Benimaclet vuelve a tensar la cuerda entre Compromís y PSPV

VALÈNCIA. El desarrollo urbanístico del barrio de Benimaclet se ha convertido en una patata caliente del Ayuntamiento de València. Las diferentes visiones de ambos socios de Gobierno, Compromís y PSPV, en conjunción con los intereses de los promotores urbanísticos, que lidera Metrovacesa, convierten el PAI de Benimaclet en un tira y afloja constante y pendular, de cadencia intensa pero irregular. Una cuerda que se tensa cada cierto tiempo, recordando que sigue sin haber una solución clara para este trozo de ciudad, en donde el proyecto de la compañía plantea 1.345 viviendas. 

La última vez, esta semana, cuando la coalición que lidera el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, presentó a los vecinos su propuesta unilateralmente, que no por repetir la postura que ha mantenido Compromís en los últimos años gozaba de menor interés: dirige la concejalía de Urbanismo la portavoz socialista, Sandra Gómez, pero Compromís reivindica su voz en este proceso. El planteamiento de los valencianistas, llevado a las asociaciones vecinales a través del edil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, y la diputada de Les Corts -y secretaria general del Bloc en València-, Papi Robles, fue contrarrestado por un comunicado de Gómez a la mañana siguiente.

Esta polifonía no hace más que evidenciar todavía la falta de un proyecto común que ambos socios prometieron en verano. "El proyecto de Metrovacesa en Benimaclet no nos gusta, ni como alcalde ni como grupo Compromís. Pensamos que se debe modificar". Fueron las palabras pronunciadas por el primer edil sobre el desarrollo urbanístico de Metrovacesa en estos terrenos. Ribó reclamaba reclasificar la zona centro, donde se encuentran ahora huertos urbanos, para mantenerlo. Para el alcalde era "imprescindible" este punto. Y dijo que la decisión final sobre las modificaciones a implementar en la propuesta de los promotores estarían consensuadas con el PSPV. Algo que, por el momento, no parece estarlo.

Era esto, a la postre, un freno al proyecto, dado que está pendiente que el consistorio nombre de manera formal a Metrovacesa agente urbanizador de este sector, pues al 40% de terrenos que controla ha conseguido sumar a pequeños propietarios de suelo hasta alcanzar el 50% que requiere para adquirir tal condición. Tan solo quedaría la adjudicación formal, un trámite que, hasta que no se aclare el proyecto, sigue pendiente. Desde aquellas palabras del alcalde, la promotora y la concejalía de Urbanismo han estado manteniendo una serie de reuniones para ‘destensar’ la situación. Eso sí, encima de la mesa no se ha planteado en ningún momento la posibilidad de reducir la edificabilidad del proyecto ni de desclasificar el suelo.

Y es que, según señala Metrovacesa, el proyecto actual surge de un procedimiento participativo que integra todas las necesidades y peticiones planteadas por los vecinos en su momento. Un proceso que viene de lejos y en el que desde el consistorio nunca han puesto ningún reparo. Por tanto, la compañía ya subrayó hace unos meses que una potencial desclasificación del suelo "no sería viable" ni estaría "en absoluto justificada" porque, para ello, habría que alterar la clasificación actual y revisarse la totalidad del Plan General de Ordenación Urbana de València.

En caso de que el Ayuntamiento modificara el PAI, la compañía cifró en 50,8 millones la indemnización que exigiría al consistorio, en base a un informe encargado al catedrático de Derecho Administrativo José María Baño. Otros estudios de la Universitat de València y la Associació Veïnal de Benimaclet rebajan estos cálculos a 11,49 millones el coste al erario municipal. Como ya asegurara hace unos meses, la empresa está "abierta a estudiar la mejora de la integración del proyecto con la huerta y el barrio de Benimaclet conforme a los parámetros urbanísticos vigentes y ratificados por el consistorio en los últimos años". Aunque reducir la edificabilidad o desclasificar terrenos no está entre sus opciones. 

Así, mientras se suceden encuentros entre Urbanismo y la empresa, Compromís abogó por presentar a los vecinos una propuesta alternativa que mantiene la huerta existente y plantea la desclasificación de un tercio del terreno". Pero además, es una idea de gestión directa del desarrollo urbanístico. Es decir, que sea el Ayuntamiento el encargado y no el promotor privado. Asimismo, la coalición liderada por Ribó reduce edificabilidad con una mezcla de tipología de viviendas "que introduzca casas de pueblo a continuación de la trama urbana del casco antiguo de Benimaclet".

Esta idea pasa por que un tercio sea para red primaria-ronda (porque ya existe); un tercio, para suelo urbanizable programado, y el otro tercio, para huerta. Por lo tanto, "el sector se redelimita y bajan los costes de urbanización, con lo cual el promotor continúa manteniendo beneficios, se minimiza el coste para el Ayuntamiento y el vecindario sale ganando con huerta que, de hecho, ya están cuidando".

Por su parte, preguntada al respecto por este diario fuentes de la promotora, evitaron pronunciarse al respecto e insistieron en que en siguen en contacto con el consistorio en aras de llegar a un entendimiento.

Gómez responde que es "una irresponsabilidad"

Ante la propuesta, la vicealcaldesa y edil de Urbanismo respondió que "Benimaclet necesita una escoleta pública, un gran parque, el campo de fútbol, un polideportivo" y que la alternativa de la coalición valencianista supone "privar a los vecinos y vecinas de todas estas dotaciones públicas". En este sentido señaló que, además de todo ello, es una "irresponsabilidad" porque la desclasificación de terrenos supondría una indemnización que "podría superar los 50 millones de euros".

Sobre el modelo de viviendas que Compromís propone como transición entre el barrio y la huerta tras la Ronda Norte, Gómez lo enmarcó dentro de "modelos elitistas que gentrificarían el barrio, depredadores del territorio, insostenibles, que no contemplan dotaciones públicas y que, por lo tanto, expulsan a las familias trabajadoras". Y frente a él, según dijo, se está trabajando en un proyecto con Metrovacesa con "vivienda accesible" y que garantice el acceso a la vivienda de familias y colectivos vulnerables.

"Cualquier urbanista e incluso la ONU deja claro que tenemos que huir del modelo de unifamiliares -el de Estados Unidos- que depreda territorio, que es insostenible, que genera más contaminación y responde a criterios del siglo pasado", concluyó Gómez.