VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, llevará ante la Fiscalía Anticorrupción el acuerdo que recientemente anunció la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, con los propietarios de los terrenos del PAI del Grao. Este acuerdo concluía que los dueños deberán abonar 32 de los 42 millones de deuda que el Ayuntamiento mantiene con la Generalitat Valenciana, mientras que el resto lo tendrán que asumir las administraciones públicas. En total, 10 millones de euros que recaerán sobre el erario público cuando el propio Camps, allá por el año 2007, insistió en que el circuito de Fórmula 1 tendría "coste cero" para los valencianos.
Y precisamente por esto, el expresidente ve intolerable que se exonere una parte de la deuda a los propietarios, cuando el convenio recogía de manera explícita que ellos eran los responsables de asumir el coste de construcción del circuito. Cabe recordar que en el año 2007 la Generalitat Valenciana adelantó el presupuesto de urbanización para el entorno, un dinero que posteriormente el Ayuntamiento de València tendría que devolver a través del cobro de las costas urbanísticas a los dueños.
Todo ello bajo la premisa de que el circuito era un coste avanzado de urbanización para el desarrollo del futuro barrio que se había proyectado sobre el enclave. En este sentido, Camps insiste en que el asfalto no es más que una continuación natural de la Avenida de Francia y del paseo de la Alameda, una "puerta al mar" que bajo su consideración es perfectamente compatible con el entramado del futuro barrio. Así, no asume como válido que los dueños aleguen que hay "partes inservibles" por las cuales no quieren pagar.
Así con todo, este jueves anunciaba que si el Ayuntamiento perdona 10 millones de euros de deuda a los propietarios por este motivo, llevará la cuestión ante la Fiscalía Anticorrupción para que ejecute las investigaciones que considere pertinentes. Todo ello partiendo de la base del convenio que se firmó en el año 2007, y que posteriormente fue ratificado por el Consell Jurídic Consultiu al considerar en una de sus resoluciones que, inequívocamente, obliga al Ayuntamiento a devolver en su totalidad la cantidad de 42 millones a la Generalitat.
Además, Francisco Camps considera que la motivación detrás de la decisión de perdonar una parte de la deuda no es administrativa sino puramente política: "La izquierda ha hecho bandera durante todos estos años con el circuito de Fórmula 1, así que ahora necesitan que cueste algo de dinero a los valencianos para poder sostener su discurso. Aunque sea un solo euro, necesitan que nos cueste dinero público", alegaba al respecto. En este sentido, insistía en que el convenio firmado en su día era perfectamente válido y que, por lo tanto, toda la responsabilidad del pago recae sobre los dueños.
Ahora bien, lo cierto es que el convenio que esgrime Camps ha sido considerado "caduco" por parte de las administraciones valencianas. De hecho, precisamente, porque aceptan que no es realista pedir a los dueños el pago de unas infraestructuras que no van a poder utilizar en el futuro desarrollo del barrio. Así, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València se encuentran ahora mismo sumidos en la negociación de un nuevo acuerdo, que sentará las bases sobre el futuro diseño del barrio pero, sobre todo, decidirá quién se responsabiliza de la deuda de 10 millones que no será satisfecha por los propietarios.
Bien es cierto que ambas instituciones coinciden en que el circuito no puede ser aprovechado en su totalidad como tarea avanzada de urbanización, dando así la razón a los propietarios y contradiciendo la percepción de Camps. Ahora bien, hasta ahí llega el consenso pues, por el momento, uno de los puntos más candentes de la negociación es quién deberá proceder a la asunción de la deuda. Y es que, tal y como avanzaba el expresidente, el viejo convenio obligaba al Ayuntamiento a satisfacerla y, si los dueños no tienen intención de cubrirla toda, podría ser previsible un coste para el consistorio. Tanto es así que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, propuso en su momento un pago "en especie". Es decir, ceder suelos en lugar de pagar con dinero.
Sin embargo, la idea no fue bien acogida por la concejala de Desarrollo Urbano, la socialista Sandra Gómez, quien defendió que el Ayuntamiento "no tiene que pagar nada por el PAI del Grao, y menos en suelo público". A este respecto, consideraba que la institución interesada en promover el circuito tendría que ser la que se hiciera cargo de sus costes. Esto es, abocaba a la Generalitat Valenciana a responsabilizarse de todo el montante que no fuera amortizado por los dueños. Algo que por el momento no está del todo claro por parte de la conselleria de Vivienda, rama que adelantó el dinero en 2007 para la construcción y desarrollo de la obra.
Sandra Gómez. Foto: EVA MÁÑEZ
Hécor Illueca. Foto: ESTRELLA JOVERAsí, hace unas semanas mostraron claras reticencias ante las declaraciones de Gómez, aunque pusieron mejor cara con respecto a la propuesta de Ribó. En este sentido, desde el área que dirige Héctor Illueca avanzaron que están dispuestos a aceptar una fórmula de pago que sea lo "menos lesiva posible" para el consistorio. Aunque esto no tiene por qué ser sinónimo directo de condonación de la deuda. Por el momento, todavía no hay negro sobre blanco en esta cuestión, aunque es previsible que ambas partes se vuelvan a reunir después de Fallas para seguir negociando las bases del nuevo convenio y tomar decisiones.
Sea como sea, la llegada del Gran Premio a la ciudad de València sí que ha tenido un alto coste para las administraciones públicas, a pesar de las declaraciones iniciales de Francisco Camps. Concretamente, 66 millones de euros que saldrán de las instituciones valencianas. Y es que, a los 10 millones de construcción de la pista que no asumirán los propietarios de las parcelas cabe unir también otras inversiones como por ejemplo los 25 millones de la Marina Real, otros 23 para la zona de 'boxes' y, además, algunos gastos financieros y de seguridad.
