Nuria Oliver (Fotos: RAFA MOLINA) VALÈNCIA. El pleno escoba que el Consell celebra este viernes incluye multitud de cuestiones de última hora que se aprobarán con agostidad y urgencia tras una larga reunión mantenida este jueves por los secretarios autonómicos y subsecretarios del Gobierno valenciano. Entre ellas se encuentra, previsiblemente y si no existe cambio de última hora, el convenio que permitirá otorgar a dedo 1,5 millones de euros a la Fundación Ellis Alicante.
Creada en mayo de 2020 para el estudio y la promoción de la inteligencia artificial, su principal impulsora es la comisionada de la Generalitat en este ámbito, Nuria Oliver, y su aterrizaje contó con el apoyo explícito de Ximo Puig. La ayuda directa se concederá después de que la Conselleria de Innovación se vea obligada a aumentar el control sobre su destino debido a las dudas expresadas por la Abogacía de la Generalitat y con escaso convencimiento por parte de Compromís y Podem, que se muestran reticentes.
El contenido del documento ha sido modificado después de las dudas legales que planteaba y del cuestionamiento tanto de los criterios seguidos para dar la subvención como de su control, que los letrados pedían que fuera más exhaustivo. Precisamente uno de los apartados que se ha vuelto a redactar es este último. Ahora será la Conselleria de Innovación, firmante del convenio, la que realizará una comprobación material de la totalidad de los servicios realizados por Ellis y de la "efectiva y correcta" realización de la actividad subvencionada para que cumpla con la finalidad con la que se concedió la ayuda. Para facilitar este seguimiento, "la entidad beneficiaria presentará en el plazo de dos semanas desde la firma un calendario de actividades susceptibles de ser supervisadas, informando en todo caso a la Conselleria con antelación suficiente de los actos y eventos en los que participe".
Este matiz resulta relevante. El convenio incluye que los 1,5 millones se prevén librar de manera anticipada: un 50% cuando se suscriba y otro 50% en septiembre. La primera parte, por tanto, se otorgará de manera inmediata y tendrá que ser justificada a posteriori. A ello se suma que ese adelanto de la cantidad ha sido posible gracias a la aprobación el pasado julio de un decreto-ley de modificación del Presupuesto de la Generalitat de 2021, tal como informó Valencia Plaza, para sortear de nuevo las objeciones de la Abogacía.
Con el objetivo de incrementar la vigilancia y control sobre la ayuda, el convenio incorpora igualmente que la llamada Comisión de Seguimiento remitirá copia de las actas, acuerdos o informes que adopte a la Dirección General para el Avance de la Sociedad Digital. También emitirá un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos consignados en el convenio suscrito en el que expresamente deberá hacerse mención a la comprobación de la circunstancia de que la suma de las aportaciones que, en su caso, realicen los distintos sujetos obligados por el convenio "en ningún caso sobrepasa el coste de la actividad a financiar, ni su valor de mercado".
La redacción final del documento no aclara la naturaleza de la fundación. Los letrados de la Generalitat dudaban de que pueda considerarse privada, dado que desconocen –al igual que la Conselleria– "cuáles son los importes de las aportaciones" más allá de la escritura de constitución. La cuestión sigue sin quedar resuelta porque "no paraliza la tramitación del convenio", de modo que únicamente figura que se requerirá a Ellis que facilite esa información.
El convenio establece asimismo que la citada Comisión de Seguimiento "velará para que los eventuales beneficios generados por la actividad de la Fundación sean reinvertidos en investigación científica o la infraestructura de investigación". "La Fundación llevará un sistema de contabilidad separada para facilitar el deslinde de aquellas actividades no económicas de las económicas de tal forma que se puedan identificar los gastos subvencionables (...) Esta contabilidad separada deberá identificar las distintas tipologías de actividades realizadas y diferenciar con claridad costes, ingresos y financiación y su imputación a los distintos proyectos que se realicen para ambos tipos de actividades", indica.
El apartado de los gastos subvencionables queda redactado de esta manera después de que la propia Conselleria admitiera la dificultad para realizar un estudio económico previo en ese sentido porque desconoce la estructura de personal, la actividad y el emplazamiento de Ellis. "Lo único que sabemos es que en el mes de septiembre se tiene previsto incorporar a cuatro becarios sin que se haya concretado qué tipo de actividad van a llevar a cabo", expresó en un escrito oficial en respuesta a la Abogacía.
La aprobación del convenio pasará, si nada cambia en el último momento, por el pleno del Consell, aunque este jueves por la tarde seguían las conversaciones al respecto. Durante la reunión del consellet, Unides Podem expresó su disconformidad con la subvención porque, en su opinión, se trata de una ayuda muy discrecional. Postura que comparte Compromís y que supone un choque con las intenciones de Presidencia, que defiende que el convenio cuenta con todos los informes favorables preceptivos.
Otro de los asuntos que sí parece que quedará de nuevo pendiente será el decreto que desarrolla la conocida como Ley de lobbies. Una norma que regulará las relaciones entre la administración y las empresas públicas con los denominados grupos de interés. Presentada hace ya tres años por el exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz en Les Corts, parece que el día de la marmota se haya apoderado del consellet cada vez que se ha puesto encima de la mesa. Hasta una decena de veces ha pasado ya por la reunión del Gobierno valenciano previa al pleno sin que haya sido posible un acuerdo. Una situación que a más de uno ya le recuerda al encallamiento del plan de comercio de la Comunitat (Patsecova).
Algunas partes del articulado no agradan a Presidencia, que a pesar de no haber presentado alegaciones durante la fase de participación, sí ha planteado ahora cambios de calado a la Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez. Por el momento, sigue sin haber acuerdo a la vista ni siquiera para el 'pleno escoba' de este viernes. Según fuentes del Gobierno valenciano, Presidencia se ha comprometido a que salga adelante a la vuelta de las vacaciones. La esperanza reside en que el periodo estival sirva para reflexionar sobre las cesiones.
