El presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, llegando a la empresa este martes. Foto: ESTRELLA JOVER"¿Esas transferencias es porque estamos pagando los autobuses chinos?", preguntó la 'número dos' de la EMT tras percatarse de los pagos irregulares
VALÈNCIA. El nuevo capítulo sobre el fraude de cuatro millones perpetrado contra la EMT de València lo escribe quien fuera la jefa de Administración de la empresa, Celia Zafra, ahora despedida, en su declaración ante el los juzgados como investigada. Fue ella la que tramitó los ocho pagos a Hong Kong a instancias de unos presuntos defraudadores que se hicieron pasar por un abogado de Deloitte.
Para tramitar los pagos eran necesarias la firma mancomunada digital de dos de sus jefes de la EMT: el gerente, Josep Enric García, y la 'número dos', la jefa de Gestión María Rayón. Para superar esta barrera, los defraudadores convencieron a Zafra para que les enviara documentos de la empresa donde aparecían las rúbricas físicas de sus superiores, que más tarde la trama copió en las órdenes de pago.
Zafra remitió las mismas al banco y éste dio curso a las transferencias incumpliendo el protocolo de admitir sólo la firma digital. Todo sin que nadie conociera la operación más allá de la propia jefa de Administración. No obstante, cuando se hizo el segundo pago, el banco en cuestión, Caixabank, reparó en un detalle: la firma de la jefa de Gestión no coincidía con la del DNI.
Al menos eso es lo que dijo su subalterna, Celia Zafra, ante el juzgado este martes. Según ella, tres días después de que tuviera inicio el fraude, el 6 de septiembre, recibió una llamada de Caixabank, mediante la que le pedía que su superior, María Rayón, acudiera a las oficinas porque "su firma actual no coincide con la del DNI".
Siguiendo estas órdenes, Zafra advirtió a su superior por Whatsapp y Rayón contestó 'Ok', siempre según la declaración de la ya ex empleada. Con todo, Zafra dijo no saber a ciencia cierta si, después de avisar a su superior, ésta fue a las oficinas para corregir la salvedad. Eso sí, admitió que desde Caixabank "no volvieron a llamarla" por este motivo.
La revelación inicial no deja de sorprender porque, durante todo el período de la estafa -del 3 al 23 de septiembre-, la propia Rayón se encontraba de baja maternal y con permiso por lactancia. Lo cual se ha convertido en un extremo de relevancia en el caso porque, si de alguna manera hubiera tenido conocimiento de los pagos irregulares, se podría haber atajado la sangría económica antes de que alcanzara los cuatro millones de euros.
Y en este sentido, tuvo una segunda oportunidad para enterarse de la estafa cinco días antes de que saliera a la luz. Caixabank, en una de sus comunicaciones por correo electrónico con Zafra, puso en copia a Rayón. En el correo se informaba de que se había realizado "la transferencia internacional con carácter urgente". Era la sexta de las ocho transferencias realizadas. Así, Rayón habría sido informada de la estafa mientras estaba de baja, por lo que no tenía la obligación de leer sus correos.
Pero lo cierto es que la EMT de València se quedó en cuadro el mes de septiembre, dado que no sólo ella estaba inoperativa, sino que también lo estuvieron el gerente y la jefa de Finanzas, Esmeralda Aparisi. En la declaración, Zafra explica que Aparisi se incorporó a su puesto de trabajo "después de vacaciones" el día 9 de septiembre, seis días después de que empezara la estafa. Una novedad que se suma a lo que ya se conocía sobre el gerente: también estuvo de vacaciones hasta esa fecha. Con todo, entre el 9 y el 23 de septiembre, ambos estuvieron en la empresa y no se percataron de la ejecución de seis transferencias.
Para más inri, otro aspecto que desveló Zafra ante el juzgado es que el gestor de Caixabank que solía despachar los asuntos de la EMT tampoco estaba trabajando cuando empezaron los pagos y durante la mayor tiempo del fraude. Según la empleada, este gestor estaba también de vacaciones y volvió el día 16 de septiembre, por lo que en este impás, trató con otras dos trabajadoras del banco.
Es a partir de la vuelta del gestor habitual cuando el banco empieza a poner más pegas y a dificultar las operaciones hasta el descubrimiento del fraude, el día 23. Ese día, el banco avisó al gerente y a la jefa de Gestión, Rayón, que seguía de baja y que llamó a la empleada que había tramitado los pagos. Según la declaración de Zafra, mantuvieron una conversación de lo más curiosa:
Rayón: ¿Esas transferencias es porque estamos pagando los autobuses chinos?
Zafra: Pues no sé.
Pese a encontrarse la compañía municipal en cuadro, la declarante aseguró que la plantilla tampoco había recibido "directrices específicas" sobre cómo actuar en casos de confidencialidad como éste o en situaciones especiales. Zafra firmó una carta de confidencialidad enviada por el falso abogado de Deloitte, motivo por el cual asegura que no avisó a ningún superior de todo lo que estaba haciendo.
Según dijo el abogado de la EMT a la salida, la declaración de Zafra fue "exculpatoria". "Ella ha dado la explicación de que no tenía ni la menor idea de la operación", insistió el letrado. La ex empleada sólo accedió a responder las preguntas del juez y de su abogado, y rechazó hacerlo con la acusación particular -la EMT- y la acusación popular -el Partido Popular-.
La pregunta que envuelve el caso reza sobre por qué la empleada presuntamente defraudada no advirtió de lo extraño en toda esta operación que, huelga recordar, iba dirigida, según los estafadores, a la compra de una empresa en China. Sobre ello, Zafra dijo no sentirse extrañada por el sigilo que le pedía la trama, que también suplantó el correo del presidente de la empresa, el concejal Giuseppe Grezzi. No le pareció raro el secretismo porque el propio Grezzi había mantenido en secreto otras medidas de calado como que la EMT iba a gestionar el parking de Brujas.
