Jorge Rodríguez permite que Compromís controle Divalterra

VALENCIA. La reunión del Consejo de Administración de Divalterra, empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia, se celebró este lunes con la decisión -ya conocida- de cesar por unanimidad al hasta ahora cogerente Víctor Sahuquillo (PSPV), designado hace apenas diez meses por el también socialista Jorge Rodríguez, presidente de la corporación provincial.

Ahora bien, dado que Rodríguez no ha puesto sobre la mesa ningún nombre como relevo, esta decisión deja Divalterra -antigua Imelsa- en manos de Compromís y de su representante en la sociedad, la otra cogerente, Agustina Brines. 

Una maniobra que ha causado malestar en la dirección del PSPV, al considerar que la mala gestión del presidente de la Diputación sobre este ente ha propiciado que la coalición obtenga el control de la entidad. En este sentido, cabe recordar que Rodríguez capitaneó en febrero de este año un golpe de mano para relevar al entonces cogerente, José Ramón Tiller, próximo a José Manuel Orengo y Alfred Boix, dos 'pesos pesados' de la dirección socialista.

La situación es compleja. El propio Jorge Rodríguez ha reconocido públicamente -después de que fuera publicado en diversos medios- que tiene como objetivo iniciar una operación de adelgazamiento progresivo de Divalterra, empezando por, entre otras actuaciones, traspasar a los más de 550 brigadistas al Consorcio Provincial de Bomberos. Una decisión que, al mismo tiempo, ha molestado a Compromís, que tiene muchas "reservas" acerca de la idoneidad de la medida. "No es fácil juntar a un colectivo de 700 personas con otro de más de 500 brigadistas con intereses laborales distintos y funciones diferentes", resume Josep Bort, diputado de Medio Ambiente.

Por otro lado, fuentes de la coalición también mostraron su rechazo al intento por parte de Rodríguez de iniciar una hoja de ruta que, a su juicio, rompe el consenso respecto a la fórmula de las cogerencias que se había establecido al inicio del mandato. 

En este sentido, las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en la reunión del Consejo de Administración de este lunes se ofreció, por parte de los socialistas, la posibilidad de que Brines, la cogerente de Compromís, tuviera poderes para actuar con firma única y no con decisión compartida a partir de 18.000 euros tal y como se encontraba establecido hasta ahora, sino que pudiera ejercer este derecho hasta los 140.000 euros. La coalición rechazó de plano esta opción y no llegó a votarse, pese a lo cual la coalición sigue manteniendo el control al contar con la única gerente en activo.

Sobre este particular, fuentes de Compromís en la Diputación recalcaron a este diario que existe un "pacto de gobierno" y, subrayan, que en el caso de Divalterra se acordó "un modelo de corresponsabilidad y cogestión". "¿Qué ha cambiado?", se preguntan desde la coalición, para criticar la vinculación que trata de hacerse desde la Presidencia de la Diputación al cese de Sahuquillo con lo que consideran un "repentino" intento de adelgazamiento de Divalterra. 

"La gestión que se estaba haciendo antes valía y ahora, al parecer, ya no vale. Lo que ha ocurrido es que a Rodríguez no le han salido bien sus apuestas -Jose Luis Vera y Víctor Sahuquillo- y ahora quiere quitarse la empresa de encima", explican fuentes de Compromís, que insisten en mantener el régimen de cogerencia y que todas las decisiones que se adopten sobre Divalterra y su rediseño sean "consensuadas".

No obstante, fuentes socialistas argumentaron que este ofrecimiento de carácter "temporal" se debe a que desde Compromís también se oponen a la existencia de la figura de un consejero delegado -sería uno de los diputados provinciales que eligiera Rodríguez- al que le fueran asignadas las mismas funciones -y no superiores- que hasta ahora tenía el cogerente. Sobre esto, el entorno del presidente asegura que el rechazo de Compromís contribuye al "bloqueo" de Divalterra. "Nos resulta inexplicable que no acepten que Brines pueda tener temporalmente la firma para sacar adelante las cosas y tenga que paralizarse casi todo", subrayaron las citadas fuentes. Por su parte, desde la coalición rechazan la irrupción de un consejero delegado al considerar que no estaría implicado "directamente en la gestión", además de deslizar que esta figura parecería destinada a la liquidación de la empresa. "Si quieren tocar el sistema de cogerencia acordado deberán de negociar los partidos", sentencian las fuentes consultadas de Compromís.

Por otro lado, en el Consejo de Administración se adoptaron dos decisiones más de carácter técnico. Así, se acordó retornar la facultad a la Presidencia de determinados nombramientos jurídicos dado que el anterior jefe de este departamento, José Luis Vera, está apartado y se encuentra de baja y, además, se aprobó que la defensa judicial en el caso Taula la lleve a partir de ahora los servicios jurídicos de la Diputación después de la renuncia de la abogada Emma Ramón.