Corestate se planta tras 5 años esperando una licencia: "Es nuestro último proyecto en València"

VALÈNCIA. La compañía de capital alemán Corestate estalla contra el Ayuntamiento de València tras estar cinco años para obtener la licencia para construir un hotel dirigido a estudiantes en la ciudad. La firma presentó la solicitud en 2018 y a día de hoy sigue esperando el permiso municipal para poder acometer su proyecto. Una larga demora que ha llevado a la empresa a dar un golpe encima de la mesa y denunciar la situación ante lo que consideran "una ineficacia administrativa absoluta" que les está reportando pérdidas millonarias. De no resolverse pronto esta situación, la firma emprenderá acciones legales contra el consistorio valenciano.

"Esta parálisis no la hemos encontrado en ninguna otra ciudad. Es algo inaudito para nosotros", asegura el director de Corestate en España, Christopher Hütwohl, quien subraya que el hartazgo y la desesperación es tan grande que la compañía descarta volver a València en un futuro. "Es nuestro primer y último proyecto en la ciudad y no la recomiendo a ninguno de mis contactos", asegura. 

Lo cierto es que el atasco de las licencias en València es un problema que se arrastra desde hace tiempo y que ha provocado un verdadero quebradero de cabeza para muchos empresarios. Los dilatados tiempos del consistorio no solo han provocado cuellos de botella en la salida de muchas iniciativas, sino también la renuncia de los promotores que no aguantan años con los proyectos parados a la espera de una respuesta de la Administración.

Tanto es así que se ha constituido la Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de València (Aflival) y son varios los empresarios que llevan años denunciando el embudo y cómo el retraso de la tramitación está ahuyentando la inversión. Así lo denunciaba hace unos días el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València (COGITI), que advertía de que el "embudo administrativo" en València "está generando la fuga de empresas en la ciudad". Una problemática con la que tendrá que lidiar el nuevo gobierno municipal encabezado por la 'popular' María José Catalá, tras ganar este pasado domingo las elecciones.

Sin embargo, en la mayoría de ocasiones la tardanza podía llegar a los dos años como máximo, pero nunca superar los cinco, como está siendo el caso de la compañía Corestate, especializada en residencias de estudiantes, con cerca de 30.000 camas en funcionamiento en toda Europa. Una situación que ha generado impotencia entre sus directivos en España, quienes urgen al consistorio valenciano a resolver su expediente a la mayor celeridad porque aseguran que el atasco es ajeno a la empresa. "Si no conseguimos en el corto plazo la licencia nos veremos obligados a emprender acciones legales", avisan en declaraciones a este diario.

La particular odisea de la compañía, con presencia en 11 países de Europa y más de 34.000 millones de euros en volumen transaccionado desde 2006, se remonta a 2018 cuando presentaron la solicitud para la licencia de actividades de la que iba a ser su primera inversión en el 'cap i casal': un hotel universitario de más de 280 plazas en la Avenida de Tarongers. La operación rondaba entonces los 25 millones de euros. Asimismo, se inició un proceso paralelo a la solicitud de la licencia para la compra de unas pastillas municipales anexas que completaban el proyecto.

A priori, la tramitación comenzó a un ritmo razonable, pero unos meses después el solar se incluyó en el Plan Especial del Cabanyal, por lo que el proceso se suspendió. Según explica José Antonio Curto, director de desarrollo y gestión de activos de Corestate, esta incorporación se produjo "de forma indebida", ya que en ninguna reunión con el Ayuntamiento se les trasladó ni advirtió de que ese suelo se iba a incorporar al Plan del Cabanyal y estaba enteramente fuera del ámbito urbanístico. "Se incluyó sin comprobar que no era legal hacerlo porque ya lo habíamos comprado y era nuestro. No hubo comunicación previa", lamenta Hütwohl.

La empresa alegó en varias ocasiones ya que se suspendió la licencia. Finalmente presentó un recurso, que fue admitido, pero que provocó un retraso de 15 meses. El consistorio reconoció el error y reactivó la tramitación del expediente en septiembre de 2020, pero esos meses en stand by ya habían provocado un perjuicio económico que estiman en más de cinco millones de euros de pérdidas. Pero, además, la empresa advierte de que con la subida de los costes de la construcción y la falta de suministro, el proyecto en estos momentos se ha encarecido un 60%.

Los siguientes pasos tampoco fueron fáciles porque aseguran que cada vez los técnicos pedían "algo nuevo" y una modificación diferente", lo que siguió dilatando el proceso. Reprochan a la concejalía de Actividades, que dirige Lucia Beamud, su actitud y formas a la hora de recibir a una empresa y escuchar sus preocupaciones. Tampoco gustó la indiferencia de Urbanismo, de Sandra Gómez, porque "siempre eran buenas palabras, pero no hicieron nada". "Ha sido todo surrealista. Cada vez nos pedían algo distinto. Llevo muchos años trabajando en temas de urbanismo y pidiendo licencias y jamás he visto esta falta de capacidad de toma de decisión en la que cada vez te piden una cosa diferente", señala Curto. Incluso, durante meses no hubo Jefe de Servicio en la Concejalía, lo que dilató aún más la tramitación. 

Problemas en Patrimonio

Fue el pasado mes de febrero de este año 2023, cuando se les comunicó que su expediente había pasado positivamente la ponencia ambiental para la concesión de la licencia de actividad. Pero entonces llegó el siguiente obstáculo: Patrimonio. Y es que de forma paralela, se estaba tramitando la adquisición de los suelos municipales anexos a su solar, pero por un error técnico todo quedó en el aíre. El problema radica en que el Ayuntamiento no registró correctamente esas pastillas que había expropiado hacía unos años, por lo que no figuraba el consistorio como titular y no se podía sellar su compraventa. Y esta cuestión ha vuelto a frenar la concesión de la licencia.

"Llevamos más de un año con el precio de compra propuesto por el Ayuntamiento, pero Patrimonio no acaba de resolver una cuestión que es error suyo", remarcan los empresarios. Por ello, reclaman que se les conceda la licencia para comenzar las obras, pero otorgándosela condicionada a que se siga avanzando en el expediente de Patrimonio. "Nos dicen que no es posible, a pesar de que nos consta de que sí se ha procedido de esta forma en otros expedientes y que es práctica habitual en la mayoría de los ayuntamientos españoles", explican. 

Desde el Ayuntamiento de València aseguran a este diario que debe resolverse el error en el registro para poder seguir con el trámite. Asumen que fue un fallo propio del consistorio al no detectar antes la equivocación en el registro de los suelos y niegan que sea una cuestión política, sino que lo achacan a un error técnico. No obstante, remarcan que esa situación se resolverá pronto porque se está trabajando en ello. 

Corestate va a usar un último cartucho: presentará en los próximos días una solicitud formal al Ayuntamiento de València para intentar agilizar los plazos. De no conseguir en los próximos meses el permiso, acudirá a los tribunales. "Para llegar al curso 2025-2026 tenemos que empezar las obras en septiembre o perderemos otro año y ya arrastramos pérdidas millonarias. No vamos a desistir del proyecto, pero sí que es el primer y último que hacemos en València", asegura el director de la firma en España.

A su juicio, no es una cuestión ideológica ni personal contra ellos, sino que más bien considera que existe en el consistorio valenciano "una ineficacia completa" en la maquinaría de la gestión de las licencias y "una excesiva prudencia por parte de los funcionarios". "Es algo inaudito. Esto ahuyenta la inversión", remarca.