El Consell, en el seminari de Torrevieja. Foto: JOAQUÍN CARRIÓNVALENCIA. Estrenamos año y por eso es el momento de marcarse los propósitos para los próximos meses, algo que también hará el Consell del Botànic en el tercer seminari de Govern, la cumbre que se celebrará a finales de este mes en Sagunto para marcar las prioridades normativas del semestre.
Sin embargo, antes de lanzar nuevas prioridades, los consellers tendrán que revisar qué pasó con todas aquellas que se pusieron sobre la mesa seis meses atrás en Torrevieja. En ese seminari, a la vista de que no habían podido sacar adelante varios de los compromisos legislativos que adquirieron seis meses antes en Morella, algunos departamentos optaron por no sobrecargarse de deberes.
El cumplimiento de los objetivos lanzados en el segundo seminari del Consell, más abiertos y menos ambiciosos, mejora respecto al del primer semestre del año pasado. No obstante, del análisis realizado por Valencia Plaza se desprende que continúa habiendo gran disparidad entre conselleries.
Así, mientras Vivienda y Obras Públicas repite como la conselleria más eficaz en la consecución de sus propios objetivos, Economía o Medio Ambiente siguen a la cola en desempeño, con tareas pendientes que arrastran desde el seminari de Morella.
A ello se suman sonoros incumplimientos como el de la reapertura de RTVV, fijado para este semestre y que sigue sin fecha, o la nueva Ley del Sector Público, con la que Hacienda sigue atascada desde hace meses. También sigue sin ver la luz la Ley Integral de Educación, mientras que a la Conselleria de Igualdad le pasa factura su ambición legislativa. Ninguna conselleria ha querido responder a los motivos y remiten al propio balance que se realizará en Sagunt.
Estas cumbres fueron puestas en marcha por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el fin de congregar a sus consellers, así como a un reducido número de colaboradores, con la intención de coordinar la gestión del Ejecutivo a lo largo de los seis meses siguientes.
Este es, conselleria por conselleria, el balance de cumplimiento de los objetivos marcados para el segundo semestre de 2016.
[ECONOMÍA vuelve a incumplir sus propios plazos]
Ni Ley de Comercio ni Ley de Áreas Industriales. La Conselleria que dirige Rafael Climent no ha podido cumplir los compromisos que lanzó hace un año en Morella dentro del plazo que propuso, ni siquiera tras revisar los tiempos de ejecución en el segundo seminari, celebrado en Torrevieja el pasado verano.
A la vista de que no había podido realizar ni uno solo de sus compromisos normativos para el semestre, economía planteó en Torrevieja objetivos más abiertos y menos ambiciosos. En este sentido, la Conselleria ha dado un acelerón en diciembre para presentar cuatro de los cinco proyectos que se propuso tras meses sin avances. Entre los más importantes, el plan de reindustrialización de las comarcas.
[A CULTURA se le siguen atragantando los plazos con sus compromisos de Gobierno]
La Conselleria de Cultura (que lo es en gran medida presupuestaria de Educación), acumula en la carpeta de asuntos pendientes la práctica totalidad de sus compromisos en estos seminarios. Si en Morella se propuso sacar adelante las nuevas leyes del IVAM y de Mecenazgo en el primer semestre de 2016, en Torrevieja dijo que las finalizaría en el segundo y sumó la creación de la Mesa de la Cultura Valenciana y el Plan valenciano de democratización cultural. Pues bien, se puede decir ni los dos primeros ni los dos segundos se han cristalizado durante 2016 por lo que cabe concluir que a Vicent Marzà y su equipo se le atragantan los plazos autoimpuestos.
Él mismo, que ya trató de esquivar las prisas para atender el estado crítico de economía en las industrias culturales, destacó la 'virtud' de los criterios "autoevaluables" del programa FesCultura. La hoja de ruta legislativa, presentada el último día del plazo autoimpuesto, sí está cumpliendo con cierto ritmo con algunas de sus 70 medidas macro. De hecho, es posible que lo más relevante entre lo logrado durante 2016 desde la Conselleria de Cultura sea el acelerón a su presupuesto. Un incremento del 17% que anticipa un ritmo todavía mayor de subida si se quiere cumplir con el conocido Objetivo 1% (del gasto de la Generalitat en Cultura para los cursos 2019-2020). Un crecimiento que ha permitido aumentar las ayudas a la creación en todas las disciplinas y mejorar la situación presupuestaria de sus principales entidades, con un espaldarazo notable al Museo de Belles Arts de València.
