VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València vuelve a desobedecer a la Agencia Valenciana Antifraude -una vez más (1) (2)- en lo que a exigir responsabilidades administrativas se refiere. El gobierno municipal, conformado por Compromís y PSPV, volvió a rechazar el pasado viernes la recomendación de la Agencia de valorar la existencia de responsabilidades en el seno de la concejalía de Educación por llevar a cabo pagos fuera de contrato a una empresa de seguridad por valor de 450.000 euros para que vigilara las obras de construcción de dos escuelas infantiles.
Todo empezó en 2016, cuando la edil de Educación, entonces María Oliver, de València en Comú, adjudicó dos contratos menores a la compañía para vigilar, por un lado, la escuela infantil Diputada Clara Campoamor, y por otro, la de Masarrojos. Ambos por el mismo importe, 18.300 euros cada uno por un plazo total de tres meses. Sin embargo, la necesidad de continuar prestando el servicio hizo que, sin convocar un concurso, Oliver comunicara a la empresa la continuidad de los mismos fuera de contrato en ambos colegios.
Esto se suele hacer cuando la finalización de la prestación de un servicio puede resultar en un perjuicio para el interés general. Desde la concejalía se justificó este encargo directo sin contrato alegando que la convocatoria de un concurso podría haber tardado un año. Sin embargo, la Agencia Valenciana Antifraude subraya en su informe final de investigación que "no se puede admitir como justificación la normalización del incumplimiento de la normativa contractual".
En la escuela de Masarrojos, esta situación irregular se alargó hasta año y medio después y se pagó por estos servicios sin cobertura contractual más de 100.000 euros en total. En el caso de la escuela Diputada Clara Campoamor, esto duró todavía más, cuatro años y medio, y en total se abonaron facturas por valor de casi 350.000 euros. Y en este caso, el precio pagado a la empresa aumentó con el tiempo, pasándose de abonar 69.000 anuales a 85.000 euros anuales de manera progresiva y "sin que conste explicación alguna sobre tal incremento".
En este segundo caso, de hecho, y en 2019, cuando ya era concejala de Educación la edil socialista Maite Ibáñez, se ordenó el cese de los servicios de vigilancia porque se iban a instalar cámaras de videovigilancia. Sin embargo, tras "haber comparecido la mercantil" se dejó sin efecto esa orden y se dictó que se mantendrían los servicios sin cobertura contractual "hasta la adjudicación del contrato por procedimiento simplificado". Procedimiento que "nunca tuvo lugar", por lo que se continuaron pagando facturas mensualmente fuera de contrato hasta 2020.
Durante todo este tiempo se estuvieron haciendo los pagos por la vía del enriquecimiento injusta, una fórmula legal que tiene "carácter subsidiario y excepcional". Una característica que "no se cumple en el caso que nos ocupa", señala la Agencia Valenciana Antifraude: "El uso abusivo del enriquecimiento injusto “normaliza” la huida de la legitima condición de contratista por los cauces legales y abre la puerta a los conflictos de intereses al “legitimar” pagos por encargo al margen de dichos cauces legales".
Además, el organismo que dirige Joan Llinares señala en su informe de final de investigación, al que no se hicieron alegaciones desde el consistorio, que este "abuso" impidió "el control de la ejecución de la prestación del servicio" ya que, al no haber contrato, no hay un responsable encargado de verificar su cumplimiento y de proponer medidas en el caso de que hubiera incumplimientos. Y todo esto podría haber afectado al interés público, dice, pues "atenta contra el mercado de la libre competencia que siempre deriva en el perjuicio de otras entidades, y la sombra de duda que se genera al no tener la certeza de que se está prestando el servicio con arreglo a la mejor relación calidad/precio".
Por todo ello, se instaba al Ayuntamiento a revisar de oficio el pago de las facturas en las que hubo un incremento injustificado del precio de más del 23%, para determinar si aquellas cuantías se ajustaron al valor de mercado. Además, recomendaba la elaboración de un plan de contratación en la concejalía para evitar situaciones de este estilo. Y reclamaba valorar la apertura de expedientes internos para analizar la procedencia, en su caso, de exigencias de responsabilidades entre su personal".
El consistorio, sin embargo, sólo ha presentado el plan de contratación. Sobre el aumento de precios, se rechaza revisar las facturas mencionadas, alegando el Ayuntamiento que este incremento de los abonos resultó de la aplicación del convenio estatal de empresas de seguridad, por lo que este precio era "adecuado al mercado" y, por tanto, "no se considera [...] que la empresa [...] haya obtenido enriquecimiento injusto sino que existe una justa correspondencia entre la prestación efectuada y el precio acordada".
Y por otra parte, también rechaza examinar posibles responsabilidades en el seno de la concejalía porque la tramitación de los contratos "afecta no sólo al Servicio gestor correspondiente sino que requiere de la participación de distintos servicios municipales". Además, el consistorio se refiere a la situación motivada por la pandemia y la atención a las "dificultades sobrevenidas motivadas por la misma", que "ha impedido el normal desarrollo de la actividad administrativa". Y además, sostiene que la concejala en cuestión, María Oliver "ya no forma parte de la corporación", igual que el personal que intervino en el expediente, y que los que todavía están, actuaron "siguiendo las reglas" municipales.