VALÈNCIA. Comunicacions dels Ports, Pecsa y Carns de Morella son tres de las empresas vinculadas a los Puig que durante los últimos años han aparecido en varias polémicas relacionadas con el presidente de la Generalitat o su hermano. Y se da la curiosa circunstancia de que en todas ellas figura también como socio el actual senador socialista Artemi Rallo.
Cabeza de lista al Congreso por Castellón en 2015, diputado en Les Corts Valencianes durante dos legislaturas y director de la Agencia Española de Protección de Datos entre 2007 y 2011, actualmente mantiene acciones en las tres mercantiles. Según la declaración de bienes pública, sus participaciones aparecen junto a títulos de otras grandes compañías como Atresmedia, Iberdrola Telefónica o Endesa.
Comunicacions dels Ports, cuyo consejero delegado es Francis Puig, fue recientemente sancionada con 16.801 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana por pactar precios para un concurso de corresponsalías de À Punt junto a otras dos mercantiles vinculadas a sus socios, los Adell Bover. El órgano consideró acreditada una infracción muy grave de la ley de Contratos del Sector Público.
En los whatsapp intervenidos para la investigación, los Adell Bover mencionan el nombre propio de Artemi, que coincidiría con Rallo, como una de las personas en las que buscar apoyo para los trabajos de campaña que les iban a realizar a determinados cargos socialistas –por ejemplo, alcaldes–.
Promociones y Ediciones Culturales SA (Pecsa), propietaria del periódico 'Mediterráneo' (diario líder en Castellón) e integrada en el Grupo Zeta, y en la que el presidente de la Generalitat también posee acciones. Aunque no se trata de una cuestión de gravedad por sí misma pese a cierto cuestionamiento estético –un político con acciones de un medio–, la controversia que colea desde 2019 viene dada por la adquisición de Grupo Zeta por Prensa Ibérica.
Una operación que se produjo gracias a una quita de la deuda del 70% que perdonó, entre otras entidades, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) con una condonación de 1,3 millones de euros. Todo ello llevó a que Ximo Puig se convirtiera en socio del mayor grupo mediático de la Comunitat Valenciana.
Por último, Carns de Morella fue centro de otra polémica en 2015, nada más aterrizar Puig en la Generalitat. Sus primeros presupuestos incluyeron una ayuda directa de 140.000 euros al matadero que creó y presidió el jefe del Consell durante su etapa de alcalde de Morella. Aunque la línea fue sustituida en las cuentas por otra genérica después de las críticas suscitadas, se comprobó que esa subvención nunca estuvo sustentada por un proyecto y, por tanto, no se encontraba justificada.
La magistrada apunta a irregularidades administrativas y al desequilibrio en la distribución del dinero, pero no aprecia ilícito penal