Sin embargo, la sensación es agridulce si se evalúa la labor de la CEICE con los compromisos en los seminarios del Consell. La Ley del IVAM estuvo redactada en el primer semestre de 2016, pero desde entonces ha ido pasando por las consellerias implicadas en su aprobación así como por los pasos de garantía legal que ha de cumplir con el visto bueno de Abogacía de la Generalitat. Está -con la denominación común aplicada a estos retos en Cultura- "en ejecución". En un tránsito menos concreto está la prometedora Ley de Mecenazgo, cuyo workshop anunciado para julio, postpuesto y esperado nunca llega. Ese aquelarre de empresas y agentes culturales para saber hasta dónde pueden colaborar para encontrar intereses compartidos sigue a la espera. Al igual que la interesante Mecuv. La Mesa de la Cultura Valenciana, que se prometió se conformaría antes de finales de año "como espacio de participación y diálogo del Consell con los sectores culturales y creativos" tampoco ha sucedido.
El que podría entenderse como activado o iniciado -aunque se sobreentiende que no desarrollado- es el Plan valenciano de democratización cultural. Estaría en marcha en tanto en cuento el innovador bono cultural para desgravarse el 21% de los 'productos' de estos sectores ha entrado en marcha. Sin embargo, pasados los primeros siete días del año, se desconoce que festivales de música, salas de conciertos, de cine, de teatro y todo tipo de espacios de programación, se han ligado a este proyecto. Se entiende que la suma será masiva, dado que redunda en un acceso al consumo que -por ciudadano y año- cuenta con hasta 150 euros para deducirse desde ya (en el caso de 2017, a percibirse en junio de 2018). La acción desde luego redunda en el objetivo de un plan que, dado que no toda la población está ligada a una cotización, contaría con más resortes.
La misma Conselleria, la de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, sigue respondiendo a su leitmotiv: actuar con prisa, y en ocasiones, sin pausa. Si bien este lema le ha permitido completar todas las reformas legislativas prometidas durante el Seminario de Torrevieja, tal y como también sucedió con Morella, no siempre ha contado con la aceptación de la comunidad educativa. Además sigue pendiente la famosa Ley Integral de la Educación Valenciana, en la que la Generalitat permite aglutinar todas las reformas promulgadas durante su mandato.
En la misma deberá agruparse el Decreto de Admisión Escolar, anunciado en Morella, pero también el de Convocatoria Oposiciones a Docentes. Si bien fue satisfactorio en 2016, cuando aparecieron 1150 plazas por turno libre y se alcanzó el 100% de la tasa de reposición, no sucede lo mismo con las plazas que previsiblemente aparecerán en 2018. Los sindicatos no comparten el hecho de que 2017 quede desierto de convocatoria, a excepción de las 40 plazas de Artes Plásticas y 45 de FP pendientes, y piden eliminar la limitación del Ministerio de Educación para contratar por encima de dicha tasa.
Pero sin duda, si ha habido una medida estrella en el ámbito educativo durante el último semestre de 2016, esa ha sido el Decreto de Plurilingüismo. Presentado en septiembre, En concreto, supondrá la creación de una escala de seis niveles de implantación, de mayor a menor presencia del castellano, valenciano e inglés. Asimismo, otorgará una certificación directa al terminar los estudios, baremada en función de la alternativa escogida por cada centro. Una manera de incentivar a los colegios a apostar por el plurilingüismo “sin obligarles”. Son pocas las voces que agradecen la moderación, hasta el punto de que las propias universidades que colaboraron en su redacción proponen suprimir los niveles básicos y las exenciones territoriales.
Sanidad ha tenido un año agitado, sobre todo en lo relacionado con las concesiones público-privadas y la privatización sanitaria. Sin embargo, en Morella se planteaban otro tipo de asuntos como objetivo. Por un lado, la ley de Muerte Digna, de la que se ha realizado un borrador con expertos pero que aún no ha sido aprobada. Respecto al decreto de Impacto en la salud en todas las políticas, se aprobó un decreto para crear la comisión de evaluación del impacto en salud de las políticas. Por otra parte, sí que ha sido presentado el Plan de Salud 2016-2020 mientras que está en proceso la definición del mapa sanitario de la Comunitat.
