Císcar denuncia la filtración del sumario por el que está investigada

VALENCIA. La exdirectora del Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) y miembro del Consell Valencià de Cultura, Consuelo Císcar, ha presentado una denuncia este jueves por "revelación de secretos" tras la publicación de informaciones que citan "extractos literales de la documentación que obra en la causa" que investiga su gestión al frente del IVAM.

Periodistas de los diarios Levante EMV, Las Provincias y El Mundo han sido propuestos para citación por una infracción de terceros que denuncia conforme al artículo "265 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Según la acusación, que ha presentado este mediodía la denuncia, lo publicado por estos tres diarios podría ser la consecuencia de unos hechos "constitutivos de un delito de revelación de secretos", penado a partir del artículo 199 del Código Penal.

No obstante, toda la redacción de la denuncia hace alusión al delito de revelación de secretos, delito que a priori pertenece al origen de la denuncia. Sin embargo, la documentación aportada y el propio relato gira en torno a los periodistas que "de alguna forma habrían colaborado en la infracción denunciada". Ese es el objeto por el cual la acusación solicita que toda la documentación aportada sea investigada por el juzgado.

Aludiendo a los artículos 418, 197 y 201 del Código Penal, la denuncia apunta que se "castiga al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad", así como "al tercero que realice la conducta anterior [descubrir secretos, vulnerar la intimidad, apoderarse de papeles, apoderarse de datos reservados] y al funcionario".

"La filtración ha podido provenir del mismo Juzgado de Instrucción"

Los artículos sobre los que se hacen distintas referencias se publicaron durante los días 10, 11 y 12 de este mes de abril. En ellos, según la acusación, "lo que se pretende con estas nuevas 'exclusivas' es crear un estado de opinión, lo cual no debe confundirse con el derecho a la información". La denuncia alerta que "ese estado de opinión afecta o puede afectar la administración de la justicia", y advierte que  el artículo 301 de la L.E.Crim. ajusta que "las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral". 

En la denuncia ya existen reservas por "lo que pueda ser alegado por los periodistas respecto de la libertad de información y el derecho a un proceso público". En el hipotético caso de que la denuncia prosperase, la causa puede acarrear una multa de entre 500 y 10.000 euros, más allá del posible incursión en el delito penal ya citado.

En la denuncia, se incide en que "estos tres medios de comunicación hayan obtenido de fuente ilícita la literalidad del procedimiento", "[...] informaciones privadas sobre mi patrimonio" o "sobre el contenido de las declaraciones", "sobre los escritos que mi defensa ha presentado" y, en definitiva, "todo lo actuado y que forma parte de un sumario que es reservado y sólo puede ser conocido por las partes personadas".