Abengoa vende una participación en el arbitraje contra España por 75 millones

MADRID (EP). Abengoa ha alcanzado un principio de acuerdo con un conjunto de fondos para la venta por un importe inicial de 75 millones de una participación en el arbitraje interpuesto contra el Reino de España en la Cámara de Comercio de Estocolmo por el recorte a las primas a las renovables aplicado por el Gobierno en el pasado.

Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abengoa ha procedido a solicitar a sus acreedores los consentimientos necesarios para formalizar la operación con este conjunto de "fondos de reconocido prestigio". En concreto, el arbitraje fue interpuesto por CSP Equity Investments, filial del grupo de ingeniería y energías renovables, ante la Cámara de Comercio de Estocolmo en el año 2013.

La operación está previsto que se estructure como una participación en los derechos de crédito que pudieran surgir del arbitraje en favor de CSP a cambio de un precio inicial de hasta 75 millones de euros así como una cantidad adicional, "una vez cubiertos los costes de los inversores, cuyo porcentaje dependerá del importe reconocido y cobrado del arbitraje". Abengoa precisa que se trata únicamente de un principio de acuerdo y que la formalización del mismo está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones entre las cuales se encuentra "la obtención de los consentimientos" de los acreedores.

Reformas energéticas

España suma más de una treintena de demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, así como ante otras instituciones internacionales relacionadas por las reformas energéticas de las renovables acometidas en a principios de esta década.

El Estado español acumula ya más de una decena de fallos en contra, la mayor parte de ellos ante el Ciadi, con demandas ganadas por 9REN, Antin, Eiser Infraestructure, o NextEra, entre otros. Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes ascienden a más de 8.000 millones de euros.

Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandadas a España.