Tampoco está completado el proyecto de la Fe en Campanar, donde se está elaborando un plan de actuación con un centro de salud, un centro de especialidades y un centro 24 horas, entre otras funcionalidades. Ya han salido algunas licitaciones y la intención es iniciar la primera fase de las obras en 2017 pero es posible que el proyecto no se termine hasta 2018. También está pendiente el nuevo modelo de atención farmacéutico en el ámbito sociosanitario para ahorrar en la dispensación de las residencias de ancianos que está previsto que se ejecute en el segundo semestre de 2017.
Uno de los objetivos de Torrevieja era la publicación del calendario de las Oposiciones Públicas de Empleo de 2014, 2015 y 2016. La misión era convocar 3.608 plazas de las que han ido saliendo plazas progresivamente desde el mes de octubre y que continuarán hasta el segundo trimestre de 2017.
También se ha firmado el nuevo concierto de prestación farmacéutica con las oficinas de farmacia además de anunciar la dotación de enfermería escolar a los 47 centros de educación especial de la Comunitat. La presentación de la Estrategia de Salud Mental de la Comunitat ha sido otro de los objetivos desbloqueados mientras que el plan de dignificación de las infraestructuras sanitarias 2016-2020 está dotado con 75,14 millones en el presupuesto del próximo año.
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha vuelto a destacar por el cumplimiento de sus compromisos -unas metas que eran asequibles, lejos de los largos listados inabarcables a los que se comprometieron otros departamentos-. Así, tal y como ya logró este verano cuando llegó al Seminari d'Estiu habiendo hecho todos los deberes que se puso en Morella, el área de la socialista María José Salvador también llega a la tercera cita sin tareas pendientes.
La conselleria se puso como objetivos para el segundo semestre de 2016 pagar 40 millones de euros pendientes en ayudas a la vivienda correspondientes a la Resolución 501, publicar una nueva orden de ayudas al alquiler social, publicar el anteproyecto de la Ley del Taxi, aprobar el plan director de Seguridad Viaria de la Comunitat Valenciana y presentar los Planes de Actuación Territorial (PAT) de las áreas metropolitanas de Castellón y Alicante-Elche.
Por ponerle un pero al departamento, la última iniciativa, la de los planes de actuación, se encuentra todavía en fase de redacción, si bien el departamento aseguró el pasado mes de diciembre que se presentará a lo largo del presente mes de enero.
De los ocho compromisos que adquirió en Morella, esta conselleria finalizó tan sólo tres al cumplirse el término impuesto. Con la lección aprendida, para Torrevieja redujo expectativas y se fijó cuatro metas. En plena crisis con el Consejo de Transparencia –sitiado en el interior del edificio de La Cigüeña, sede de la propia conselleria- el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha sido capaz esta vez de sacar adelante uno de los compromisos adquiridos, el resto continúan en el tintero.
Transparencia celebró el pasado 29 de noviembre unas jornada sobre Integridad Institucional en la Comunitat Valenciana. Un encuentro pionero en España que servía para que todos los agentes implicados en la lucha contra la corrupción pusieran en común sus experiencias para detectar los fallos en los controles del sistema. Actualmente se está realizando un informe para dirimir si darle continuidad en los próximos años a esta cita en la que pudieron reunirse desde representantes de órganos públicos como la Sindicatura de Comptes, Inspección de Servicios y Abogacía de la Generalitat, hasta técnicos de Hacienda, fiscales y jueces.
Por contra, la Ley de lobbies que obligará a los grupos de presión a estar inscritos en un registro público y que prevé sanciones para los altos cargos que se reúnan con alguno que no lo esté, todavía se encuentra en trámite en la subsecretaría de la Conselleria de Transparencia. La norma –al menos el anteproyecto- debía presentarse durante el segundo semestre del año, sin embargo, apenas ha superado la fase de borrador del proyecto. Por delante le queda un largo peregrinaje burocrático para salir adelante -aún debe pasar por comisión, por el Consell, el Consell Jurídic y Les Corts-. Y lo mismo ocurre con el diseño de un sistema estable de asesoramiento y formación para el tejido asociativo, que se encuentra en proceso de elaboración, como el IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, pensado para 2017-2021.
