VALÈNCIA. La prioridad del Gobierno de España y de los Ejecutivos autonómicos se concentra en atajar la expansión del coronavirus. El salto a la fase de transmisión comunitaria o también conocida como de mitigación dejó atrás la etapa de contención y condujo a admitir a las distintas administraciones que era el momento de imponer medidas más duras que llegaron con las sucesivas prórrogas del estado de alarma -el último anunciado hasta el 26 de abril- y con el parón de la actividad industrial hasta el día 11. Unas medidas contundentes para enfrentarse a la peor crisis sanitaria a la que se ha enfrentado el país desde hace décadas.
No es momento, por tanto, de enzarzarse en cuitas internas o desplantes entre los socios del Gobierno valenciano, PSPV, Compromís y Unides Podem, si bien eso no quita que existan diferencias respecto a la propia gestión de la crisis y fuertes discrepancias sobre algunas decisiones que se han venido tomando. Sin embargo, y aunque públicamente se observan pocas manifestaciones altisonantes, sí se percibe que en las distintas fuerzas, especialmente entre socialistas y valencianistas, más de uno se anda mordiendo la lengua para no ser acusado de deslealtad.
Esto no significa que algunos vayan a olvidar determinadas situaciones vividas en esta crisis y tomen la matrícula de su socio pero competidor político. Una situación que podría resumirse en esa frase tan escuchada en la cultura popular de 'A la salida te espero' (en este caso, a la salida de la crisis sanitaria).
Así, y aunque existe una notable contención, en ocasiones se deja entrever el malestar entre los citados socios del Botànic en forma de punta de iceberg que, debajo, oculta gruesos problemas de desconfianza que vienen asomando desde el abrupto final de la pasada legislatura.
Este viernes, la propia vicepresidenta del Consell y referente de Compromís, Mónica Oltra, no ocultaba su disconformidad con la intención planteada por la máxima responsable de Justicia, Gabriela Bravo, y defendida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de aplicar la fórmula del permiso retribuido -devolución de las horas no trabajadas- para los empleados públicos .
No ha sido la única discrepancia estos días, aunque la mayoría se han confesado en privado. En Compromís, entienden que gran parte de esta crisis se está gestionando desde una perspectiva 'presidencialista', con el socialista Puig al frente de todas las decisiones, pero lamentan que no se esté contando demasiado a menudo con la coalición. Hasta esta semana, apuntan fuentes de este partido, Oltra no había sido llamada para ninguna de las frecuentes reuniones -públicas o privadas- de gestión de la crisis.
En esta línea, tampoco agradó la manera en la que se acometió, vía decreto urgente y publicación extraordinaria en el DOGV el pasado sábado, la designación de una comisión especial liderada por la secretaria autonómica de Modelo Económico, María José Mira, para la coordinación de los suministros y compras durante esta crisis sanitaria. Un grupo conformado por cuatro altos cargos designados por la formación socialista y uno, la directora del Ivace, Júlia Company, de Compromís.
Es más, algunos dirigentes de la coalición valencianista señalaron que, desde días atrás, se habían congelado desde Presidencia y Hacienda -dominadas por el PSPV- algunas gestiones de la Conselleria de Economía -liderada por Compromís- para, después, acelerar su tramitación en cuanto estuvo en funcionamiento la citada comisión. Es decir, un control de los tiempos para que todo fuera canalizado por Presidencia de la Generalitat.
Los socialistas se defienden con un argumento que parece infalible ante esta situación excepcional: no es el momento de entrar en este tipo de cuitas acerca del protagonismo político de unos u otros cuando se está produciendo una terrible pandemia. Además, insisten que la comisión conformada resulta fundamental para la agilización dado que confluyen en el órgano cargos de diversas consellerias incluida Hacienda, que es fundamental para dar luz verde a los pagos.
Unas explicaciones que, más allá de ser ciertas, no desmienten que la crisis está siendo controlada de forma casi absoluta por Puig y varios de sus más estrechos colaboradores, figuren o no en esta comisión de compras, lo que aumenta la sensación en la coalición valencianista de ser una mera 'comparsa' en las decisiones que se adoptan.
En la otra orilla, algunos altos cargos socialistas discuten la "lealtad" de dirigentes de Compromís en el segundo escalón de las consellerias donde el PSPV lidera y aluden también a la responsabilidad de Oltra en la crisis de las residencias al considerar que existió falta de previsión en los días previos al estallido de la pandemia cuando disponía de todas las competencias.
Unas críticas internas y recelos que existen pese a que pocos son los gestos públicos que los revelen. De hecho, se han visto manifestaciones de concordia como, en general, los protagonizados por el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, quien ha evitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reiterando el mensaje de "arrimar el hombro".
