Una de las conservas más vendidas de La Española son sus aceitunas rellenas clásicas. Foto: LA ESPAÑOLAALICANTE. La empresa alcoyana de conservas de aceitunas La Española, una de las marcas más reconocidas y con mayor trayectoria del sector, volvió a cerrar en pérdidas el ejercicio 2017, a pesar de que incrementó ligeramente su facturación y logró contener los gastos de explotación. La firma que preside Alfredo Alberola entró en pérdidas el pasado ejercicio, tras varios años de buenos resultados, y confía en regresar a la senda del beneficio en 2018. Para ello está ajustando los costes de producción y ha apostado por incrementar unas tarifas que había mantenido en los últimos años.
Según las cuentas anuales de la empresa depositadas en el Registro Mercantil, La Española facturó en 2017 un total de 83,36 millones de euros, un 1,1% más que el año anterior (82,44 millones). Sin embargo, el resultado de explotación empeoró el del ejercicio 2016, principalmente porque ese año la firma se anotó un ingreso de 3,2 millones por enajenación del inmovilizado con el que no ha contado en este. Así, a pesar de reducir el coste de los aprovisionamientos y controlar el incremento de los gastos de personal, el resultado de explotación se queda en negativo, con -3,9 millones de euros (-1,8 millones en 2016).
Todo ello llevó a la empresa a ahondar en las pérdidas en las que había entrado en 2016 (un año antes, el beneficio era de 4 millones), con un resultado neto al cierre del ejercicio de -2,96 millones de euros (-1,4 millones de euros un año antes). El informe de gestión de la empresa de aceitunas admite que "los resultados no han sido los esperados" debido fundamentalmente a que "el coste de las materias sigue siendo elevado y los precios de venta de los productos terminados no han subido lo esperado". Es decir, el margen bruto de la empresa sigue siendo bajo.
A pesar de los dos ejercicios consecutivos en números rojos, los administradores de La Española destacan que "la sociedad sigue mostrando una situación financiera saneada debido a su alto componente de fondos propios" (superiores a los 40 millones de euros, según el balance). Asimismo, las previsiones para el ejercicio 2018 son positivas, "debido a las medidas adoptadas para la mejora del margen de explotación", según el informe adjunto a las cuentas. Entre otras medidas, destacan "la subida de las tarifas de venta, optimizar la gestión y el control de las materias primas y reducción en el resto de costes de explotación", con el objetivo de devolver a la sociedad a la senda del beneficio.
La mejora de la actividad de la empresa, pese al mal resultado, se dejó sentir en el empleo. La plantilla media de La Española alcanzó las 200 personas (111 hombres y 89 mujeres), frente a las 193 del año anterior. El gasto en esta partida se elevó así a 6,1 millones de euros, según las cuentas, apenas un 2,6% más que el año anterior (5,98 millones).
Al contrario que otras empresas del sector radicadas en la provincia, como Aceitunas Cazorla (que vende más del 60% de su producción fuera de España), el negocio de La Española se concentra fundamentalmente en nuestro país: el 98,95% de su facturación se realizó en territorio nacional, con ventas testimoniales de apenas unos cientos de miles de euros en la Unión Europea y algo más de medio millón de euros en el resto del mundo.
Como ha venido contando Alicante Plaza, la empresa alcoyana tenía en marcha un proyecto para ampliar sus instalaciones llevándolas fuera de la ciudad, junto a la autovía A-7, en el polígono de la Canal. El proyecto, bautizado como Alcoinnova, fue aprobado por el Consell a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE), derogada por el actual Ejecutivo. La ATE de La Española fue la única de las cinco que se tramitó en su día que logró salir adelante, incluso con el aval del Supremo ante el recurso que presentó el Ayuntamiento. No obstante, el TSJ valenciano tumbó el proyecto en mayo de este mismo año, al admitir un recurso similar de los ecologistas. La empresa ha elevado de nuevo el asunto al Supremo, que aún tiene que pronunciarse, y solicitó una prórroga de seis meses para presentar en el Consistorio el proyecto de reparcelación.
