Nuria Oliver, directora científica de Ellis Alicante.VALÈNCIA. Si un ente ha generado confusión legal en el marco de la Generalitat Valenciana en el último lustro, esa ha sido la Fundación Ellis Alicante. Creada en mayo de 2020 para el estudio y la promoción de la inteligencia artificial como ente privado, desde su constitución recibe subvenciones directas de la Generalitat Valenciana en lo que parecía un eterno debate sobre si debería convertirse o no en una fundación pública, dado que la mayoría de los fondos que recibe provienen de las arcas de la administración autonómica valenciana.
Impulsada por la que fuera comisionada de la Generalitat en este área durante el Gobierno del Botànic, Nuria Oliver, y con el apoyo explícito de Ximo Puig, recibió desde entonces 1,5 millones de subvención anuales. En los últimos presupuestos, ya definidos en el marco del Gobierno de Carlos Mazón para 2024, se establecieron dos líneas de concesión directa: 400.000 euros para gastos corrientes y 100.000 euros para investigación. 500.000 euros de los que ahora la Conselleria de Innovación duda cómo transferir.
En esta nueva etapa, el departamento de Nuria Montes solicitó en el mes de julio al Consell Jurídic Consultiu (CJC) un nuevo informe que se suma a los otros siete generados en años anteriores por entes privados, la Abogacía de la Generalitat, la propia Fundación Ellis, la Sindicatura de Comptes o la Intervención. Una consulta que busca aclarar si es posible tramitar estas ayudas mediante la fórmula de convenio, entendiéndose como una subvención, al existir múltiples informes "de carácter contradictorio".
Aunque varios de estos documentos convergen en que la Generalitat está financiando a la Fundación Ellis Alicante "de manera regular, permanente y mayoritaria", el CJC ha llegado a la conclusión de que puede ser una fundación privada, pero con los proyectos previamente puestos sobre la mesa. Una visión que justifica con los argumentos aportados por la propia Fundación Ellis, realizados por una firma privada, y un último informa de la Intervención de la Generalitat, donde se concreta que no se dan las circunstancias para enmarcarse en el sector público instrumental.
En este sentido, señala que no se cumplen las cuestiones previstas en el artículo 157 de la Ley 1/2015 al no formar parte con carácter permanente del patrimonio de la fundación las subvenciones concedidas por la Generalitat a la misma hasta 2022. Una argumentación que justifica de la siguiente manera: "En cuanto al convenio del 2022, se observa que del 1.500.000 euros concedido a la Fundación Ellis, ésta cobró vía anticipo 750.000 euros, renunció a los restantes 750.000 euros y justificó como gastos subvencionares 357.922,65 euros, al resultar estos gastos subvencionables de funcionamiento y de investigación y no resultar activables los segundos, el efecto en el patrimonio neto de esta financiación es neutro, ya que como consecuencia de la misma el excedente del ejercicio no se vio incrementado, los 357.922,65 euros se contabilizaron como gastos del grupo 6 y a su vez como subvenciones a la explotación en el grupo 7", recogía el informe.
En el mencionado dictamen, el CJC asume las argumentaciones de los dos informes que señalan la idoneidad del modelo y avalan las transferencias como subvenciones, aunque recuerda la necesidad de delimitar en el convenio los proyectos a ejecutar, los gastos subvencionables, el importe máximo a financiar y el mecanismo de control. No obstante, recuerda que las subvenciones nominativas deben ser de carácter excepcional. De hecho, la fundación llego a demandar a la Generalitat tras solicitarle la devolución de parte de la subvención por no realizar una correcta justificación.
Cabe recordar que, en el convenio para dar la subvención de 2021, se acordó aumentar el control sobre la actividad de la fundación y se determinó la obligación de presentar en el plazo de dos semanas desde la firma un calendario de actividades susceptibles de ser supervisadas, informando en todo caso a la Conselleria con antelación suficiente de los actos y eventos. No obstante, poco después no quedaba claro si finalmente era una cuestión obligatoria.
Unas medidas tomadas después de reconocer desde la entonces dirección de Carolina Pascual que, seis meses después de darle 120.000 euros -en 2021-, desconocía las características y el emplazamiento de trabajo de la Fundación Unidad Ellis.