Pero lo cortés no quita lo valiente. El silencio o incluso esas palabra en tono positivo de Baldoví no han tapado algunas otras intervenciones públicas que dan pistas sobre cómo transcurre la procesión por dentro. La propia vicepresidenta del Consell y referente en Compromís, Mónica Oltra, no se cortó semanas atrás -al borde del estado de alarma- en una entrevista televisiva con un medio nacional en exigir el cierre de las líneas de AVE al Gobierno central. Unas palabras que se producían pocas horas después de la suspención de las Fallas, algo que la vicepresidenta remarcó para enfatizar el "sacrificio" de los valencianos.
A esto le siguió un duro comunicado del senador de Compromís, Carles Mulet, y otro posterior firmado por los coportavoces de la coalición: Joan Ribó, Mónica Oltra, Àgueda Micó y Cristina Rodríguez, en el que se exigía la restricción de los movimientos de personas desde Madrid, además de la red radial de AVE.
Un latigazo de indignación, previo al estado de alarma, fruto del creciente número de casos de personas contagiadas que venían de la capital y su área metropolitana a pasar unos días a sus segundas residencias valencianas para teletrabajar o, en el caso de universitarios, aprovechar las 'vacaciones' obligadas por la crisis sanitaria.
Un enfado del que todavía quedan rescoldos. No son pocos en la coalición valencianista que siguen sin entender por qué Sánchez no cerró Madrid y tardó tanto en decretar el estado de alarma. Es más, algunos piensan en privado si esta demora no se produjo, precisamente, para propiciar la descongestión de la capital y evitar así la inminente saturación de los centros hospitalarios que ya se estaba empezando a producir.
Más allá de estas conjeturas, el malestar de la coalición valencianista se ha centrado en el poco empuje del autogobierno a lo largo de la gestión de la crisis, especialmente en el inicio de la misma. Así, consideran que el Gobierno valenciano y, en especial, la consellera Ana Barceló ha ido en exceso a remolque del Ministerio de Sanidad mientras se podían haber tomado decisiones preventivas con antelación -o al menos reivindicarlas- para adelantarse a la crisis. De hecho, durante estos días y pese a la actitud de concordia de Baldoví, se han ido emitiendo distintos comunicados por parte de la coalición también reclamando a Sánchez otras medidas en el ámbito económico.
Pero los socialistas que lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también tienen sus quejas. Una de ellas, que tampoco se olvida, se refiere a todo el episodio sobre la cancelación de las Fallas. De hecho, el propio jefe del Consell preguntado días atrás por si esa decisión se había tomado tarde, respondió: "Hay quien pensaba esa noche que era un error cancelarlas. Habrá que analizarlo en un futuro, pero también había muchas personas que pensaban que no se tenían que suspender", para posteriormente enfriar la fecha lanzada por el alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís, para celebrarlas en julio.
Un mensaje claro del presidente de la Generalitat respecto a los que pusieron mayor resistencia a la suspensión. De hecho, la respuesta en su día de la coalición valencianista en el consistorio fue la programación inmediata de unas fechas alternativas junto al gremio fallero, algo que causó malestar en el ala socialista del Gobierno valenciano, que lo consideró "imprudente", según coincidieron diversos altos cargos.
Más allá de esto, en líneas generales el mestizaje -la mezcla de cargos de distintos partidos en la misma conselleria- en los departamentos donde no funcionaba demasiado bien antes parece que ha acentuado sus diferencias. El PSPV goza de la ventaja de tener un hilo directo con el Gobierno central y, en los departamentos donde controla la situación, mantiene la distancia con los altos cargos de Compromís. Al menos es de lo que se quejan varios dirigentes de la coalición valencianista, que consideran la experiencia de esta crisis una prueba contrastada de las dificultades que atravesará el Botànic II en esta legislatura.
En la otra orilla, los socialistas sienten casi como una traición los comunicados y declaraciones -aunque hayan sido pocas- cuestionando las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez, dado que Puig y sus consellers se han alineado militarmente a todas las directrices marcadas desde Madrid, algo que, como ya se ha mencionado, ha irritado notablemente a sus socios de gobierno.
Un escenario que, de momento, apunta a mantenerse con calma tensa pero que resurgirá cuando la crisis sanitaria se apague. Más aún cuando muy probablemente deban reformularse los presupuestos ante los gastos millonarios a los que se está enfrentando el Consell contra el coronavirus, lo que provocará, a buen seguro, una nueva discusión entre los socios del Botànic.