Tampoco se cuestionó que la trama se pusiera en contacto directamente con ella porque, como la empresa estaba descabezada temporalmente, "era la persona de más alto rango que se encontraba ese día en la empresa". Y además, pensó que podría tratarse de "un proyecto innovador que se comentaba en la empresa discretamente" sobre la instalación de puntos de carga eléctricos.
Zafra enviaba las órdenes de pago vacías a los estafadores y éstos se las devolvían rellenadas con las firmas -falsificadas- de sus superiores. Sobre ello, Zafra aseguró ante el juez que ella pensaba que todo pasaba por el despacho de Grezzi, esto es, por la Concejalía que dirige. En otras palabras, la empleada creyó que los estafadores estaban en contacto con el edil para que estampara las rúbricas de los directivos.
La que fuera jefa de Administración también mantuvo numerosas llamadas con los estafadores, que se hacían pasar por un abogado de la firma Deloitte. Sin embargo, Zafra no reparó en "ningún acento extraño" y "tampoco le pareció que -el defraudador- utilizara una terminología inadecuada", ni practicara "un uso excesivo de palabras en inglés", ni que se tratara de "un español aprendido".
Zafra incurre en algunas incongruencias y lagunas durante su declaración. Por ejemplo, en cuanto a la cantidad total a la que iba a ascender el fraude: según los correos electrónicos, los estafadores aseguraron que la cuantía total era de 11,4 millones de euros, pero la empleada declaró en el juzgado que el total eran 9 millones de euros.
Y por otro lado, aseguró que cuando el banco empezaba a poner pegas, los últimos días de la estafa, ella las trasladó al defraudador. Éste le propuso una conversación directa con Grezzi y ella se negó y dijo "que no se molestara". Una actitud extraña teniendo en cuenta que la propia Zafra pensaba que era Grezzi quien dirigía la operación.
Otras declaraciones de Zafra, si bien no parecen relevantes para la conclusión del caso, son interesantes a modo de singularidades. Por ejemplo, la ex empleada asegura que un día recibió una llamada de Caixabank en la que le pedían que las órdenes de pago "estuvieran firmadas en azul". Algo de lo que ella también "es partidaria" y, de hecho, desde aquel momento, todas las cartas de pago se hicieron con las rúbricas en color azul.
Asimismo, el presunto abogado de Deloitte le preguntó si trabajaba "en un despacho sola o en una open office", a lo que ella contestó que desempeñaba sus funciones "en una sala con más personas". Es más, insiste la declarante en que sus compañeras de oficina "llegaron a atender las llamadas" del presunto abogado de Deloitte. Y en la misma línia, todos los contactos telefónicos se habrían hecho desde el teléfono fijo del despacho, aunque el estafador "le pidió su número de teléfono móvil" y ella declinó darlo porque "no tenían móvil de empresa".
La mencionada jefa de Gestión, María Rayón, pudo haberse enterado de las transferencias irregulares mediante otras vías. De hecho, aunque estaba de baja, Rayón mantenía la capacidad de firma digital mediante la banca online. Y no sólo es que tuviera la capacidad, sino que habría accedido al gestor de la banca online durante este período, donde podría haber revisado el saldo de la cuenta.
Así lo dijo Zafra este martes: "durante el período en cuestión, María Rayón tuvo acceso a la cuenta de Caixabank dado que necesariamente tuvo que tenerlo para pagar los ficheros de los provedores y de nóminas". También otra directiva, la jefa de Finanzas Esmeralda Aparisi, tenía acceso, pero al parecer sus funciones no eran precisamente estas.
Ello viene a confirmar la postura del propio banco, cuya carta remitida a la EMT la pasada semana aseguraba que Rayón "tuvo un puntual conocimiento de la operativa mediante el acceso y visualización a través de nuestra banca online del depósito sobre el que se realizaban las transferencias" y que, sin embargo, la directiva de la empresa no formuló "ninguna manifestación ni objeción".
También lo confirmaron los consejeros del Consejo de Administración de la propia empresa municipal este mismo martes. A la comisión de investigación creada en el seno de la EMT, acudió a declarar la propia Rayón. A la salida, el consejero de Ciudadanos, Narciso Estellés, corroboró que, en efecto, mientras estaba de baja "hubo acceso a la banca para pagar la remesa de 600.000 euros el día 16 de septiembre".
Por su parte, los consejeros del PP, Carlos Mundina y Marta Torrado, mostraron su sorpresa por esta constatación y dijeron que "hay demasiadas cuestiones que quedan en el aire y que no se han resuelto". "Pedimos las responsabilidades de Grezzi como presidente de la empresa; es evidente que debe dimitir porque la empresa funcionaba de una forma escasamente profesional", sostuvieron.
El Juzgado de Instrucción número 18 continúa practicando las diligencias previas y ha solicitado que se le entreguen las conversaciones telefónicas que mantuvo Celia Zafra con los distintos empleados de Caixabank. Unas grabaciones que practica la propia entidad bancaria y que servirán de prueba para avanzar en la investigación. Con todo, todavía no se encuentran en manos del juez.
Por el momento, este jueves día 14 deberá acudir a declarar ante el juez en calidad de testigo el gestor de la banca institucional de Caixabank, J. M. G. R., que era quien solía tratar con la EMT de València. Hay que recordar que el banco está en la causa como posible responsable civil de lo ocurrido.
