La demanda de Puig al Estado por la infrafinanciación cumple cinco meses... de anuncios

VALENCIA. La infrafinanciación de la Comunitat ha sido uno de los temas más denunciados en las intervenciones de los miembros y órganos del Consell. Desde que el pasado mes de junio el presidente Ximo Puig realizara su discurso de investidura, el Gobierno valenciano ha insistido en solucionar este problema acudiendo a los tribunales si es preciso.

Ya en su debut en el Palau, el president afirmó sin temor que "independientemente del partido que gobierne en Madrid a partir de otoño, el Gobierno valenciano emprenderá acciones legales para exigir lo que merece el pueblo valenciano" en referencia a la financiación autonómica.

El president quiso entrar por todo lo alto en lo que se refiere a esta materia y anunció, el 1 de agosto, que había solicitado a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, un estudio de las acciones legales que pudiera llevar a cabo el Consell contra el Gobierno central por el incumplimiento de la Lofca (Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas). Este fue el primer toque de atención que se envió desde el Palau a la Moncloa.

Los informes cifran la infrafinanciación que sufre la Comunitat en unos 1.300 millones de euros al año, lo que significa que cada valenciano recibe de media 259 euros menos que el resto de ciudadanos españoles. Otro informe, el de las balanzas fiscales realizado por el ministerio que dirige Cristóbal Montoro,"certifica un saldo negativo de 1.453 millones" de la Comunitat en 2012, según la interpretación del Gobierno valenciano.

Desde aquel anuncio del president, se ha perdido la cuenta ya de las ocasiones en las que el Ejecutivo valenciano ha reclamado una financiación "justa" para la Comunitat y las que el gobierno de Mariano Rajoy ha ignorado estas protestas. Del mismo modo, es difícil contabilizar en cuántas ocasiones el Consell ha reiterado su amenaza de acudir a los tribunales para conseguir la cuantía reclamada.

Por ejemplo, en octubre el president envió la tercera carta al despacho de Rajoy recordándole la urgencia de cambiar el modelo de financiación. "No podemos esperar más, si no hay respuesta presentaremos una demanda" dijo el jefe del Consell hace dos meses.

Aproximadamente en las mismas fechas -según la titular de Justicia, desde el 2 de octubre- el president recibió el informe que había solicitado para conocer las posibilidades de llevar al Ejecutivo central a los tribunales, algo que se dio a conocer semanas después. Un informe que, aunque no es vinculante, fue entregado directamente a Presidencia y cuyo contenido se desconoce, incluso en vicepresidencia, según fuentes de la Generalitat. 

A cada advertencia a Rajoy y a Montoro le sigue una propuesta de paz. "Primero agotaremos las vías del diálogo" han repetido decenas de veces tanto el president como la vicepresidenta, Mónica Oltra. 

Ejemplo de ese apaciguamiento fue el encuentro Puig-Rajoy el pasado 2 de noviembre. El jefe del Consell aseguró haber salido "moderadamente satisfecho" al lograr el compromiso de Moncloa de que llegarían 1.380 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Comunitat antes de que finalice el año. Fondo que llegará, según el Gobierno, el 16 de diciembre. "Ahora preferimos el diálogo, aunque jamás hay que descartar ninguna vía que nos lleve a la igualdad entre españoles, pero ahora apostamos por el diálogo" dijo el president tras el encuentro.

Un camino del diálogo que lleva cinco meses poniendo a prueba la paciencia del Consell, y este parece asumir que no hay demasiados progresos por esta vía. Muestra de ello es que el el Ejecutivo ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a que comience a preparar el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que fijan la principal vía de financiación de las autonomías.

Pero tras la amenaza, de nuevo, la propuesta de bandera blanca, ya que Oltra aseguró que el Consell solicitará comisión bilateral Estado-Generalitat para tratar, de nuevo, de agotar las vías de diálogo antes de llegar a los tribunales, aunque no significa que el recurso vaya a paralizarse.

Sin embargo, a 15 días de las elecciones generales, tras las cuales habría un gobierno en funciones, no parece el ambiente más idóneo para que esa reunión con el Gobierno central pueda celebrarse.