Ana Barceló, este martes. Foto: EFE/MANUEL BRUQUESanidad sí pondrá la segunda dosis a los vacunados irregularmente, por indicación del Comité de Bioética
VALÈNCIA. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, compareció este martes en rueda de prensa para explicar distintas cuestiones de actualidad relacionadas con el coronavirus. Una de ellas, la que encabezó su comparecencia, fue la investigación relacionada sobre las posibles vacunaciones irregulares en la Comunitat Valenciana que, según la responsable socialista, afectarían a 62 personas.
Sobre esto, la dirigente autonómica recalcó que desde la conselleria se había puesto la lupa en 233 casos en los que había sospecha de una vacunación indebida, si bien gran parte de ellos se habían desechado hasta llegar la cifra anteriormente mencionada. Entre esos casos, Barceló destacó una decena relacionados con alcaldes y concejales -la mayor parte ya conocidos- y el del ya ex fiscal jefe de Castellón, también hecho público. La única novedad fue la del alcalde socialista de Benlloc, Àngel Ribes.
No obstante, donde la consellera pasó de puntillas fue en la investigación relacionada con el orden de vacunación dentro de los departamentos de salud. Es decir, las alteraciones dentro del orden establecido en el protocolo del ministerio respecto a los grupos integrados en la primera etapa de vacunación. Tal y como informó este diario, muchos sanitarios de primera línea no han recibido todavía la primera dosis mientras a otros de sus compañeros -administrativos, informáticos o liberados sindicales que no trabajan cara al paciente- sí les ha sido suministrada.
La propia Barceló deslizó que la conselleria considera a todos estos trabajadores dentro de la primera etapa, que tenía cuatro grupos que debían recibir la vacuna por orden, por lo que evidenció su nula intención de profundizar en los motivos por los que se han producido estos graves desajustes que hacen que, un mes después, trabajadores de primera línea frente a la covid -grupo 2 de vacunación-, continúen desprotegidos, mientras otros de los grupos 3 y 4 ya están vacunados.
Una situación, cabe recordar, agravada por el frenazo de envíos de vacunas de Pfizer a mediados de enero, lo que trastocó el calendario de vacunación de la Generalitat. De hecho, unos 6.000 mayores del grupo 1 -los que viven en residencias- y el personal que los atiende también están a la espera de recibir la primera dosis.
De las palabras de la consellera se entendió que el control en mantener el orden de vacunación establecido dentro de los centros sanitarios no fue riguroso, dado que el plan iba dirigido a que todo el personal recibiera fármaco en un breve espacio de tiempo. El problema surgió cuando se paralizaron los envíos y muchos de los departamentos quedaron a medio vacunar y, en muchos casos, los que han permanecido sin inmunizar son, precisamente, los que en mayor medida se enfrentan al coronavirus cara a cara.
"Inicialmente se han estudiado 233 casos cuya vacunación podían ser objeto de análisis por no ajustarse aparentemente a los grupos de riesgo correspondientes que estaban contemplados en la primera etapa de vacunación en la estrategia aprobada en el Consejo Interterritorial. De estos, un total de 171 están justificados por haberse administrado la primera dosis de vacunas a personas bien del grupo siguiente o bien del grupo de riesgos justificados, pero todos ellos dentro de la primera fase", explicó la consellera al inicio de su intervención.
Una exposición que arroja diversas dudas sobre la mesa, especialmente en lo que se refiere al control entre los grupos de la primera etapa y en concreto a los que trabajan dentro de los centros sanitarios. Según la primera actualización de la citada estrategia -previa al inicio de la vacunación-, en el grupo 2 se encuentran los sanitarios de primera línea -u otro tipo de personal- que trabajan "de cara al paciente", mientras que en el grupo 3 figuran "otro tipo de personal sanitario". Es decir, desde la conselleria se ha dado por buena la vacunación de trabajadores que no figuraban en primera línea a pesar de no haber concluido con los del grupo 1.
Este martes, Valencia Plaza publicaba que algunos liberados sindicales recibieron a principios de enero la primera dosis de la vacuna antes que sus compañeros que combaten en primera línea contra la covid, englobados en el grupo 2 de vacunación y que tienen preferencia sobre el resto de sanitarios. De hecho, como se apuntaba, algunos sanitarios de primera línea continúan un mes después sin recibir la primera dosis.
Barceló, preguntada por este diario, responsabilizó a los departamentos, a los que, según aseguró, se envió el número de dosis que habían solicitado. En cuanto a los liberados sindicales, no se contemplaron como posibles vacunaciones irregulares en caso de haberse vacunado antes que los del grupo 2, probablemente por ser personal médico, al contrario que otros trabajadores de los hospitales, como los administrativos o los informáticos.
A pesar de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, había dado la orden de no administrar la segunda dosis a aquellos que se habían vacunado de forma irregular sin estar entre los colectivos del primer grupo de vacunación, finalmente la Conselleria de Sanidad seguirá las recomendaciones marcadas por el Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana.
En este sentido, se les administrará la segunda dosis cuando haya concluido los grupos de riesgo establecidos y, en todo caso, a las seis semanas de la primera, plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Además, el Comité también recomienda en su informe que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que administrativa y políticamente correspondan y señalaba que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno.
Mientras, Barceló informaba de la solicitud a Salud Pública de la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para "acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso". También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.
