El circuito de la Fórmula 1 de València acabará costando a la administración 66 millones del total

VALÈNCIA. De los cerca de 98 millones de euros que costó la inversión en el circuito de Fórmula 1 de València, 66 millones los habrán costeado las arcas pública y los otros 32 los asumirán los propietarios privados del sector urbanístico sobre el que se construyó y que ahora pretende completarse. Así queda la factura del proyecto que sirvió para traer a la capital del Túria el Gran Premio de la competición automovilística entre 2008 y 2012, si bien en su momento el president de la Generalitat, Francisco Camps, anunció que la construcción del circuito urbano no costaría dinero a los valencianos.

En total, la conselleria de Vivienda calculó el pasado mandato, cuando estaba dirigida por María José Salvador, que el coste total de la urbanización del circuito ascendió a poco más de 98 millones de euros, donde se incluyen las inversiones en la pista -42 millones-, la Marina Real -25 millones-, la zona de 'boxes' y 'paddock' -22,3 millones-, así como gastos financieros y de vigilancia tras el abandono del circuito desde 2013.

La idea de la Generalitat Valenciana, dirigida en su momento por Camps, y del Ayuntamiento, que encabezaba Rita Barberà, era utilizar el recorrido del circuito construido como esqueleto de un nuevo barrio donde levantar miles de nuevas viviendas de primer nivel. A esto se le llamó el PAI del Grao, que engloba 300.000 metros cuadrados y en cuyo desarrollo las administraciones valencianas confiaron la financiación de la pista del circuito.

Así pues, en aplicación del principio de que el urbanismo paga el urbanismo, Generalitat y Ayuntamiento firmaron un acuerdo según el cual la administración autonómica adelantaba el coste de los 42 millones de euros para la construcción del circuito y, más tarde, a la hora de levantar el nuevo barrio, como la pista constituiría el futuro callejero, el consistorio repercutiría este coste en forma de cargas de urbanización a los propietarios privados.

Serían ellos, se decía, los que al final pagarían el coste de la pista. Sin embargo, a la postre, la parte privada se hará cargo de 32 millones de euros mientras que los otros 10 los tendrá que asumir la administración valenciana. Un resultado final muy diferente al proyectado en su momento, cuando se consideraba que los propietarios no tendrían ningún problema en pagar la totalidad de las cargas ya que suponían una cuantía ridícula en comparación con las proyecciones astronómicas para el sector urbanístico.

El macroproyecto urbanístico, como ocurrió en muchos otros casos, acabó en descalabro con la irrupción de la crisis inmobiliaria y el declive del gran evento de la Fórmula 1 en el Cap i Casal, al que renunció la Generalitat en 2012, ya con Alberto Fabra como president. Para entonces, la promotora Acinelav Inversiones 2006 se había hecho con un tercio de los terrenos por 300 millones de euros. Los otros dos tercios del suelo pertenecían a administraciones públicas, entre ellas Adif, y diferentes particulares.

La crisis inmobiliaria llevó a que el suelo de Acinelav acabara en manos de sus bancos acreedores y el 'banco malo' -la Sareb-. Y tras una subasta fallida, fue la firma inversora Atitlan junto al fondo británico Hayfin Capital, la familia Martinavarro y el empresario Francisco Martínez, la que se hizo con el tercio que tenía Acinelav. Son ellos los que, en definitiva, pretenden ahora llevar a buen puerto el desarrollo urbanístico y, por ende, los que fundamentalmente han de abonar las cargas de urbanización.

En 2018 se intentó retomar este proyecto presentando un planeamiento, pero hasta ahora no se había avanzado en demasía, entre otras cosas porque llegados a este punto, los propietarios rechazaban hacerse cargo de los 42 millones de euros en forma de cargas de urbanización porque, argumentaban, la obra del circuito en su totalidad no será aprovechable para el nuevo barrio. De hecho, la empresa municipal responasble de estas conversaciones, Aumsa, ya había asumido que sería imposible repercutir toda la factura a la parte privada.

Así hasta este lunes, cuando Gómez anunció un acuerdo con los propietarios privados para que se asuman 32 millones de euros. Así, la administración tendrá que asumir la pérdida de los otros 10 millones de euros, que junto a los otros 56 millones de euros gastados en el circuito, suman en la factura de las arcas públicas cerca de 66 millones de euros.

¿Quién se 'queda' con el agujero de 10 millones?

Cerrado el acuerdo con las promotoras, ahora sólo queda saber cómo se reparten la administración autonómica y la municipal la carga de los 10 millones de euros. La concejala de Urbanismo de València y presidenta de Aumsa, Sandra Gómez, insiste en que ha de ser la Generalitat la que asuma este agujero, mientras que en la Conselleria de Vivienda, que encabeza Héctor Illueca, manifiestan reticencias sobre esta responsabilidad.

Una resolución reciente sobre la cuestión del Consell Jurídic Consultiu (CJC) exponía claramente que del convenio suscrito en su momento se desprende que la voluntad era que la Generalitat Valenciana "asumiera anticipadamente el coste real de las inversiones en infraestructuras y, por el otro, que el Ayuntamiento retornara o devolviera ese coste" e incide sobre "el compromiso asumido por el Ayuntamiento de retornar, en definitiva, el coste de las infraestructuras".

Con todo, Gómez indicó recientemente que dicho acuerdo "está caducado" y que por ende ya se está trabajando en uno nuevo con la Conselleria. Pero este lunes la también vicealcaldesa de València fue contundente al señalar que, al final de la corrida, el coste de la obra del circuito en el PAI del Grao va a costar 10 millones "a la Generalitat Valenciana", desmarcándose de nuevo de la asunción del agujero.