El juez inmoviliza de forma cautelar la vivienda que Carlos Fabra tiene en Oropesa del Mar

CASTELLÓ (EP). El juzgado de instrucción número 4 de Castellón ha inmovilizado de forma cautelar la vivienda de Oropesa del Mar de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en el marco de la causa en la que se investiga si el exmandatario 'popular' ocultó patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que resultó condenado por cuatro delitos fiscales.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), dicha vivienda es la que se puso como aval para responder al préstamo de 1,4 millones de euros que concedió a Carlos Fabra una mercantil absorbida por otra cuyo representante era el presidente del Grupo Pamesa y del Villareal CF, Fernando Roig.

Fernando Roig figura entre los 27 investigados en estas diligencias, en los que se incluyen el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares, como adelantó Valencia Plaza el pasado sábado.

Según informó en su día el TSJCV, entre los investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.

Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.

El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.

La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.

El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.