MADRID. Al blockchain se le conoce como la cadena de bloques, un intrincado tecnológico difícil de explicar y entender para un profano. También es habitual compararlo con un libro mayor de contabilidad digital que comparte toda una comunidad global. Su principal virtud sería la capacidad de descentralizar servicios y prescindir de intermediarios tradicionales como han sido, hasta ahora, el notario que da fe de una propiedad o el banco que atestigua que has hecho una transferencia o que el dinero que depositas en la cuenta es tuyo.
En el entorno digital la desconfianza no desaparece, pero esa mediación delegada en determinadas entidades o profesionales la traslada el blockchain a miles de ordenadores que comparten el mismo fichero. Si alguno de los integrantes de la comunidad hace un asiento en ese gigantesco libro lo registran todos de forma sincronizada. A partir de ahí, nada se discute porque el libro es inalterable sin la supervisión y el consenso de la comunidad. Solo se puede añadir, no borrar ni modificar. Mentir requeriría la complicidad de un elevado número de miembros de la comunidad. Tampoco en esto hay variación con el mundo físico.
El primer caso del uso del blockchain se produjo en el entorno financiero, con la aparición de las criptomonedas o criptodivisas. La primera que empezó a operar fue el bitcoin (2009), pero, desde entonces, se ha producido la sucesión de otras muchas con diferentes características y protocolo como Litecoin, Ripple o Ether.
A ésta última plataforma, a Ethereum, hay que agradecerle la aparición de otra novedad en el entorno blockchain: el nacimiento de los smart contracts, también conocidos como contratos inteligentes. La letrada Sonia Vázquez, de Écija Abogados, los define como “scripts escritos en lenguaje de programación cuyas líneas de código reemplazan a las cláusulas y términos de un contrato tradicional. Se ejecutan de forma automática, sin que medie un tercero entre las partes”. Es decir, que no hace falta la supervisión de un abogado porque el programa informático facilita el cumplimiento sistemático de las cláusulas recogidas en el contrato legal.
Cierto que, en la práctica, el uso de los contratos inteligentes es aún muy limitado, entre otras cosas por un vacío legal y la ausencia de estándares aplicables. No obstante, las expectativas a futuro son grandes por su potencial en áreas como la gestión de derechos de autor, transferencias de derechos y obligaciones, automatización de herencias y donaciones o logística, entre otros, afirma la abogada.
También la startup Stampery nació con la vocación de “mandar a los notarios de vacaciones”. Stampery es un sistema de certificación informática de alta seguridad para archivos digitales y correos electrónicos. Luis Iván Cuende, uno de sus fundadores, es un entusiasta defensor del blockchain en cuyas oportunidades ve toda una revolución. Desde su punto de vista, la cadena de bloques sería extensible a áreas como el Internet de las Cosas (IoT) “con un montón de maquinitas pequeñas dispersas que son sencillas de atacar” o en el terreno de la energía donde vaticina que, en un futuro, podríamos enviar la energía que generamos a cualquier persona en cualquier parte del mundo.
La fe de Luis Iván Cuende en la tecnología blockchain le ha llevado al reciente lanzamiento, junto a Jorge Izquierdo, de un nuevo proyecto, el denominado Aragon. Si con Stampery era a los notarios a quienes llamaba a desaparecer, la amenaza con Aragón se dirige a los cargos intermedios y directivos de las corporaciones empresariales. Aragon es un proyecto que busca eliminar a los intermediarios en el proceso de creación y mantenimiento de empresas y organizaciones, una plataforma de gestión descentralizada. “Aragon es una forma de que la gente pueda crear empresas u organizaciones que no estén localizadas en ningún país en concreto, sino en Internet”, dicen. Las empresas registradas en la plataforma podrían levantar financiación, pagar nóminas, llevar la contabilidad, hacer movimientos con otras compañías y repartir dividendos.
De momento, Aragón es sólo un proyecto en fase beta. Para financiar su desarrollo han recibido ya 25 millones de dólares “en tan solo 15 minutos”, según algunas publicaciones. La forma de obtener el dinero ha sido a través de una ICO (Inicial Coin Offering), algo así como una ronda de financiación virtual donde, en lugar de dinero de curso legal reciben tokens (criptomonedas), que pueden ser intercambiados por ethers (moneda de Etherum) que, a su vez, se pueden canjear por dinero en efectivo.
Una plataforma similar a la que financia el proyecto Aragón es lo que ha puesto en marcha la startup española Icofunding. Fundada por Alejandro Gómez de la Cruz, Adrián Calvo, Carlos Kuchkovsky y Pablo Moreno de la Cova Icofunding provee de la tecnología necesaria para startups y empresas que desean obtener financiación a través de las ICOs, siglas que pueden traducirse al castellano como Oferta Inicial de Moneda. En la práctica, consiste en la financiación de proyectos empresariales, preferentemente de servicios, basándose en la preventa. Este novedoso procedimiento escapa a la Ley del Crowdfunding, un limbo legal que, en ocasiones, propicia la estafa.
“Se han dado casos de proyectos que han conseguido financiación para su desarrollo que luego han desaparecido”, reconoce Pablo Moreno. Para evitar la ciberdelincuencia, ellos dicen aplicar una meticulosa selección con los proyectos que listan en su plataforma. El primero de ellos corresponde a Flixxo, una startup de origen argentino que persigue acabar con la mediación de YouTube entre los anunciantes en la red, los usuarios y los proveedores de contenido gracias a su plataforma de distribución de vídeo descentralizada.
Flixxo comenzó su ICO el pasado 24 de octubre y, en apenas una semana, logró sobrepasar los dos millones de dólares en venta de tokens (en este caso Flixx). Aquellos que participan en la financiación, registran la propiedad de estos tokens en un contrato inteligente. Una vez lanzada la compañía, podrán optar por la especulación, conservando la moneda virtual en espera de que crezca o se deprecie la cotización de la nueva compañía, o bien disfrutar del servicio financiado. “Es parecido a lo que ha hecho Tesla. Hoy pagas una señal y dentro de dos años te envío el coche”, dice Pablo Moreno. Claro que Tesla, por ahora, solo hay una.
