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Informe de la UCO en el 'caso taula'

Barberá gastó en 'B' un tercio del presupuesto de todo el PP para las municipales de 2007

El partido de Barberá consiguió más de tres millones de euros en negro mientras que el PP destinó a las elecciones municipales en toda España nueve millones y medio

11/09/2017 - 

VALÈNCIA. El sistema recaudatorio del grupo municipal del PP de València alcanzó su cúspide en 2007. Ni más ni menos que logró ingresar en B el 35% de todo el dinero que el PP nacional destinó a las elecciones municipales y autonómicas de ese año, tal y como se puede ver en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) hecho público este pasado viernes.

Tres millones de euros en negro fue la cantidad total de dinero que consiguieron los populares, según se desprende de los papeles de la empresa Laterne Product Council (LPC) encargada de gestionar la campaña electoral de Rita Barberá, cuando el presupuesto del PP para toda España era de un poco más de nueve millones y medio.

Para los agentes, "en cuanto a los trabajos a desarrollar con motivo de la campaña electoral del año 2007 propiamente dicha, las pretensiones existentes fueron ciertamente ambiciosas desde un primer momento". Y explican que para apreciar la dimensión de la misma "basta con comparar los presupuestos iniciales que se manejaban", en torno al millón de euros ampliables en función de las necesidades, llegando finalmente a superar los dos millones y medio de euros, con los  gastos electorales declarados para toda la provincia de Valencia por el administrador de la candidatura que fueron de 133.762,76 euros. 

"También resulta significativa en comparación con el total de gastos electorales, 9.573.509,75 euros declarados en el ámbito nacional por el Partido Popular con motivo de las elecciones municipales del año 2007.

Para que la entrada de capital en negro pasara desapercibida se utilizó presuntamente la empresa LPC que, junto con sus empresas pantalla, eran las encargadas de recibir el dinero de los donantes, en su mayoría empresas contratistas del Ayuntamiento, a las que hay que sumar varias fundaciones públicas. Dichas empresas y fundaciones supuestamente habrían contratado 'un servicio de comunicación y publicidad' a LPC, pero en realidad los investigadores creen que nunca se llegaron a materializar los contratos, que simplemente se simularon para poder justificar la entrada de dinero en caso de una inspección de Hacienda.

Además de lo  anterior, el informe explica que "la investigación  desarrollada revela que en esta ocasión incluso se llegó a materializar otra conducta tendente a lograr si cabe un mayor ánimo de ocultación". La misma se tradujo en que "desde la empresa LPC fueron transmitidas instrucciones concretas a los proveedores contratados para que modificasen los  conceptos de las  facturas  emitidas, al objeto de eliminar, cualquier alusión a la campaña electoral así como a personas relacionadas con el Partido Popular y tratar con ello de ocultar más aún la  verdadera naturaleza electoral del gasto".

Ese era otro modo de evitar que nadie supiera en qué se había gastado realmente el dinero. Con lo que no contaban es con el hecho que un trabajador se guardara toda la documentación original, tanto las facturas con referencias al PP y a la campaña, como las modificadas, así como parte del libro mayor de la empresa. Y mucho menos se esperaban que ese trabajador pusiera esa documentación en manos de Valencia Plaza y que, como es lógico, este periódico lo entregara a la Fiscalía Anticorrupción.

A partir de este lunes comienza la recta final de la pieza A de la Operación Taula, la que ha supuesto la caída del PP de Valencia. En los próximos días el magistrado citará a declarar a los testigos, así como al ex vicealcalde Alfonso Grau, y a la secretaria Mari Carmen García-Fuster, piezas clave en esta última fase de la investigación. Se prevé que la causa pueda estar terminada de instruir a finales de año o principios del 2018.

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