va a empezar a aplicar inminentemente. La decisión de rebajar los salarios "situará a los pilotos de Babcock en el umbral más bajo en cuanto a retribución dentro de la Unión Europea". El sindicato considera que esta rebaja salarial es una medida "torpe e injusta", que "no tiene en cuenta la ineficiencia en la gestión de Babcock en los últimos años, motivo último que ha llevado a esta empresa a reducir beneficios en los últimos ejercicios, y que desencadena ahora la consagración de la precariedad en el sector de los helicópteros en España". 

La bajada de salarios, además, ha creado un profundo malestar entre los pilotos de la compañía. "Hay una gran preocupación entre todos nosotros y el estado de ánimo es bajo", dicen desde la Sección Sindical de Sepla en Babcock. "No sabemos qué futuro nos espera, y esa incertidumbre nos acompaña constantemente, incluso mientras desempeñamos nuestro trabajo". "Nos jugamos el tipo a diario", lamentan, "y nuestra empresa nos lo recompensa haciéndonos responsables directos de su mala gestión". A pesar de la situación, el Sepla destaca que "todos los pilotos de Babcock siguen demostrando día a día su enorme profesionalidad y su compromiso con la compañía y con el servicio que realizan para la sociedad".

Responsabilidad subsidiaria de la Administración

Babcock es la principal concesionaria de los servicios de emergencias y protección civil por vía aérea en España. La compañía está contratada por numerosas comunidades para realizar diferentes labores. Es la operadora de los dos helicópteros de Salvamento Marítimo de la Xunta de Galicia, así como de los helicópteros de protección civil del Gobierno de Cantabria y de la Generalitat Valenciana, que realizan labores tanto de rescate en montaña y mar, transporte de heridos a hospitales y lucha contra incendios. Además, Babcock es la empresa contratada por el Ministerio de Fomento para operar los helicópteros y aviones de salvamento marítimo en toda la costa española.

En este sentido, Sepla pide "responsabilidad" a la Administración Pública a la hora de establecer los criterios para decidir la adjudicación de un servicio de estas características. El sindicato entiende que la calidad, la profesionalidad de sus trabajadores y el equipamiento y solvencia de sus medios aéreos deben anteponerse al criterio del coste económico. La continua rebaja en el precio de la adjudicación en los concursos públicos está favoreciendo la precarización de las condiciones laborales de quienes trabajan a diario en este servicio de carácter esencial y público para la sociedad. "La Administración Pública debe intervenir, ya que España no puede situarse a la cabeza de Europa en precariedad en un sector tan importante", argumentan.