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sigue arrastrando los ambiciosos objetivos que se fijó hace un año en Morella, un total de diez leyes y dos decretos que llegaron a Torrevieja inmersos en su tramitación -a excepción de dos iniciativas: el Proyecto de Ley de Pesca Marítima y Acuicultura y el Decreto de Declaración de Parajes Naturales Protegidos-.
De aquellos compromisos -hasta donde ha podido comprobar este diario a partir de las publicaciones oficiales del departamento- siguen todavía pendientes la Ley de Integración Ramadera, la Ley de Agentes Medioambientales, la Ley de la Caza Sostenible, y la 'Ley Forestal y Decreto del Plan de Acción Territorial Forestal' (Patfor). Por contra, sí ha logrado aprobar o avanzar de forma significativa en la Ley de Ordenación y Modernización de Estructuras Agrarias, la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, el Decreto de desarrollo de la Ley de Patrimonio Arbóreo Monumental y la Ley de Espacios Naturales Protegidos.
Por lo que respecta a los compromisos asumidos en Torrevieja para el segundo semestre de 2016, la Conselleria de Agricultura aprendió la lección y sólo se puso cinco objetivos, entre los que sólo constaba una ley, la de Protección Adicional del Territorio y el Medio Ambiente, cuyo anteproyecto se ha sometido a consulta pública.
También se fijó como objetivo la revisión y actualización de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2016-2020-2030, para la que se se constituyó una comisión de expertos el pasado mes de noviembre; y a la ejecución de un Plan de Fomento de la Producción Ecológica, que ya ha sido presentado.
Del Plan de Regulación del Uso del Fuego en el Medio Natural y del Plan Director del Cooperativismo Alimentario, dos iniciativas que planteó sacar adelante el pasado semestre, no han trascendido noticias.
La reapertura de RTVV, uno de los principales objetivos incluidos en la relación de compromisos del Consell para el segundo semestre de 2016, aún tendrá que esperar. Aunque la puesta en funcionamiento del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) ha supuesto algunos avances, la vuelta del servicio público sigue sin tener fecha.
También va con retraso la aprobación de la Ley de la Agencia Valenciana de la Innovación, cuyo proyecto se aprobó en verano, o el decreto para la creación del fondo autonómico de cooperación municipal que se está negociando con las diputaciones y que verá la luz este año.
Una de las divisiones más agitadas dentro de la Conselleria de Presidencia durante el semestre del año ha sido al área de Emergencias. El departamento no solo ha tenido que enfrentar numerosos imprevistos, sino que además ha acometido su propio nacimiento como organismo autónomo gracias a la Ley de Creación de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. El texto, que ya ha sido debatido en pleno, significará un nuevo escenario para la gestión, coordinación y actuación en materia de emergencias, en la medida que crea un departamento con competencias y recursos.
Por otro lado, cuando parecía que lo peor había pasado con la extinción de los grandes incendios del verano, un gran temporal de lluvias azotó la Comunitat en diciembre. Esto ha obligado a la Agencia a prestar especial atención al estado de carreteras, colegios y ciudadanía. No obstante el gran apunte del seminario de Torrevieja en este ámbito era la elaboración de un Decreto del Reglamento del Voluntariado de Protección Civil, así como la creación del registro de los servicios adscrito. Una cuestión que, el 21 de diciembre, fue informada positivamente por la comisión correspondiente.
En Presidencia también está abierto el frente de Turismo, donde andan ultimando promesas de Morella, seis meses antes, como aprobar la nueva ley que todavía está en fase de borrador y no ha pasado por Les Corts para ser aprobada a pesar de que presidencia se fijó como plazo el pasado mes de octubre. Sin embargo, sí que han cumplido otras como la aprobación del Decreto de coordinación de diputaciones respecto a la Política Turística.
En este nuevo seminario, la misión era crear un programa de aceleración empresarial de pymes turísticas y acceso de emprendedores al mercado del turismo que estaría disponible dentro de cada Centro de Turismo y que ha sido anunciado en varias ocasiones, por lo que a priori ha ido incorporándose a los centros.
El año para Igualdad ha empezado agitado con la marcha de la secretaria autonómica Sandra Casas, a quien no le daba el tiempo para hacer todo lo necesario para poner al día el departamento. Respecto a Morella, se han cumplido objetivos como aprobar la Ley Integral de Transexualidad, la puesta en marcha de las Oficinas de Atención a Personas Migrantes, un plan de intervención sobre diversidad sexual en las escuelas e institutos, la puesta en funcionamiento de la Comisión delegada del Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, la creación de una comisión valenciana de tutelas que elabore un nuevo modelo de gestión de tutelas y la puesta en funcionamiento de un plan de emancipación y acompañamiento para personas jóvenes extutelados de la Generalitat.
