Rafael Montero, secretario general de la CEC, y José Roca, presidente.El magistrado estima la petición del fiscal y declara el carácter complejo de la instrucción que se sigue desde julio de 2015
VALENCIA, (EFE). El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules ha declarado la complejidad de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación concedidas a organizaciones empresariales, y amplía la investigación de 6 a 18 meses. El magistrado estima la petición del fiscal y declara el carácter complejo de la instrucción de esta causa que se sigue desde julio de 2015 contra varias personas físicas y jurídicas, entre ellas los máximos responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC).
En concreto, se investiga un supuesto delito contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones y otro delito continuado de falsedad documental. El juez considera que "la gran cantidad de investigados" y la necesidad de someter al análisis de los peritos la abundante documentación recabada justifica la declaración de complejidad de este procedimiento en el que, además, aún están pendientes de practicarse diligencias de investigación "esenciales" para culminar la instrucción.
Además de por el número de imputados, por la abundante documentación intervenida y por la complejidad de las periciales pendientes, la dilación en la tramitación del procedimiento se ve agravada por la precariedad de medios personales y materiales con la que trabaja el Juzgado, cuyas demandas no han sido atendidas aún por la Conselleria de Justicia. A este respecto, el juez explica en su resolución que "esta carencia de medios personales y materiales repercute de manera necesaria y trascendental en la dilación que la tramitación de esta causa sufre y que justifica la ampliación del plazo de instrucción". Tal retraso, añade, "no es consecuencia de la desidia o inactividad de la autoridad judicial" por cuanto desde el "órgano instructor se le ha tratado de imponer la máxima celeridad posible".
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Nules, Jacobo Pin, solicitó el pasado mes de septiembre el apoyo de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC). En noviembre, tras estudiar su solicitud, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó, a propuesta de la UACC, dirigirse a la Dirección de Justicia de la Generalitat para que adoptara diversas medidas de refuerzo.
El órgano de gobierno de los jueces solicitó al Consell que adscribiera al Juzgado un gestor o un tramitador procesal, preferentemente con experiencia en el desarrollo de su labor en los juzgados, y que dotara al órgano judicial de un sistema de videograbación, de un programa de informático de transcripción de declaraciones y de una máquina de escaneo de documentos con la suficiente capacidad para digitalizar causas extensas. Ninguna de las peticiones formuladas por el instructor para agilizar la tramitación ha sido atendida salvo la continuidad de un funcionario con el que ya estaba reforzado el juzgado.
La investigación inicial se ha ampliado recientemente tras la presentación de una nueva denuncia por parte del Servef en relación con los cursos de formación impartidos por el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón (sociedad dependiente de la CEC) con cargo a los fondos del plan de formación. En dicho informe, el Servef denuncia la supuesta percepción de más 120.000 euros sin justificar. Como consecuencia de esta denuncia ampliatoria volvieron a declarar, como investigados, el pasado 26 de febrero, el secretario de la CEC, Rafael Montero, y el responsable de formación, José Antonio Espejo.
El 25 de abril declarará como investigado el delegado territorial de la CEC en la Vall d'Uixó, y ese mismo día han sido citados, como testigos, el contable de una de las empresas investigadas y dos técnicos de Hacienda. El 20 de mayo comparecerán, también como testigos, la subdirectora del Servef, el jefe de sección de planes de formación del Servef y el auditor de las cuentas de la CEC para este plan de formación. El 23 de mayo el juez instructor interrogará como investigada a la responsable de una de las academias, han indicado las mismas fuentes.
