En la Comunitat hay 80 residencias de menores, donde estos días se aplican medidas estrictas contra el coronavirus. Además de doblar turnos, los educadores marcan distancias, en un entorno donde mascarillas y guantes tienen un efecto muy delicado
VALÈNCIA. Son chicos acostumbrados a la adversidad, pero el golpe les ha pillado de imprevisto y les ha sacado del combate. El virus del COVID-19 ha impactado con fuerza en toda la sociedad, pero como siempre, la herida se abre con más facilidad en los estratos que ya tienen costra. De repente, esos menores que viven en centros de acogida sin familia en la que refugiarse. O los jóvenes que comparten piso con otros compañeros en situación de exclusión social. Entre ellos, extranjeros, cuyos plazos de regularización se ven amenazados por la parálisis burocrática. Y a su lado, las educadoras sociales que les cuidan. Heroínas (son mujeres en un 70%) poco aplaudidas en tiempos de solidaridad ciudadana.
Mucho se ha hablado de la alerta sanitaria en las residencias de mayores, ¿pero qué pasa con los centros de menores? En esta categoría se incluyen tanto unidades de recepción y acogida, como hogares de emancipación o centros de reforma para problemas de conducta, que permanecen en activo y con trabajadores en funciones. En toda la Comunitat hay 80 recintos (10 públicos de gestión pública, 15 públicos de gestión privada y 55 concertados), donde residen 1.000 menores. Y aunque en ninguno de ellos se han registrado casos de coronavirus hasta el momento, nada impide que suceda lo mismo que en Badalona, donde la Unidad Militar de Emergencias (UME) tuvo que desinfectar uno de estos espacios, con al menos cuatro contagiados, atendiendo a un requerimiento de la propia Generalitat.
“Hablamos de chavales en situaciones complicadas, confinados en lugares reducidos, que tienen que estar prácticamente todo el día en la habitación para cumplir con las medidas de seguridad”, explica Norma Gozálvez, la presidenta del Col·legi d´Educadores i Educadors Socials (COEES-CV). A ello se suma que pertenecen a colectivos sensibles, desde niños con necesidades educativas especiales y trastornos mentales, a jóvenes con adicciones por tratar. “El escenario dificulta bastante la intervención en todos estos casos y obliga a reinventar el día a día en los centros, porque como el resto de ciudadanos, no pueden salir a la calle, ni realizar deporte al aire libre, ni socializar con otras personas... Son pautas que se seguirían en una intervención al uso”, señala. La paradoja de integrar, cuando a la vez toca aislar.
Los chicos y las chicas no salen de los centros en ningún momento. En las zonas comunes, como los comedores o los patios, se han limitado los aforos y se han organizado turnos. Eso cuando hay espacios grandes, porque otros ni siquiera disponen de patio ni terraza. "Ahí la situación se tensa mucho, porque los niños no pueden salir a pasear como antes; y aunque las compañeras están reinventando dinámicas, tareas, juegos... es muy complicado", admite. Tampoco en los pisos tutelados, donde los chicos son mayores y suelen tener libertad para salir, están pisando la calle. De la compra de alimentos se encargan los educadores asignados. Estudian de manera virtual, tienen prohibidas las visitas y el único contacto que mantienen con el mundo exterior, incluyendo familiares y seres queridos, es a través de herramientas digitales. Smartphones y webcams para paliar la soledad de los que siempre se sintieron solos.
Mari Carmen Olivares es educadora en el Establecimiento de Caridad y Beneficencia Santos Patronos de Alzira, donde atienden a ocho menores internos y otros doce en el Centro de Día. “El papel del equipo es normalizar ante los chicos la situación que vivimos e informarles de cómo deben actuar, transmitiéndoles la mayor tranquilidad en todo momento”, asegura. Y eso, cuando se viste mascarilla y guantes (a veces bata), no es precisamente sencillo. "Es muy extraño mantener la distancia de seguridad con los niños, y a la vez, proporcionarles el afecto que tanto necesitan en estos momentos. Son chicos que juegan con desventaja porque no tiene los mismos recursos emocionales”, insiste. Hay ansiedad, claro; también tristeza.
De momento, no han tenido que enfrentarse a ningún caso de coronavirus, pero de hacerlo, tienen unos protocolos muy claros establecidos desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia, que depende directamente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y es la responsable última de estos menores. Primero, informar al equipo sanitario; y luego, que el médico dirima si la gravedad justifica el traslado hospitalario. “Si se tuviese que quedar en el centro, se le aislaría en una habitación muy ventilada con acceso a un cuarto de baño individual. E independientemente de ello, se le harían pruebas a todos los que hayan tenido contacto directo con el afectado, cumpliendo con las normativas sanitarias”, prosigue.
Lo mismo sucedería si nos estuviéramos refiriendo a los hogares de emancipación, donde residen los jóvenes de edades más avanzadas que buscan la independencia económica, y a los que los educadores acompañan hasta que pueden valerse por sí mismos. En total, hay tres en la provincia de Valencia, dos de chicos y uno de chicas, con 16 plazas. “Tenemos las mismas instrucciones, aunque evidentemente, al tratarse de un piso, la redistribución del espacio es diferente”, precisa Elisabet Marco, directora provincial del Proyecto de Acompañamiento a la Emancipación (PAE), que se vincula directamente a la Fundación Amigó. “Normalmente, para pisos de seis personas hay un integrador/a y un educador/a a jornada completa, más otro educador/a y un trabajador/a a media jornada. Pero hemos establecido un horario de jornadas consecutivas, para reducir los desplazamientos y que los compañeros no coincidan, y ahora solo están con una persona”, detalla. Y así llegamos a la cuestión del agotamiento.
