El presidente de Divalterra intentó impedir una contratación avalada por la Inspección de la Generalitat

VALÈNCIA. La polémica desvelada por Valencia Plaza en torno al proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra suma un nuevo capítulo. El presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, trató de impedir a mediados de enero el nombramiento de la ganadora –elegida por un tribunal– pese a que estaba avalado por el inspector general de la Generalitat. 

Así lo hizo en una comunicación dirigida al tribunal el pasado 15 de diciembre –día en el que se cerró el proceso– Javier Cuenca, quien entró al puesto tras ser fichado por la Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, a comienzos de ese mes (antes fue jefe de la unidad de preselección de la Diputación de Valencia). Tras estudiar las alegaciones del candidato que quedó en segundo lugar, consideró que las puntuaciones otorgadas habían de mantenerse y opinó que el proceso había sido sólido, garantista, correcto y motivado en las decisiones. 

Cuestionó, eso sí, que se tomase como prueba de conocimiento una pregunta acerca de la consideración jurídica de los trabajadores de Divalterra, al tratarse de un tema controvertido a nivel jurisprudencial. Y también aconsejó darle traslado del expediente al aspirante –algo que éste reclamó en varias ocasiones– como muestra de la necesaria transparencia. Pero, en términos generales, las apreciaciones del tribunal las valoró como precisas.

En algunas de sus reclamaciones presentadas el 11 de diciembre, el candidato que quedó en segundo lugar, José Fambuena –quien estuvo al frente de Recursos Humanos del Hospital General de Valencia–, criticó que el presidente del tribunal fuera, en ese momento, el propio jefe de Recursos Humanos, lo que en su opinión podría derivar en un conflicto de intereses. Advertía de que, debido a ello, se reservaba acciones futuras porque, decía, en el sector público no pueden ser ofertadas plazas que en el momento de su oferta se encuentren ocupadas. En las alegaciones incluyó, asimismo, puntuaciones hacia él y hacia la ganadora que creía que no habían sido otorgadas correctamente.  

Cuatro días después, el tribunal se reunió, estudió sus comentarios y le respondió a ellos punto por punto. Sobre lo relativo al jefe de RRHH, replicó que en las bases de la convocatoria ya se informaba de en quién recaía la presidencia del órgano, de manera que conocía esta circunstancia cuando se inscribió al proceso. Además, explicaba que éste es el proceder de la empresa en la contratación de personal externo desde 2016. 

Si hubiera considerado que existía un conflicto de intereses, añadió, debería haber impugnado las bases o recusado al presidente del tribunal. En este sentido, defendió que se había actuado bien puesto que la designación de los miembros del órgano dependía del gerente como así figuraba en la convocatoria. Algo que, entendía, se encontraba justificado en que es el que mejor conocía el procedimiento de contratación y las funciones a desempeñar en el puesto. El tribunal se mantuvo, igualmente, en las puntuaciones otorgadas al estimar que la baremación fue correcta. 

Una vez resuelto todo esto, ese mismo 15 de diciembre el tribunal dio por cerrado el proceso y, en orden a la convocatoria, elevó al gerente de Divalterra la propuesta de que la ganadora, Eugenia Fernández –con una amplia trayectoria en RRHH del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)–, fuera contratada. 

Orden de suspensión con el proceso cerrado

Pese a que la selección había finalizado, Fambuena presentó un recurso el 12 de enero donde solicitaba la suspensión del proceso. El 15 de ese mes, el presidente de la empresa pública trasladó al gerente su intención de paralizarlo, al tiempo que pidió un informe al jefe jurídico, José Luis Vera. Documento del que se sirvió para volver a pedir la suspensión el día 19, con la nueva jefa de Recursos Humanos recién incorporada un día antes. 

Vera, que el 28 de diciembre fue nombrado en un consejo extraordinario director de los Servicios Jurídicos, Prevención de Riesgos Penales y Transparencia, emitió un informe el 17 de enero en el mismo sentido de lo que anticipó el presidente. Esto es, que se tomara la medida cautelar de suspender el proceso por un principio de prudencia y para evitar perjuicios a todas las partes. En ese documento destacaba la complejidad del asunto porque el gerente de la empresa pública no obedeció la orden de paralizarlo por parte de Ramiro Rivera y contrató a la trabajadora. Además, daba un plazo para presentar alegaciones a todos los finalistas –tres en total– hasta este jueves 4 de febrero.