Otras aún están en proceso, como la Ley de Juventud y Adolescencia, que finalmente ha sido dividida en dos, la ley de juventud, que está en tramitación, y la ley de Infancia y adolescencia, que todavía no se ha iniciado o el tercer Plan Integral de familias, infancia y adolescencia, entre otros.
Torrevieja también puso el listón alto. La primera tarea en la lista era la elaboración de una nueva Ley de renta garantizada de ciudadanía que promoviera “una inserción real”. A principios de diciembre se presentó el borrador. Entre las novedades, poder demandarla a partir de 18 años o si no se llega al salario mínimo interprofesional.
Otra de las misiones era la elaboración y firma de un Pacto valenciano para la atención integral, social y sanitaria a personas con trastorno mental grave. En este sentido, a mediados de diciembre, Oltra y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, rubricaban un acuerdo para trabajar de forma conjunta en el diseño del documento. A mitad de labor también se encuentra la creación de una Red de atención social integral a las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, aunque la orden salió a información pública en julio, fue bastante criticada por las asociaciones al creer que no difería en gran medida a lo que estaba haciendo el Partido Popular.
Por otro lado, aunque el programa JOOP-Joven Oportunidad aparece vinculado en alguna población, en el caso del dirigido al acompañamiento para mujeres jóvenes desempleadas en garantía juvenil en 19 municipios valencianos para dar orientación, mejora de las habilidades personales o motivación personal.
La Conselleria de Justicia que dirige la socialista Gabriela Bravo llegó a Torrevieja con dos objetivos pendientes de los cinco que se puso en Morella: el decreto para la creación de Oficinas de Atención a Víctimas del Delito, que fue aprobado finalmente en noviembre; y el Decreto del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, que está apunto de ver la luz -según fuentes del departamento-.
De aquellos compromisos de hace un año también está por materializarse la creación de la nueva Ley Electoral Valenciana, iniciativa que finalmente fue asumida por Les Corts Valencianes, prolongando todavía más su retraso.
En Torrevieja fueron cuatro los objetivos que se puso para la segunda mitad de 2016. Dos de ellos, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y la presentación del Plan Estratégico de Recursos Humanos, se materializaron los pasados meses de noviembre y diciembre, respectivamente.
Los otros dos restantes, el anteproyecto de la Ley de Mediación y el anteproyecto de la Ley de Función Pública, se esperan para el próximo mes de enero. Posteriormente deberán ser remitidos al CJC y al pleno de Les Corts.
La Ley del Sector Público sigue siendo la gran asignatura pendiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. La incluyó hace un año entre sus objetivos de Morella y el pasado verano, en Torrevieja, la volvió a situar en la casilla de salida con la intención de aprobarla antes de final de año, pero sigue en fase de borrador. El único avance en ese sentido ha sido el decreto de limitación y regulación de los sueldos de altos cargos en las empresas públicas, que se aprobó en pleno verano.
En el segundo seminario del Consell, el departamento que encabeza Vicent Soler se propuso como objetivos para el semestre elaborar una nueva Ley de Hacienda pública valenciana y aprobar el proyecto de una nueva Ley de Tasas, pero Hacienda, que rehúsa valorar el cumplimiento de objetivos hasta el próximo encuentro en Sagunto, no ha informado de que ninguna de las dos se haya concretado, como tampoco la Ley del Juego.
Tampoco consta que se haya aprobado la comisión de optimización de los fondos y programas europeos que se incluyó como objetivo para el pasado semestre ni el plan del IVF contra la exclusión financiera en coordinación con las diputaciones provinciales, que está en fase de elaboración.
El futuro Banc de la Generalitat, como parte de la reestructuración del Instituto Valenciano de Finanzas, ha logrado algunos avances como la convocatoria de nuevas líneas de financiación.
Otro de los objetivos fijados en Torrevieja, el del desarrollo de la administración electrónica, se concretó a punto de acabar el año con la presentación del la Plan Estratégico de la Generalitat en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Información elaborada por Dani Valero, Marta Gozalbo, Xavi Moret, Estefanía Pastor, Almudena Ortuño y Eugenio Viñas.
