VALÈNCIA. Teresa Clemente y Gustavo Segura, los dos directivos de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf) despedidos el pasado 2 de septiembre por el nuevo director, Eduardo Beut, han presentado sendos recursos de reposición ante el propio Beut contra los despidos, que afirman que se basan en argumentos "inciertos, por no decir radicalmente falsos".
En los dos escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, afirman que el director de Antifraude "falta absolutamente a la verdad" en prácticamente todos los motivos expuestos para justificar los despidos -siete en el caso de Clemente y doce en el de Segura-, califican de "inciertos" el resto y solicitan que se anulen las respectivas resoluciones firmadas el 2 de septiembre.
Teresa Clemente era directora adjunta y de Asuntos Jurídicos de la Avaf y Gustavo Segura ocupaba la Dirección de Análisis e Investigación. Ambos eran los colaboradores más estrechos del primer director de la Agencia, Joan Llinares, que cesó en el puesto al agotarse su mandato de siete años el pasado mes de mayo. Tras la toma de posesión de Beut el 23 de julio y después de apenas dos reuniones con cada uno de ellos -con las vacaciones de los tres por medio-, fueron cesados el lunes 2 de septiembre.
El breve tiempo compartido en el trabajo es, precisamente, uno de los motivos de los recursos, ya que, aseguran los dos exdirectivos, el cese no puede ser arbitrario sino que tiene que estar motivado.
Además de exponer argumentos y pruebas para desmontar uno por uno los motivos del cese, tanto Clemente como Segura relatan su sorpresa ante decisiones y manifestaciones de Beut, entre ellas las de negarles documentación para poder probar la "falsedad" de sus argumentaciones.
Según Clemente, Beut le preguntó y le encargó un informe sobre por qué se publican las resoluciones de investigación de la Avaf en su página web, a lo que respondió informándole de lo que exige la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública, así como las actuaciones similares de otros organismos de inspección y oficinas antifraude.
Además, explica que la funcionaria de la Agencia responsable del Sistema interno de información y secretaria del Comité de Ética le solicitó en agosto a Clemente dos informes jurídicos: uno en relación con la forma y el modo de acceso del director a los expedientes del Sistema Interno de Información, y otro sobre la forma y el modo de acceso del director a los expedientes del Comité de ética. Ella le encargó dichos informes a una letrada pero cuando Beut se enteró ordenó a esa letrada no elaborarlos.
El Comité de Ética de la Avaf, formado por la citada funcionaria y tres cddc, fue disuelto el pasado 23 de septiembre al derogar Beut el Código ético y de conducta de la Agencia. La que era su presidenta, María Luisa Cuerda, alertó sobre el peligro de vulneración de la confidencialidad de la identidad de los denunciantes de una supuesta "graves infracción" en el seno de la Avaf. Denuncias de las que, días antes de la disolución, Cuerda había informado a Beut.
Por su parte, Segura afirma que Beut "se interesó fundamentalmente, por la situación de los informes periciales que desde la DAI [Dirección de Análisis e Investigación] se habían emitido, y expresamente preguntó sobre aquellos que podían tener una "mayor repercusión" (sic), y se interesó y preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que habían elaborado dichos informes, así como el fiscal que llevaba el caso concreto. También preguntó por los fiscales anticorrupción con los que trabajamos habitualmente y la dinámica de trabajo en las colaboraciones con la UCO, UDEF, OLAF…".
Cabe recordad que uno de los motivos de cese de Gustavo Segura es haber incurrido en "un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante la realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias". Días después, Beut tuvo que dar explicaciones a la Fiscalía, ya que todos los informes periciales que ha hecho la Agencia Valenciana Antifraude -una treintena- han sido por encargo de juzgados o de la propia Fiscalía, no por iniciativa propia, ya que hacer informes periciales es una de las tareas más importantes de las que se ocupa la Avaf.
Todo ello lleva a Gustavo Segura a concluir que "con este cese y otros, así como con otras decisiones adoptadas por el nuevo Director de la Avaf sencillamente lo que se pretende es privarla por motivos puramente de designación política de la capacidad que había desarrollado -no sin trabajo y sin coste- de su capacidad de luchar contra el fraude y la corrupción".
Según el exdirector de Análisis e Investigación, "se ha pretendido, formalmente, argumentar de forma manipulada la motivación del cese para cubrir el expediente, pero dicha motivación falta absolutamente a la verdad. Lo que se pretendía sencillamente ha sido privar a la Avaf de personas que venían de la etapa anterior y que compartían una visión de la entidad muy distinta de la que, al parecer, tiene el nuevo Director. Para ello, no le ha importado atacar de esta forma mi buen nombre y dignidad profesional como funcionario público, aspecto que no puedo tolerar en ningún caso".
En parecidos términos, Teresa Clemente afirma que "se ha pretendido, formalmente, argumentar de forma manipulada la motivación del cese para cubrir el expediente, pero dicha motivación falta absolutamente a la verdad. Para ello no ha importado atacar de esta forma el buen nombre y la dignidad profesional de una funcionaria pública".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"