José Luis Vera. Foto: DIVALVALÈNCIA. El encargado de controlar que la empresa pública Divalterra cumplía la legalidad ha sido reprendido por posibles irregularidades en el seno de la firma, dependiente de la Diputación de València. Se trata del que fuera responsable de los servicios jurídicos de la compañía provincial, José Luis Vera, actualmente investigado como presunto intermediador y comisionista de la trama Azud, sobre quien ahora la Agencia Valenciana Antifraude ha fijado la mirada en dos informes recientes.
El organismo que dirige Joan Llinares ha realizado sendas investigaciones ante dos denuncias interpuestas en la Agencia por contrataciones desde el departamento de servicios jurídicos a la empresa Tomarial y la abogada Emma Ramón Bautista. Unas irregularidades constatadas por Antifraude, como publicó el diario Levante-EMV, por las que pide a la empresa pública "instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades".
Así, Divalterra pagó 82 facturas por valor de más de 270.000 euros a la firma Tomarial a cambio de servicios jurídicos pero media docena de las facturas "no estarían soportadas por la tramitación previa de un expediente de contratación". En total, hasta nueve adjudicaciones realizadas desde el año 2015 y donde el responsable sería el abogado como jefe de los servicios jurídicos de la firma pública.
En ese sentido, la Agencia señala la existencia de posible conflicto de intereses porque José Luis Vera fue contratado en su momento "mediante un asesoramiento jurídico externo, prestado por Tomarial", que más tarde sería adjudicatario de la prestación de servicios jurídicos desde la empresa pública con intervención de Vera.
El organismo de control también constata un "fraccionamiento indebido de contratos" y una "duplicidad de contrataciones" al comprobar que muchos de los servicios encargados a la empresa externa tenían un objeto similar y fueron "parcialmente coincidentes en su ejecución temporal". Una irregularidad que se constata también porque primero la contratación se hizo inicialmente por separado y, más tarde, de forma agregada.
La otra denuncia era relativa a la contratación por parte de Divalterra de al abogada Emma Ramón Bautista, con quien Vera mantenía una relación societaria previa sobre la que no informó a la empresa pública. Vera "no puso en conocimiento de la entidad pública ni de la mesa de contratación la existencia" de esa relación previa ni de un potencial conflicto de interés. "Debieron tomarse las medidas oportunidas" por esa "situación real de conflicto de interés" pero no consta que eso ocurriera, dice la Agencia.
Así pues, Divalterra contrató a esta abogada entre 2015 y 2016 para servicios que ya venían prestando otros abogados previamente, con los que se resolvieron los contratos sin motivo aparente. Y cuando se dejó de trabajar con la letrada, esos trabajos los hicieron los propios servicios jurídicos de la Diputación sin cobrar honorarios por ello.
De todo ello, dice la Agencia, "no se justifica la necesidad de contratar la prestación de unos servicios y pagar por ellos con cargo a fondos públicos cuando los mismos podrían haber sido prestados a coste cero por la Diputación de Valencia, como así se realizó tras la renuncia". En total se le habrían pagado más de 65.000 euros y por todo ello también la Agencia insta a Divalterra -ya en fase de liquidación- valorar las posibles responsabilidades de Vera como jefe en aquel momento de los servicios jurídicos y de transparencia de la empresa pública.
Tras conocerse su presunta implicación en el caso Azud, Vera quedó fuera del proceso de traspaso de trabajadores de Divalterra a la Diputación de València, lo que supuso el despido definitivo de este abogado, considerado vinculado históricamente al PSPV. Según la investigación judicial, habría recibido 1,3 millones de euros en comisiones en la mencionada trama durante la primera década del 2000.
