Bataller, Sorlí, Baldoví y Candela, diputados de Compromís en el Congreso. Foto: EFEVALÈNCIA. La Fundació Nexe, considerada el laboratorio de ideas de la Coalició Compromís, está impulsando a través de crowfunding la publicación de un libro bajo el título: 'El dret civil valencià. L'assignatura pendent de l'autogovern'. Un análisis sobre la cuestión que viene acompañado de un conjunto de propuestas dirigido a las opciones de recuperación del derecho desaparecido desde el Decreto de Nueva Planta. De esta manera, esta fuerza política da un paso más en su defensa de esta cuestión que, además, viene respaldada por las postura mostrada este lunes por parte de Compromís en el Congreso respecto a las reformas constitucionales propuestas por Pedro Sánchez: solo habrá luz verde a éstas si se incluye el derecho civil valenciano. Un movimiento que además coincide con al acto previsto este martes en la Cámara Baja de l'Associació de Juristes Valencians (AJV), quien viene involucrando transversalmente a la sociedad civil respecto a esta cuestión desde años atrás.
En lo que se refiere al libro, los autores de esta obra son Joan Tamarit, en su día decano del Colegio de Abogados de Sueca y actualmente secretario general del Consell Jurídic Consultiu (CJC); Rafael Verdera, catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València, y Javier Palao, profesor de Historia del Derecho de la UV y decano de la Facultad de Derecho. El texto está prologado por Enric Solà, registrador de la propiedad jubilado y que durante décadas encabezó la reivindicación de la recuperación del derecho civil.
El texto de estos tres expertos aborda un repaso a la situación histórica del derecho civil valenciano y sus posibilidades de desarrollo, así como las posibilidades de una reforma constitucional que permita "recuperar de forma efectiva la capacidad de legislar en la esfera civil y poder ejercer de manera plena el autogobierno en los términos que prevé el Estatuto", según se explica en la propia reseña de la obra.
Además, los autores profundizan en las diferentes instituciones del derecho civil que han sido objeto de regulación por las distintas leyes aprobadas por Les Corts Valencianes pero que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional: las leyes de custodia compartida, el régimen económico matrimonial y las uniones de hecho. Por otro lado, se exponen otras cuestiones en las que se podría avanzar si se consiguiera la capacidad efectiva de legislar en el ámbito civil, como por ejemplo un estudio detallado de la sucesión y las diferentes manera de transmitir la herencia.
En definitiva, una obra con la que se evidencia que la coalición valencianista quiere destacarse en la medida de posible en la reivindicación del derecho civil. Un espacio que su socio de gobierno en el Consell, el PSPV, no parece demasiado interesado en ocupar. De hecho, el síndic socialista Manolo Mata ya mostró su desacuerdo públicamente con determinadas cuestiones relacionadas con la ley de custodia compartida, una posición que le costó discusiones con la propia vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en Les Corts. Es más, en 2011, esta cuestión en concreto fue sacada adelante por PPCV y Compromís, sin que la formación socialista la respaldara.
No obstante, esto no significa que el PSPV haya quedado fuera del apoyo al derecho civil valenciano. El pleno de Les Corts Valencianes aprobó en octubre la tramitación de una proposición de ley para que se reforme la disposición adicional segunda de la Constitución y se permita la citada recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Una propuesta que fue apoyada por PP, PSPV, Compromís y Podem, mientras que Ciudadanos decidió votar en contra al apostar por "un derecho civil común a todos los españoles".
Precisamente en esta línea de pisar el acelerador con esta cuestión por parte de la coalición, el portavoz de Compromís en la Comisión de Justicia, Enric Bataller, avisó este lunes al Gobierno del socialista Pedro Sánchez de que su voto para las reformas constitucionales que está promoviendo -limitar los aforamientos por ejemplo-, dependerá de que se incluya en las mismas el reconocimiento de la "reivindicación histórica" del derecho civil valenciano.
Muestra de que Compromís y PSPV no han tenido especial sintonía en este cuestión, se desprende al observar que en esta obra impulsada por la Fundació Nexe cuenta con la aportación de una diputada del PP, María José Ferrer San Segundo, experta en la cuestión y que plantea, junto a la parlamentaria de Compromís Isaura Navarro, los argumentos de esta proposición de Les Corts para una reforma institucional.
Por otro lado, este martes se celebra un acto la AJV en el Congreso de los Diputados el mismo día que se inicia la tramitación de la reforma del Estatut.
Así, el director del Instituto Valenciano de Investigación Económica (IVIE), Francisco Pérez, impartirá una conferencia sobre la relevancia práctica de reformar el Estatuto para garantizar inversiones estatales atendiendo al criterio poblacional valenciano.
También se realizará una charla sobre la modificación constitucional propuesta para garantizar la aplicación del Derecho Civil Valenciano previsto en el Estatuto, a cargo del abogado y vocal de la Comisión Asesora del Derecho Civil Valenciano, Luis Higuera, y del presidente de l'Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella.
Al acto han sido invitados los diputados y senadores valencianos, el Consell, los diputados en Corts Valencianes, y representantes del municipalismo y la sociedad civil valenciana, que han respaldado la recuperación efectiva del autogobierno en materia de inversiones estatales y de derecho civil valenciano.
Algunos de los confirmados según la organización son el conseller de Hacienda, Vicent Soler; el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades; el subsecretario en Vicepresidencia, Francesc Gamero; la subsecretaria de Hacienda, Zulima Pérez; el director general de Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa, el alcalde de Sagunt y vicepresidente de la FVMP, Quico Fernández; el ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Pascual Sala; el secretario general de UGT, Ismael Sáez; el exministro y socio de Conexus Jaime Lamo de Espinosa, así como la gerente Pilar Caro y el vicepresidente de esta fundación, Javier Serratosa, entre otros.
