VALÈNCIA. Aunque Ciudadanos siempre ha defendido que su mensaje es el mismo en la Comunidad Valenciana, en Andalucía o en Madrid, no fue así este martes. El diputado nacional, Toni Cantó, defendió una moción en el Congreso de los Diputados para prevenir el "adoctrinamiento" en las aulas ante el desafío independentista catalán que, precisamente, sus correligionarios en Les Corts Valencianes rechazaron semanas antes en el Debate de Política General. Si bien no se trataba del mismo texto -ya que la propuesta registrada en el parlamento valenciano fue una iniciativa de los populares a la que los naranjas se abstuvieron-, la esencia de ambas sí era la misma.
La moción de Cantó pedía que la Cámara Baja instara al Gobierno de Mariano Rajoy a "impulsar el desarrollo de las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado para evitar el adoctrinamiento" en las aulas. Una iniciativa que no sólo sintoniza con lo que ha defendido el partido de Albert Rivera en los últimos días con motivo del procés o con la "campaña" que anunció la diputada Marta Martín que emprendería el partido en la Comunitat Valenciana. También tenía el mismo fondo que tres propuestas de resolución que planteó semanas atrás el Partido Popular de Isabel Bonig.
Entre las 1.007 iniciativas registradas por los populares, la formación de la gaviota realizó tres peticiones al Gobierno valenciano. La primera, instaba al Consell a crear un grupo específico de inspectores que velaran por que en "los libros de texto y el resto de materiales didácticos" no se vulnerase ningún artículo de la Constitución Española ni del Estatuto de Autonomía valenciano; la segunda, pedía que el conseller de Educación, Vicent Marzà, -contra quien más han centrado su labor de oposición- cumpliese la Carta Magna, "el Estatuto y la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià"; y, en tercer lugar, solicitaban que el Ejecutivo valenciano no subvencionase o colaborara con entidades que apoyaran el proceso independentista catalán.
La moción que defendió el parlamentario naranja en el Congreso de los Diputados este martes, a su vez, pedía al Gobierno acometer cinco acciones: desarrollar el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa realizase requerimientos e inspecciones en centros educativos de oficio, así como que ésta elaborase informes al respecto; que ese marco normativo garantizara la neutralidad ideológica y política en el ámbito educativo con arreglo a la Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación; también que se pudiera exigir responsabilidades disciplinarias a los directores y profesores que en algún momento pudieran realizar actuaciones de “adoctrinamiento del odio nacionalista”; que se dotara de medios para que la Fiscalía pudiera perseguir estas situaciones; y, finalmente, que se protegiera a los denunciantes. Una propuesta más dura y amplia que la presentada por los populares, pero con la misma filosofía.
Quizá encorsetado por su posible candidatura a la Generalitat para 2019, el texto de Cantó recogía también anotaciones valencianas. Señalaba, por ejemplo, en la exposición de motivos que el "adoctrinamiento nacionalista" no solo era exclusivo de Cataluña, sino que también se daba en otras comunidades autónomas. "En la Comunitat Valenciana está comenzando un proceso similar, en parte gracias al apoyo financiero de la Generalitat de Cataluña. Esta lleva años financiando a asociaciones pancatalanistas fuera del territorio catalán como Acció Cultural del País Valencià o Fundació Escola Valenciana que, en el primer semestre de 2017 habían recibido más de 1,2 millones de euros en ayudas", indicaba.
Sin embargo, los naranjas se quedaron prácticamente solos con esta propuesta, ya que solo la apoyó UPN. Ni el PP brindó su respaldo al partido de Albert Rivera. Los populares aplicaron la misma medicina que los naranjas utilizaron en Les Corts: la abstención. Es más, la diputada del PP por Valencia, Elena Bastidas, abroncó a Cantó -actor antes de pasar al panorama político- por haber "sobreactuado" en su intervención. Más tarde, la parlamentaria le reprochó que en Les Corts su partido no hubiera apoyado días atrás la propuesta de resolución del PP a pesar de tener un objetivo similar.
Si bien es cierto que el partido que dirige Fernando Giner en la autonomía y cuyo grupo parlamentario lidera Mari Carmen Sánchez en Les Corts se abstuvo como medida de castigo a la formación de la gaviota por la cantidad de propuestas de resolución que presentaron en el Debate de Política General -pues lo hicieron con todas sus propuestas de resolución-, no dejó de resultar paradójico que Cantó acusara a los populares de haberles "dejado solos" con esta iniciativa. No en vano, en la Comunitat el orden de los factores fue al revés.
Aplicar aquella táctica de abstenerse a todas las iniciativas del PP en la Comunitat le ha pasado factura a Ciudadanos a nivel estatal. La situación -atendiendo a que la posición de un partido se expresa en sus votaciones parlamentarias- que trasciende al final es desconcertante: que en Valencia se opusieran a una iniciativa que en Madrid registraron y defendieron ellos mismos. Las consecuencias de jugar al gato y el ratón con el PP.
Pese a que los populares no respaldaron la propuesta de Ciudadanos este martes, el debate no desaparecerá del Congreso. Apenas 24 horas después de la bronca sesión, el PP anunció que presentaría una Proposición No de Ley para evitar el "adoctrinamiento en las aulas". ¿Los motivos? No respaldaron la moción de los naranjas por las discrepancias que ambos partidos tienen respecto a las funciones y carácter que debe tener la Alta Inspección Educativa.
Mientras los de Génova quieren que este órgano -dependiente del Ministerio de Educación- adquiera más competencias vía PNL, el partido naranja quiere una ley para que éste organismo adquiera la forma de una agencia independiente que vele por el cumplimiento de la Ley Educativa en todas las comunidades autónomas. Fruto de estas diferencias, los de Albert Rivera no aceptaron la enmienda de modificación que presentó el PP al entender que "descafeinaba" su propuesta, además de que eliminaba "cuestiones básicas" como la protección al alumnado y familias que denuncian el acoso u hostigamiento por razones ideológicas.
