VALÈNCIA. La sombra de septiembre acecha al voltear la esquina y, con ella, el fantasma de un nuevo curso político que en Les Corts huele a renovación para al menos tres de los seis partidos con representación en la Cámara. No en vano, respecto al año pasado, la mitad de los portavoces de los grupos parlamentarios ha cambiado: PP, Ciudadanos y Unides Podem.
Fruto de un año convulso, los dos partidos mayoritarios de la oposición y la pata minoritaria del Botànic han visto cómo tanto sus síndics como la dirección de sus partidos han sido renovadas. Procesos, algunos más tortuosos que otros, que han servido no solo para recomponer piezas de puzzle a nivel interno sino también en algunos cambios en su estrategia política. Especialmente, en el caso de los populares.
La llegada de Carlos Mazón a la dirección del partido y la salida de Isabel Bonig han sido un punto de inflexión en el partido de la gaviota. La expresidenta del PPCV dio un paso a un lado tras seis años al frente del partido y paralelamente también abandonó la portavocía del grupo parlamentario. Un puesto que actualmente lo ocupa Eva Ortiz, persona de su total confianza, pero que desde el principio se dio por hecho en el partido que se trataba de una designación temporal. Un nombramiento forzado por la presión de los partidos del Botànic y parte de la oposición, que censuraban la interinidad del PP y cuestionaban que rotar de portavoz del grupo contravenía el Reglamento de la Cámara.
Con todo, se espera que con el inicio de curso el escenario cambie de nuevo -esta vez de forma definitiva- para situar a María José Catalá al frente de la sindicatura, antes del Debate de Política General que se celebra a finales del mes que viene. El movimiento supondría la salida de Ortiz, a la espera de si contará con alguna responsabilidad en el grupo parlamentario a partir de entonces.
Una renovación que, junto a otras, resultan fundamentales para Mazón, puesto que uno de sus retos es la coordinación del grupo parlamentario y al no ostentar la portavocía en Les Corts deberá ganarse la visibilidad a través del propio partido y establecer conjuntamente con los diputados la estrategia política. Una labor primordial, puesto que el Parlamento es el lugar de fiscalización al Consell y de presentación de iniciativas.
El objetivo también pasa por aprovechar la debilidad en la que se encuentra Ciudadanos, que como los populares, han cambiado de portavoz de un año para otro. La visibilidad que ha perdido el grupo parlamentario naranja, de hecho, es especialmente significativa desde que Toni Cantó decidió abandonar de forma abrupta la formación que lideraba y renunciar al acta de diputado tras la fallida moción de censura en la Región de Murcia que su partido propició junto al PSOE.
Su salida supuso una fuerte sacudida a nivel autonómico, pero también nacional, pues apenas días después se situó en la lista de Isabel Díaz Ayuso para las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Sin embargo, los tribunales acabaron impidiendo que formara parte de la candidatura por no estar empadronado en la Comunidad de Madrid con la suficiente antelación, tal y como obliga la ley electoral.
El adiós de Cantó trajo consigo el nombramiento de Ruth Merino como síndica una semana después. Eso sí, el proceso para designarla fue convulso debido a la fractura interna existente en la formación, donde los diputados afines al exsecretario de Organización, Emilio Argüeso, buscaron ocupar este puesto al contar prácticamente con la mitad del grupo parlamentario. La paz se selló con un reparto de portavocías adjuntas en las que esta familia ganó peso respecto a la etapa de Cantó, pero poco después comenzó el goteo de fugas: un total de cinco parlamentarios se han marchado a no adscritos.
Y junto a Ruth Merino y previsiblemente María José Catalá, Unides Podem también contará con síndica 'nueva': Pilar Lima. Ahora bien, Lima lleva en el cargo desde el pasado mes de enero. Sin embargo, el curso pasado no fue ella quien participó en el Debate de Política General, sino Naiara Davó, su antecesora.
La renovación de este cargo, como también en su día el cónclave del partido, fue un proceso con una crispación entre bandos bastante elevada. Lima llevó el relevo de la sindicatura a un Consejo Ciudadano Valenciano (CCV) sin estar detallado en el orden del día de la convocatoria y 12 miembros de la ejecutiva lo impugnaron. De hecho, se llevó a la comisión nacional de garantías del partido, que concluyó que el relevo se hizo con "falta de profesionalidad y seriedad".
