Caso Azud: Antifraude ve falta de justificación y acreditación en el proyecto del PAI de Xixona 

VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha entregado al juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, encargado del caso Azud, un informe relativo a uno de los principales contratos bajo sospecha que figuran en la causa: el del PAI de Xixona. La entidad concluye que hubo falta de justificación y acreditación para su desarrollo, que en la práctica nunca llegó a producirse pero a través del cual, supuestamente, se desvió dinero. 

El caso Azud está centrado, a grandes rasgos, en una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013). Políticos del PP y del PSPV, además de empresarios, habrían participado en ella. 

Los investigadores atribuyen al Grupo Axis, perteneciente al empresario Jaime Febrer, una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos en diversas administraciones. 

En este contexto, han indagado en numerosas operaciones concretas, principalmente urbanísticas, que habrían motivado el pago de estas mordidas. Una de ellas es el desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) El Espartal, en la localidad alicantina de Xixona. Éste se prolongó durante un amplio periodo temporal, entre 2004 y 2008.

Durante este tiempo, de acuerdo con los investigadores, uno de los problemas que tuvo que solventar el grupo fue el relacionado con la necesidad de justificar la suficiencia de recursos hídricos debido a una exigencia normativa derivada de la modificación de la Ley Urbanística Valenciana. Para ello inició varias líneas de resolución con la captación de aguas subterráneas e inyección de salmuera, con la firma de acuerdos con comunidades de regantes o con acuerdos con empresas de suministro de aguas. 

La opción que finalmente se llevó a término fue, sin embargo, la firma de un convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento de Xixona. El objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel -Campello, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer la localidad de Xixona. Pese a que este convenio resulta a priori ajeno al Grupo Axis, dado que en él participan la empresa pública y el consistorio (gobernado por el PP), los elementos recopilados a lo largo de la investigación apuntan a que la firma del mismo habría sido auspiciada por parte del citado grupo. 

Por toda esta actuación, los investigadores sostienen que se habría acordado el pago de una comisión por importe de dos millones de euros. Una parte habría ido a parar a José Luis Vera, una persona "estrechamente vinculada al PSPV", y otra parte al partido socialista. 

La jueza y la Fiscalía Anticorrupción solicitaron a Antifraude un informe respecto a todo lo relacionado con este PAI, que ya les ha sido remitido. A las indagaciones de la Guardia Civil sobre las presuntas ilegalidades se une ahora el análisis administrativo que realiza la Agencia, y en el cual hace hincapié en la falta de justificación de las actuaciones vinculadas a la operación que nunca llegó a concretarse. 

Falta de informes e incompatibilidades 

En una de sus conclusiones, expone que el convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Xixona y la mercantil Construcciones Valencia Constitución (CVC), perteneciente a Febrer, para la gestión del suelo y la tramitación del concierto previo se aprobaron en noviembre de 2005 por la Junta de Gobierno Local (integrada por el grupo municipal en el gobierno y el partido que lo apoyaba, bajo la alcaldía de Rosa María Verdú, del PP). "Por tratarse de un convenio dirigido a una determinada modificación en un sentido concreto del planeamiento general del municipio, era competencia exclusiva del pleno y no de la Junta de Gobierno Local. No consta que con carácter previo a su aprobación se emitiera informe de la intervención municipal exigido por la normativa aplicable en materia local, ni informe de otros técnicos, al tratarse del planeamiento municipal, materia que afecta al interés general y que se convenió con una empresa privada, sin ser objeto de licitación pública", señala la agencia.

Dicho convenio, según la documentación aportada, sería el inicio de las actuaciones para el desarrollo del PAI, pero el acuerdo que lo aprobó acabó anulado por los tribunales debido a diversas irregularidades. Antifraude recuerda, igualmente, que existían incompatibilidades en la Junta de Gobierno Local, puesto que la alcaldesa tenía intereses personales en los terrenos, al igual que otro concejal con familiares con intereses en la operación. Ambos se deberían haber abstenido. 

Antifraude explica que la inclusión de nuevos terrenos en la actuación por peticiones de miembros de la corporación municipal determinaría la ampliación del ámbito de la primera alternativa técnica. Dicha modificación, dice la entidad, "debía ser objeto de expresa y completa justificación por parte del promotor y exigida por la administración municipal que, sin embargo, se limita a exigir informes sectoriales sin hacer mención de este cambio de ámbito de actuación que pasa a duplicar la propuesta inicialmente presentada".

"En materia de planificación urbanística, se impone como un límite a las facultades discrecionales de la administración la necesidad de congruencia de las soluciones concretas elegidas con las líneas diseñadas por el Plan, el respeto a los estándares legales recogidos en el mismo y su adecuación a los mandatos objetivos en los que se apoyan. En estos términos, las decisiones planificadoras han de ser proporcionales, coherentes y racionales, pues de lo contrario implicarían una arbitrariedad vetada, en cualquier caso, por el ordenamiento jurídico", recuerda la agencia.

Por último, Antifraude expone que para llevar a término sus propuestas urbanizadoras, las mercantiles necesitaron acreditar la disponibilidad de suficientes recursos hídricos. De ahí derivó el convenio con Acuamed para la ampliación de la desaladora de Mutxamel-Campello. Éste fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Xixona en abril de 2007 y, remarca la agencia, hubo informes desfavorables de los habilitados nacionales antes de su aprobación.

"La formalización del convenio se produce el 8 de febrero de 2008. No constan informes municipales emitidos con carácter previo, dado que su firma implicaba contraprestación económica a cargo de la corporación municipal y, además, se modifica la aportación de la sociedad", apunta. Acuamed, en todo caso, certificó que nunca se realizó ningún pago o depósito por parte del Ayuntamiento de Xixona ni por la sociedad Acuamed.