Aeropuerto de Castellón. VPVALÈNCIA. El Gobierno valenciano aprobó este viernes varias operaciones financieras en la empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas) que soluciona dos problemas que venían arrastrándose desde hace años, hasta el punto de que el auditor de la sociedad se negó a expresar una opinión sobre las cuentas de 2014.
El motivo era que consideraba los activos podían estar sobrevalorados al no justificar el beneficio social que generan. El año pasado, después del cambio de Gobierno, Aerocas intentó justificar con un informe de la Universidad Jaume I que la "capacidad generadora de flujos económicos sociales que benefician a la colectividad", esto es, el beneficio social o potencial de servicio del aeropuerto de Castellón "es muy superior al importe contable de los activos" -los 161,9 millones de euros que costó el aeropuerto y que Aerocas tiene anotado como su principal activo-. Pero el auditor -ATD Auditores- sostuvo que no había obtenido "evidencia adecuada y suficiente" y declinó también firmar las cuentas de 2015.
Ante la tesitura de volver a presentar unas cuentas sin auditoría efectiva, la sociedad que preside Francesc Colomer ha optado por formular las cuentas de 2016 con el valor real de los activos y, de paso, sanear la empresa, que estaba con fondos propios negativos, como también señaló el auditor.
Aunque es cierto, como dice el Consell, que las operaciones no suponen un desembolso en efectivo ni incrementan la deuda de la Generalitat, no salen gratis. Las pérdidas irrecuperables para la Administración valenciana son de 160,43 millones de euros, que es la reducción de capital para absorber pérdidas en su mayoría arrastradas de años anteriores.
Según la Generalitat, "atendiendo a las indicaciones de los auditores, el actual equipo gestor ha reducido en un 50,03 % el valor de los activos de Aerocas". Es decir, el aeropuerto vale la mitad de lo que tenía reflejado en sus cuentas. Este deterioro ha provocado un desequilibrio patrimonial en la sociedad, por lo que se hace necesario dotar a la misma de una adecuada solvencia. Por ello, la Generalitat socio mayoritario y acreedor de la sociedad, aceptó este viernes las operaciones encaminadas a restaurar el equilibrio.
En primer lugar, Aerocas arrastra una deuda con la Generalitat de 149,19 millones, "generada por anteriores gobiernos y derivada de operaciones de crédito subrogadas y pagos atendidos con cargo a los mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado". Esta deuda se convertirá en capital mediante el anticipo del vencimiento y una posterior ampliación de capital por el mismo importe mediante compensación de créditos, es decir, sin desembolso en efectivo.
El Consell acordó también requerir a la Diputación de Castellón, socio minoritario de Aeropuerto de Castellón con el 0,006%, para que realice la correspondiente suscripción de la ampliación de capital en proporción a su participación, aunque la institución provincial, que empezó teniendo el 50%, nunca suscribió ninguna y de ahí su dilución, en el capital.
Una vez realizada la ampliación, el Consell ha facultado al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, para adoptar el acuerdo de reducción del capital, por importe de 160,43 millones, con la finalidad de restablecer el equilibrio de la entidad.
Por último, el Consell acordó que por la dirección general de Aerocas se inicien las gestiones para, en su caso, exigir responsabilidades a los anteriores gestores de la sociedad en el tiempo en que se produjo "dicho gravísimo desequilibrio económico".
Las objeciones de la auditora no eran los únicos toques de atención a la empresa. Aerocas aparecía en la última lista de morosos del Ministerio de Hacienda con una deuda de 4,27 millones de euros. Por su parte, la Intervención General de la Generalitat instó el año pasado a la dirección de la empresa pública a que estableciera mecanismos para controlar el cumplimiento del contrato por parte de la empresa SNC Lavalin, operadora del aeropuerto, así como para evaluar si el nivel de servicio prestado es adecuado. El seguimiento del trabajo del operador privado debería incluir, a juicio de la Intervención, el alcance, periodicidad del control e indicadores de gestión del operador.
