Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Siguen las negociaciones entre la conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de València para decidir cómo se salda la deuda del PAI del Grao. Y, aunque ambas instituciones muestras una voluntad "sólida" para llegar al acuerdo, lo cierto es que durante las últimas semanas se han producido diversas situaciones de tensión que han sacado a relucir algunas discrepancias sobre la manera en la que se pagará el montante. Así con todo, técnicos de ambas casas mantuvieron una reunión este jueves con la intención de avanzar en la materia, aunque por el momento pocas novedades reseñables: la concejalía de Urbanismo sigue firme en la idea de que el consistorio no debe nada, mientras que la conselleria de Vivienda no tiene tan claro que esto pueda ser así.
El PAI del Grao es un nuevo barrio que se planteó sobre lo que en algún momento fue el circuito de Fórmula 1 de València. Así, la Generalitat Valenciana de Francisco Camps se comprometió en el año 2007 a adelantar los costes de urbanización del terreno, todo ello con el objetivo de que el asfalto pudiera estar listo a tiempo para la celebración del Gran Premio. Ahora bien, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Rita Barberá por el que este luego le tendría que devolver el importe, dinero que a su vez el consistorio ingresaría a través de las cargas urbanísticas por parte de los propietarios de las parcelas, por haberles adelantado el trabajo de urbanización.
Y es que, los trabajos de urbanización son responsabilidad de los promotores interesados en construir en las parcelas. Eso sí, en condiciones normales. Sin embargo, la excepcionalidad del circuito de Fórmula 1 ha complicado en exceso la situación: los propietarios se niegan a afrontar la parte total de la deuda porque consideran que el asfalto por el que circularon alguna vez los bólidos no se adapta a las necesidades y vida diaria de un barrio. Es decir, no se ajusta a su proyecto. Así, aceptan la parte que les es útil pero se niegan a asumir el entero.
En consecuencia, todavía no han ingresado la cantidad al Ayuntamiento y este no ha podido satisfacer su deuda con el gobierno autonómico, que asciende hasta los 42 millones de euros. Y he aquí el problema: ¿quién se responsabiliza de la parte que no pagarán los dueños de los terrenos, el consistorio o la Generalitat? La concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, lo tiene muy claro: tendría que ser la Generalitat Valenciana quien se hiciera cargo de todo el dinero que no quedará satisfecho por los propietarios, que al fin y al cabo fue la institución interesada en impulsar el circuito de Fórmula 1 bajo el entorno.
De hecho, después de la reunión de este jueves, afirmaba que el Ayuntamiento ha avanzado mucho en las negociaciones con los promotores y, aunque todavía no ha trascendido la cifra que finalmente pagarán, se presupone una cantidad "elevada". Sin embargo, no lo suficiente como para cubrir toda la deuda. De este este modo, la edil de Desarrollo Urbano incidía en la idea de que todo lo que no se pueda repercutir "deberá ser asumido por la Generalitat". Algo que no se desprende así del anterior convenio firmado entre el Ayuntamiento y la conselleria, y que según una sentencia del Consell Jurídic Consultiu sí que reconoce las obligaciones económicas del consistorio sobre la materia.
Y, aunque ahora se está trabajando en un nuevo acuerdo, Vivienda cree que es "demasiado pronto como para ser tan tajante". Es decir, optan por la cautela y no aceptan de buenas a primeras las declaraciones de Sandra Gómez. En este sentido, llaman a moverse "dentro de los límites legales" y recuerdan que todavía quedan pendientes varias reuniones para esclarecer los términos y condiciones del nuevo convenio. Unos términos y condiciones que podrían (o no) eximir al Ayuntamiento de sus obligaciones asumidas en la anterior etapa del Partido Popular.
De hecho, una buena parte del sentido de su decisión se decidirá en el momento en el que haya una cifra sobre la mesa. Concretamente, una cifra sobre la cantidad que finalmente pagarán los propietarios. Solo de este modo será posible calcular el sobrante en disputa, y así entender la gravedad de la situación para la institución que tenga que hacerse cargo. Pero según el órgano que dirige Héctor Illueca, esto es por el momento "un futurible".
Lo que sí que se sabe es que, aunque desfasado, hay un acuerdo firmado que responsabiliza al consistorio. Y en este sentido es en el que se mueven: "Estamos dispuestos a cobrar la deuda de la manera que menos impacto tenga para el consistorio, dentro de los límites legales". De este modo, se abren a la posibilidad de cobrar "en especie", como ya propuso en su momento el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Una opción que perciben como menos agresiva que el pago monetario y que además tendría menor impacto sobre las arcas públicas municipales.
A este respecto, plantean asuntos como la cesión de suelos en el barrio para equipamientos públicos o incluso viviendas sociales: "Lo que buscamos es que la nefasta gestión del Partido Popular al menos pueda repercutir en el beneficio de los ciudadanos", incidían desde el organismo autonómico. Así, esta era la única cuestión en la que ambas partes estaban cristalinamente de acuerdo: "Estamos resolviendo el empastre que nos dejó el anterior gobierno", lamentaba Gómez.
