Carlos Fabra y Sergio García, en la presentación del torneo de 2009 junto a Rafa Nadal. Foto: DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN VALÈNCIA. La investigación que durante más de tres años ha coordinado en secreto el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón por la que ha sido imputado el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra parece tener sus derivadas más allá de la causa ahora conocida. En ella se indaga en lo que el juez considera sospechosas operaciones económicas con las cuales el que fuera dirigente del PP habría ocultado patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado por cuatro delitos fiscales.
Una de ellas está relacionada con el campo de golf que Fabra arrendó al deportista Sergio García en 2013, actuación por la cual ya fue investigado. La Fiscalía ha pedido ahora reabrir esa causa -que fue archivada provisionalmente- tras las averiguaciones de la Policía que pueden tener vinculación.
Así consta en el auto -publicado por Valencia Plaza- en el que se cita a declarar como imputados a más de una veintena de empresarios y particulares que ordenaron o participaron en transferencias de fondos a cuentas bancarias del expolítico, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011, 2012 y 2013.
El magistrado menciona un cheque de 100.000 euros que en 2009 pagó Victoriano García, padre del golfista Sergio García, a Carlos Fabra. El primero relató por escrito al juzgado que obedecía a un préstamo que le concedió al exdirigente del PP con un plazo de amortización de seis años. No especificó, sin embargo, si el dinero le fue devuelto y de qué forma o, en caso de que no haya sido así, por qué.
El auto menciona otra serie de movimientos aparte de este cuantioso cheque también vinculados a la familia del deportista. Así, explica que el juez requirió a la entidad Golf Borriol -en manos de la mencionada familia- que acreditara el motivo y aportara la documentación pertinente sobre algunas transferencias detectadas hacia Carlos Fabra y a su hijo. Una de ellas fue el pago de 30.000 euros a este último. En respuesta al juzgado el pasado septiembre, indicó que esa cantidad correspondía al acuerdo al que llegaron en 2013 por el que el club de golf La Coma, entonces presidido por el político, fue arrendado a la mercantil Golf Borriol a cambio de que asumiera la deuda de cuatro millones de euros que la sociedad había adquirido con Bancaja por un préstamo.
La gestión fue traspasada al golfista mediante un contrato de arrendamiento durante diez años por esos cuatro millones de euros, una cifra muy inferior a la que estaban valorados los terrenos (alrededor de 9,6 millones) y que acabó en los tribunales.
En 2016, el magistrado imputó a Fabra y al padre del golfista por un presunto delito societario al sospechar que la operación pudo ser fraudulenta tras una querella de algunos socios de Golf Mediterráneo -sociedad que cedió el alquiler del espacio deportivo- porque consideraban que perjudicó sus intereses. Ésta fue finalmente archivada y es la que ahora Fiscalía pide reabrir debido a las sospechosas transferencias que están relacionadas con las actuaciones de entonces.
La entidad del golfista afirmó al juzgado que pagó esos 30.000 euros al hijo de Fabra debido a un préstamo que éste otorgó a la sociedad que presidía su padre y que acabó siendo asumida por la de la familia de Sergio García.
Figura, según desgrana el auto, otro pago de Golf Borriol al exdirigente del PP que, según la entidad de la familia del deportista, correspondía a parte del precio de las 24 acciones de la mercantil Pozo Romeral -administrada por Victoriano García-.
