Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. En la segunda actualización de la Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España elaborada por el Ministerio de Sanidad y hecha pública el 21 de enero se detallaba qué grupos debían recibir la dosis en la primera etapa: residentes y personal sanitario y sociosanitario en esos centros; personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; otro personal sanitario y sociosanitario, y personas consideradas como grandes dependientes.
En ninguna de estas categorías, que se describían ampliamente en el documento, aparecían los liberados sindicales de la Sanidad pública, que son varios cientos, la mayoría de los cuales no presta ninguna asistencia sanitaria ni está expuesta al peligro que corren sus compañeros porque se dedican a labores sindicales. Sin embargo, según ha podido saber este diario, numerosos de ellos fueron vacunados con la primera dosis antes que otros sanitarios que atienden en primera línea a enfermos de covid.
Ocurrió durante las primeras semanas de enero, cuando en varios departamentos se incumplieron las directrices que se habían marcado desde el Ministerio de Sanidad con el acuerdo de las Comunidades Autónomas. Cerca de 200 personas fueron vacunadas cuando no les tocaba, según afirmó Ximo Puig, pero solo salieron a la luz los nombres de algunos alcaldes -El Verger, Els Poblets, La Nucía, Rafelbunyol- y concejales y el del fiscal jefe de Castellón, que dimitió.
La Conselleria de Sanidad anunció el pasado 14 de enero la apertura de una investigación, pero casi tres semanas después no se conoce nada de ella ni se ha tomado ninguna medida disciplinaria. Sí se ordenó, primero por parte de Puig y después por parte de la consellera Barceló, que no se administrara la segunda dosis a quienes presuntamente la recibieron de forma irregular -ya la deberían haber recibido-, sin que se conozca a cuántas personas afecta la medida más allá de los citados cargos políticos y el fiscal.
Al margen de la interpretación creativa que se pueda realizar del documento que fijaba el orden de vacunación, desde la Conselleria de Sanidad que dirige Ana Barceló admiten que, a priori, los liberados sindicales sanitarios, aun acudiendo al hospital, no se encontrarían dentro del grupo 2 de prioridad ni en el grupo 3 (otro personal sanitario y sociosanitario).
El problema es complejo. Desde la Conselleria de Sanidad aseguran que se solicitó a los distintos departamentos de salud que informaran sobre la cantidad de existencias que necesitaban para vacunar a la primera línea. A partir de ahí, una nebulosa envuelve cómo se dirimió el proceso en las citadas áreas: algunas direcciones fueron más estrictas en la solicitud a la hora de ajustarse al protocolo y, en otras, se fue más laxo. O lo que es lo mismo: "Se vacunó hasta el jardinero si pasaba por allí", comentó gráficamente a este diario un sanitario, que añadía además cómo personal de administración o informáticos habían recibido la primera dosis en su departamento.
Fuentes sindicales de varias organizaciones preguntadas no concretaron a este diario cifras sobre los liberados vacunados, pero incidían en que los que ya habían recibido la primera dosis era porque figuraban en la lista del departamento o incluso habían recibido la llamada del mismo. Sobre esto, defendían que la "gran mayoría" de los liberados acuden regularmente a sus centros -donde tienen despachos- y, aunque no se dediquen a atender a pacientes, suelen moverse por todo el recinto sanitario, por lo que son susceptibles de riesgo y pueden ser un vector de contagio.
Más allá de esta cuestión, no contemplada en la estrategia elaborada desde el ministerio, el descontrol sobre el orden de vacunación parece evidente. O la Conselleria de Sanidad falló en los mecanismos para garantizar una seguridad estricta y una eficiencia máxima en el proceso, o los departamentos supieron burlar -ya fuera voluntaria o involuntariamente- los órdenes establecidos. La consecuencia es que, a día de hoy, hay sanitarios de primera y segunda línea que no tienen cita para vacunarse mientras otros que no corren el mismo peligro lo están hace semanas.
Bien es cierto que uno de las principales causas que ha destapado esta irregularidad radica en el atasco de Pfizer en el envío de dosis. Si las vacunas hubieran llegado cuando estaba previsto, el alto ritmo de administración se habría mantenido y la injusticia habría sido cuestión de días y no de semanas. Sin embargo, ha pasado más de un mes desde el inicio de la vacunación y muchos sanitarios de primera línea siguen sin recibir la primera dosis o la están recibiendo esta semana cuando saben que a otro personal de menor riesgo sí le fue administrada. El malestar crece.
En medio de los rumores sobre la vacunación de los representantes de los trabajadores, este lunes el sindicato UGT-PV hizo público un comunicado en el que informaba de que el 25% de sus liberados de Sanidad se habían reincorporado "para luchar contra la covid" desde que el pasado mes de noviembre ofreció a la conselleria esta posibilidad.
En esta nota, se recordaba que hace dos meses el sindicato ofreció a la conselleria la reincorporación de sus liberados siempre que no existieran parados en la bolsa a los que recurrir. Otra organización, Intersindical, salió al paso en Twitter para puntualizar que desde "el primer momento" de la pandemia "todos los sindicatos de la sanidad valenciana, "pusieron a disposición de la conselleria y los departamentos de salud las personas liberadas".
Sin embargo, este periódico ha solicitado reiteradamente desde abril -la última vez, este lunes- información sobre el número de liberados reincorporados, sin que nunca fueran facilitados por los sindicatos ni por la Conselleria de Sanidad, al contrario que en otras CCAA, donde la administración sí ha sido transparente.
Tampoco se quiso -o pudo- concretar desde la Conselleria de Sanidad el número de liberados sindicales que han recibido la vacuna; ni el número total ni si ese 25% de reincorporados de UGT están vacunados. Un gesto sindical este último que, aunque loable dada la insuficiencia de personal existente, queda empañado por la falta de transparencia sobre la vacunación a la que todos los actores están contribuyendo.