Figuración del proyecto de Metrovacesa en BenimacletVALÈNCIA. 50,9 millones de euros. Esa es la indemnización que reclamará la promotora Metrovacesa al Ayuntamiento de València si atiende las peticiones de algunos colectivos en su intento por frenar su proyecto en Benimaclet, en los terrenos que lindan con la Ronda Nord. Un desarrollo urbanístico que prevé la construcción de 1.345 viviendas y que ha generado división entre parte de los vecinos agrupados en la plataforma Cuidem Benimaclet. Pese a todo, la promotora ha seguido adelante y amenaza con una compensación millonaria si el consistorio da un paso atrás y tumba su propuesta.
Desde hace tiempo, la plataforma vecinal ha llevado a cabo acciones para que el consistorio de Joan Ribó reconsidere la urbanización de la zona, pidiendo la desclasificación de los terrenos por "razones ecológicas, económicas y sociales", o la reducción de las viviendas proyectadas. Incluso, en colaboración con un grupo de expertos de la Universitat de València y la Associació Veïnal de Benimaclet, presentaron un informe que proponía desclasificar el suelo de urbanizable a rústico de manera que no fuera posible el desarrollo urbanístico, una alternativa que, según sus cálculos, supondría para el Ayuntamiento un coste de 11,49 millones de euros en indemnizaciones a los propietarios. Pero la compañía eleva esta cuantía a 50,8 millones.
Mientras las críticas se sucedían, la promotora se mantenía en silencio dando los pasos urbanísticos pertinentes y contestando con mutismo a las manifestaciones en su contra. Hasta hace unos meses, cuando salió en defensa de su propuesta alegando que parar el PAI supondría la "degradación de la zona". En paralelo, encargaba un informe al catedrático de Derecho Administrativo José María Baño para contrarrestar las críticas y rebatir los argumentos de sus detractores ante el temor de que el consistorio ceda a la presión vecinal.
El documento, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, recuerda que hace dos años el consistorio valenciano aprobó en el pleno municipal la estrategia integral participativa del barrio de Benimaclet, para el que Metrovacesa presentó un programa para urbanizar la zona siguiendo los cauces legales. "Ese programa se ajusta plenamente a los criterios de planeamiento que se establecieron en la estrategia integral para Benimaclet aprobada por el Ayuntamiento", incide el documento.
Subraya, además, que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988 consideró que dichos terrenos debían formar parte del suelo urbanizable y contribuir al desarrollo de la ciudad. Y, por otro lado, recuerda que los propios planes de acción territorial aprobados por la administración autonómica "en ningún momento señalan que los terrenos de Benimaclet sean dignos de protección". Rebate así uno de los argumentos esgrimidos por Cuidem Benimaclet, que alude a criterios ambientales para rechazar la urbanización de la zona, tal y como plantea la compañía. "El Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia de 2018 no ha considerado en ningún momento que los terrenos sean dignos de protección", subraya el informe.
En concreto, el proyecto se asienta sobre el Sector 4-PRR "Benimaclet" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una superficie de 269.775 metros cuadrados, de los cuales se destinarán a usos públicos el 82% (equivalente a 220.217 metros cuadrados) y el 18% restante (49.478 metros cuadrados) se destinará a uso terciario y residencial. De estos últimos, el 10% se cederá al Ayuntamiento de València.
El catedrático señala que "como toda potestad pública de ordenación, el planeamiento urbanístico está sujeto a cambios" y, "nadie puede discutir que un Ayuntamiento pueda modificar el Plan general", pero se muestra contundente: "La discrecionalidad de la Administración al modificar el planeamiento nunca puede amparar una actuación arbitraria, estando sometida al principio de racionalidad". Es, por por tanto, este principio el que, a su juicio, "impediría la hipotética modificación del planeamiento o la reducción de la edificabilidad porque carecería de cualquier justificación objetiva y razonable, salvo que se quisiera cambiar totalmente el modelo urbanístico del PGOU".
También rechaza Baño la posibilidad de reducir el aprovechamiento o una desclasificación del suelo por criterios medioambientales, ya que, "tanto la revisión del PGOU de València como el plan de la huerta concluyeron que los terrenos no tenían valor alguno digno de protección" y, por tanto, hacerlo en base a estos preceptos sería "incurrir en arbitrariedad", sostiene. "Si la corporación local optase por desclasificar o disminuir el aprovechamiento, se requeriría una revisión del PGOU en su integridad", defiende.
Por tanto, concluye que llevar a término estas pretensiones supondría indemnizaciones a los propietarios de los suelos que podrían suponer para las arcas municipales el desembolso de 50.899.650 euros, una cifra superior a los 11 millones que la plataforma estima que costaría la reversión.
Desde Metrovacesa han rechazo en varias ocasiones las críticas. Hace unos meses aseguraron que desclasificar el suelo "dejaría los terrenos en estado de degradación y agravaría la escasez de oferta de vivienda nueva en València". Asimismo, descartan la posibilidad de reducir la edificabilidad, pasando de las 1.345 viviendas proyectadas a 400 inmuebles, como pide la plataforma, al considerar que es una opción "inviable porque compromete la seguridad jurídica y económica del proyecto".
De hecho, el proyecto sigue los trámites urbanísticos pertinentes a la espera de que se apruebe la alternativa técnica del PAI, que incluya el nuevo planeamiento que proponen, y el proyecto cuente con el informe ambiental favorable. También está pendiente la reparcelación de la zona, esto es, un plan para que ese suelo sea apto para ser edificado. La previsión es que el suelo tenga carácter finalista en 2021, con el objetivo de iniciar las obras a finales de ese año o bien a principios del 2022.