Ser educador/a en tiempos de cuarentena no es fácil. Toca estar al pie del cañón, aun cuando ya no queda pólvora. "Otra queja en estos días es que se están doblando los turnos y cada vez se acusa más el cansancio”, revela la presidenta del COEES-CV. Además, puesto que son menos compañeros los que están al mismo tiempo, a veces uno o dos, ciertas situaciones se vuelven más difíciles de gestionar. No se puede hacer otra cosa: forma parte de las medidas de seguridad decretadas por Sanidad, y comunicadas desde la Conselleria de Mónica Oltra, para minimizar cualquier tipo de riesgo. "La organización se ha alterado para dar estabilidad a los niños, pensando en el interés del menor, y se están cumpliendo las ratios mínimas. Sin embargo, estamos recibiendo quejas por la dureza de los turnos tan largos", afirma.
Luego está la falta de garantías para que en el teletrabajo se respete la protección de datos y la demanda de material de protección física, como mascarillas o guantes, en determinados centros. Así como en las residencias de mayores de la Comunitat se alertaba de la sequía de medios para hacer frente a la pandemia (ya se han registrado 74 fallecidos y 399 afectados en ellas), en los centros de menores demandan más garantías para el colectivo. "No estamos en un punto tan grave, porque los centros están deslocalizados y esto reduce la exposición al virus, pero algunos compañeros hablan de que les falta material", precisa. Todas las mañanas tienen que reportar su situación a la Conselleria por Intranet, dando informe de posibles síntomas de contagio entre internos y trabajadores, e indicando si necesitan algo.
Mientras se prolongue el estado de alarma, se han paralizado las salidas en los centros de atención primaria, y tampoco nadie se podrá marchar de los pisos tutelados. Otra cosa son los ingresos, porque si un menor está en situación de riesgo, hay que acogerlo. ¿Y qué pasa a pie de calle? "En nuestro trabajo diario, las educadoras atendemos a menores con conductas autolíticas, TDAH o situaciones con padres y madres donde se está valorando si hay peligro o desamparo para el menor. Para ello, hacemos visitas domiciliarias, porque son casos de mucha complejidad y que con el confinamiento se agravan", recuerda la presidenta. Y claro, mantener el ritmo de desplazamientos no es fácil. Por no mencionar la problemática que se genera con los chicos extranjeros al congelarse los plazos legales para su regularización.
Hablamos de menores de procedencia extranjera, tutelados por el Estado y en proceso de regularización. Por ejemplo, jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, están en un piso de emancipación y dependen de un empleo para conseguir su permiso de residencia, entre otros trámites burocráticos. “Estamos muy preocupados por ellos”, comenta Elisabet Marco, directora de estos hogares. Y no es para menos.
En lo referente a trámites de Extranjería, cuya competencia es de la Administración General del Estado, se han paralizado todos los plazos desde la entrada en vigor del Real Decreto del pasado 15 de marzo. Aunque se acepta la presentación de expedientes de manera telemática, la Oficina de Extranjería no tiene obligación de resolver procedimientos en los plazos legalmente establecidos. “Nos movemos en la incertidumbre total”, remarca la educadora.
No solo por el dilema administrativo, también está la barrera posterior. "Muchos de estos chicos estaban en búsqueda de empleo, o ya tenían un puesto de trabajo, que les permitía completar horas y cumplir con los requisitos para la regularización”, expone. Ahora se enfrentan a despidos, dificultades para encontrar otro trabajo y a un escenario futuro, que es tenebroso para todos, pero especialmente para los que son más vulnerables.
La incertidumbre de los adolescentes en cuanto a su formación, sin saber si van a perder el curso, o cómo quedarán sus prácticas, tampoco facilita las cosas. Algunos centros tienen un tiempo de permanencia límite y esto altera sus proyectos vitales de forma sustancial. Sucede lo mismo con los mayores de 18 años que habían accedido a su primer empleo. "Si la media de residencia suele ser un año, con posibilidad de dos renovaciones, después de la crisis sanitaria será mucho más difícil que se independicen", admite la directora de Hogares de Emancipación. Sumemos los Ertes en el tercer sector y la paralización de subvenciones.
El temor al contagio es la última preocupación de los educadores sociales que continúan (y como sector esencial continuarán) en activo. “El miedo es humano y está ahí, pero también sabemos cuál es nuestro papel ahora. En realidad estamos mucho más preocupados por no transmitirles nada a los chicos cuando entramos en contacto con ellos", dice Gozálvez. Un ejercicio de responsabilidad loable. ¿Qué será de los centros de menores tras el impacto del coronavirus? “La situación es complicada. Todavía estable y sostenible, dentro de lo delicado. Lo que de verdad nos inquieta es el futuro, porque si se amplía la cuarentena, van a hacer falta más recursos", añade la portavoz. Pero ahí seguirán, otros cuarenta días más.