Foto: EPAlgunos condenados disponen de patrimonio inmobiliario que será subastado para cubrir las responsabilidades civiles adeudadas
VALÈNCIA (EP). Las dos administraciones públicas víctimas del saqueo por el caso Emarsa, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), han recuperado hasta la fecha más de 2,1 millones de euros de los cerca de 24 millones de euros malversados en el caso Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia) hasta su quiebra, y cuyos responsables cumplen penas de cárcel confirmadas por el Tribunal Supremo.
La presidenta de la Emshi, Elisa Valía, ha dado cuenta de ello en la Junta de Gobierno, celebrada este jueves de manera telemática, donde ha especificado que solo la Emshi ya ha recuperado un total de 1.033.364,94 euros, según ha informado la entidad en un comunicado.
"Los procesos judiciales son lentos, pero eso no quiere decir que no avancen. Al revés. De hecho, confiamos en que todo el dinero defraudado vuelva al lugar que le corresponde: las arcas públicas de ambas entidades perjudicadas", ha manifestado Valía.
"Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas", ha añadido la presidenta de la entidad.
En el curso del procedimiento y de diversas piezas separadas derivadas del mismo, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, de las cantidades que se van recuperando un 45 por ciento son para la Emshi y en 55% para la Epsar, que depende de la Generalitat Valenciana.
El equipo jurídico que está llevando el caso consiguió que a la Emshi se le reconociese, además, el derecho al cobro de las costas del procedimiento y se alcanzaron acuerdos con algunos condenados para el cobro de las mismas, recuperándolas así parcialmente para la entidad. Con quien no se alcanzó un acuerdo, llegado el momento, se instará la tasación de las costas para su cobro.
Con el fin de recuperar las cantidades totales defraudadas se han embargado diversos inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados. Alguno de ellos disponen de un amplio patrimonio inmobiliario, compuesto tanto por fincas rústicas, como industriales, como urbanas; otros disponen de apartamentos en Andorra y otros tienen garajes y trasteros.
Respecto de todo el patrimonio conocido de los condenados, se ha acordado iniciar la vía de apremio, por lo que van a ir ejecutándose sus bienes para cobrar las cantidades adeudadas.
De hecho, ya se ha iniciado la subasta de bienes embargados, por lo que es previsible seguir recuperando "importantes cantidades", la Emshi.
Algunos condenados disponen de un amplísimo patrimonio inmobiliario (más de 22 fincas), que va a ser subastado para cubrir con el producto obtenido las responsabilidades civiles adeudadas. De este modo, "la previsión es ir incrementando las cuantías recuperadas conforme se vayan ejecutando los bienes de los responsables de haber esquilmado las arcas públicas de las entidades víctimas del saqueo".
El Tribunal Supremo (TS) confirmó en septiembre del pasado año las penas de cárcel para los principales cabecillas del caso Emarsa en el que se desviaron 23,5 millones de euros de dinero público a través de la gestión de la depuradora de Pinedo (Valencia) y que sentó en el banquillo a 24 personas.
Entre ellos, figuraban el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, condenado a 12 años de cárcel; Enrique Crespo, exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, condenado a 10 años y José Juan Morenilla, exgerente de la Epsar, con una condena de 9 años de cárcel.
En este caso se consideró probado que los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de esos millones de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.
