El ministro Rafael Catalá y la líder del PPCV, Isabel Bonig, en el acto del Fórum Europa de este martes. EFEAdemás, el último posible avance a través de la Comisión Constitucional del Congreso fue cortada por Juan Ignacio Zoido (PP) dos semanas atrás
VALENCIA. La visita a Valencia del ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, dejó este martes un mensaje notablemente desesperanzador para los defensores del derecho civil valenciano y, en particular, para su compañera de partido y líder del PPCV, Isabel Bonig, quien además fue la encargada de presentarle en la conferencia pronunciada en el Fórum Europa.
Así, el todavía ministro aseguró que el Gobierno central no puede retirar los recursos interpuestos ante el Constitucional sobre las tres leyes valencianas porque supondría dejar de defender sus competencias y el interés general. "No hay ninguna objeción por parte del Gobierno actual en relación al fondo de la cuestión, sino que es un problema de competencias. Además, no se podría desistir de un recurso cuando se tienen todos los informes jurídicos", recalcó.
Unas manifestaciones las del ministro que llegan pocos días después de que se filtrara la resolución del Tribunal Constitucional que tumba la ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano. Un fallo -todavía no hecho público oficialmente- al que le seguirá el que atañe a ley de custodia compartida y a la de uniones de hecho.
De esta manera, Catalá apartaba de un plumazo la carta enviada días atrás por parte del jefe del Consell, Ximo Puig, a Mariano Rajoy en la que le solicitada la retirada de los citados recursos.
Sin embargo, la reivindicación no era únicamente del líder socialista. En las últimos meses, el PP también había pisado el acelerador para conseguir que el derecho civil valenciano saliera adelante, peleando incluso contra el Gobierno central de su mismo signo político, que se ha negado a retirar los recursos tal y como puso de manifiesto este martes Catalá. Cabe recordar, eso sí, que dos de los citados recursos se interpusieron por parte del Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el tercero de ellos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
En este sentido, en las últimas semanas, fue la propia Isabel Bonig la que trató de persuadir a sus compañeros de partido en Madrid de que hicieran esta concesión, unas gestiones llevadas a cabo concretamente con el equipo de la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría. Un esfuerzo, el de la líder del PPCV que, tal y como evidenció el ministro ayer, ha resultado baldío.
No es la única estocada propiciada por el PP nacional al derecho civil valenciano en las últimas semanas. Fuentes parlamentarias señalaron a este diario que el pasado 20 de abril se constituyó en el Congreso la Comisión Constitucional presidida por el popularJuan Ignacio Zoido, que expresó su criterio de no convocar ninguna reunión hasta que se concretase si habría algún pacto de gobierno.
En este caso, la portavoz del Grupo Mixto en la comisión expresó el deseo de que sí se convocara cuanto antes una sesión para abordar una propuesta de Compromís, un planteamiento que Zoido rechazó. Fuentes presentes en la reunión señalaron a este diario que otros portavoces mostraron su disconformidad por la posición del dirigente del PP, entre ellos PSOE y Podemos, si bien aclararon que no llegó siguiera a ponerse sobre la mesa la iniciativa concreta que deseaba plantear el Grupo Mixto que, precisamente, consistía en que el Congreso instara al Gobierno a que retirara los recursos contra el derecho civil valenciano. Una posibilidad que, pisando el acelerador según señalan desde Compromís, podría haberse concretado en una resolución del Congreso en pocos días antes de que se produjera la sentencia del Constitucional.
Las citadas fuentes señalan que Zoido moduló su postura en la reunión tras las quejas de diferentes portavoces, aunque se limitó a señalar que convocaría la comisión si se resolvía un acuerdo de gobierno, por lo que ni siquiera llegó a plantearse la proposición.