La ya nombrada jefa de RRHH de Divalterra critica en las suyas que lo que el otro candidato solicita en su recurso es que no se apliquen determinados apartados de la convocatoria como están previstos en base a su interés y bajo una aparente búsqueda de legalidad. Reprocha, del mismo modo, que se le ha dado traslado del mencionado recurso de un aspirante no seleccionado, sin acreditar la competencia de los órganos que se lo remiten –sólo el gerente puede decidir acerca de esta cuestión según las bases– y qué normativa se aplica para admitir las reclamaciones de Fambuena. Todo ello para responder a sus afirmaciones y situándole a ella misma, indica, en total indefensión. De hecho, solicita copia del expediente completo del proceso y de la documentación del otro aspirante para poder defenderse. 

Precisamente la norma que se ha aplicado en este intento de impedir el nombramiento de la ganadora genera una especial controversia. Varios cargos de Divalterra recuerdan que, pese a ser empresa pública, se rige por el derecho privado, como reflejan sus propios estatutos. Esto significa que los procedimientos habituales en la administración en el caso de un concurso para selección de personal no tienen aquí la misma aplicación. No se trataría, sostienen, de un acto administrativo y, por tanto, los aspirantes no podrían presentar recurso, sino que la única vía para reclamar sería la judicial. Además, la actuación del gerente –el encargado de nombrar a la persona propuesta por el tribunal–, según algunas fuentes consultadas, es una decisión empresarial sujeta a la ley de sociedades de capital. 

El próximo martes será un día clave para resolver una parte de este embrollo. El tribunal tiene previsto reunirse para evaluar la situación y pronunciarse sobre cómo se ha realizado el procedimiento. Consideraciones que posteriormente serán recibidas tanto por José Luis Vera como por el Consejo de Administración de Divalterra, que todavía no está convocado. 

Antifraude comunica la protección del denunciante al juzgado

Mientras tanto, la vida dentro de la Diputación está de todo menos calmada. El intento de suspensión del proceso de selección en RRHH generó un importante revuelo y algunas voces creen que todo se basó en los intereses por desbancar a la candidata ganadora. La situación ha llevado, tal como informó este viernes Valencia Plaza, a que la Agencia Antifraude haya iniciado una investigación después de una denuncia procedente del propio tribunal –es posible que no sea la única interpuesta– y ha otorgado el estatuto de protección del denunciante a quien acudió a detallar posibles irregularidades. 

Una decisión que la entidad remitió al juzgado encargado del caso Alquería, donde la persona que pidió amparo a Antifraude también es testigo. En la comunicación informaba de su situación y de que con la aplicación del referido estatuto no podrá sufrir aislamiento, persecución o empeoramiento de las condiciones laborales o profesionales, ni ningún tipo de medida que implique cualquier forma de perjuicio o discriminación, ni durante las investigaciones ni después de ellas. Un escrito en el que la Agencia da cuenta de lo ocurrido, pero también pide al juzgado que le traslade cualquier actitud sancionable contra el protegido si tiene conocimiento de ello. 

Después de que lo sucedido en el seno de Divalterra saltara a la luz, tanto PP como Ciudadanos solicitaron el acceso al expediente de todo este proceso. A ambos se les dio cita un día determinado, según diversas fuentes, pero llegados al momento de la consulta, se les ha negado por orden del presidente de la empresa, que lo justifica en que ha de autorizarlo Vera. Lo mismo ha ocurrido con la presidenta del comité de empresa, perteneciente al CSIF. En un escrito de esta misma semana califica de muy grave no haber podido comprobar todavía la documentación y afirma que se está vulnerando el derecho de libertad sindical: "Que se esté instruyendo un expediente o no, es indiferente para que se nos niegue la documentación solicitada, lo que contradice la tan cacareada transparencia de la que alardean. En caso de que se siga negando, nos veremos en la obligación de tomar las medidas legales oportunas".