Ribó 'pasa' de Antifraude (I): sobrecostes, infracciones y pagos fuera de contrato

VALÈNCIA. Hace seis años que PSPV, Compromís y Podemos impulsaron a nivel autonómico la creación de la Agencia Valenciana Antifraude. Y en todo ese tiempo, han sido múltiples los asuntos relativos al Ayuntamiento de València sobre los que el organismo, que dirige Joan Llinares, ha desvelado irregularidades y malas praxis administrativas en la casa consistorial: contratos fraccionados, mala gestión de contratas municipales, pagos excesivos por algunos servicios e incluso servicios abonados que no se llegaron a prestar, etcétera.

En sus resoluciones, cuando halla irregularidades, Llinares acostumbra a pedir a la institución en cuestión, en este caso el Ayuntamiento que lidera Joan Ribó, que lleve a cabo diferentes actuaciones. Y el consistorio, gobernado por Compromís y PSPV desde 2019 -junto a Podemos el pasado mandato-, ha tenido por costumbre hacer caso a la Agencia para evitar las irregularidades en un futuro, pero ha rechazado corregir o revisar las que ya se habían cometido, e incluso en algún caso ha ido contra el criterio de la Agencia negando que existieran deficiencias. He aquí una primera entrega de media docena de desaires municipales al organismo.

Grúa municipal: 600.000 euros de sobrecoste

Uno de los casos más sonados es el de la grúa municipal. Para comprender el caso hay que remontarse hasta 2014, cuando el anterior ejecutivo local adjudicó el contrato a Pavapark, que más tarde pidió una compensación al Ayuntamiento por falta de rentabilidad en la concesión. Ante la negativa del gobierno municipal, ya con la izquierda al frente, la firma llevó al consistorio a los tribunales, pero en 2017, ambas partes acordaron una indemnización de 2,5 millones de euros y la resolución del contrato.

Desde entonces, sin que se hubiera convocado un concurso público, la firma ha estado prestando el servicio sin respaldo contractual y percibiendo un abono mensual de 360.000 euros. Un pago fijado "de manera absolutamente discrecional" y sin tener en cuenta el número de enganches realizados por la empresa, como explicitó Antifraude. Si se hubiera mantenido el sistema fijado en el contrato, se habrían ahorrado 8,4 millones de euros de dinero público.

En este impás, la empresa habría percibido 614.501,85 euros no justificados. Un sobrecoste que el organismo instó a revisar al Ayuntamiento. Cosa que no ha hecho y que no va a hacer. Y así se lo ha hecho saber a la Agencia. A juicio de la concejalía de Seguridad Ciudadana, que dirige Aarón Cano, no se dan "ninguno de los requisitos establecidos" en la ley para revisar dichos pagos. Esto es, que se hayan lesionado derechos constitucionales, que sean constitutivos de infracción penal, que los pagos se hayan dictado prescindiendo del procedimiento legal o que se sean contrarios al ordenamiento jurídico, entre otros requisitos.

Dissabte al mercat: episodios sin emitir y falta de concurrencia

Otra de las cuestiones atendidas por Antifraude afectó a Mercavalència, que contrató la producción de un programa televisivo, Dissabte al Mercat, presentado por el presidente de la empresa mixta municipal, el edil de Comercio Carlos Galiana, emitido por Levante TV y en cuyos pagos se cometieron "graves irregularidades", según las conclusiones de la Agencia.

El informe constata que se pagaron los 16 episodios contratados pero algunos de ellos no se habían emitido. Después de que Antifraude notificara a Mercavalència el inicio de la investigación, la empresa emitió una factura de subsanación. Aunque la firma reconocía que se habían facturado tres programas que no se habían emitido ocho meses después de haber efectuado los pagos, Antifraude dijo que eran seis los capítulos no emitidos, por lo que el personal de Mercavalència cometió una "grave negligencia en el ejercicio de sus responsabilidades" cuyo perjuicio económico a las arcas habría sido de 9.700 euros.

El organismo también indicó que Mercavalència había cometido una infracción grave en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por presentar en su página web información falsa: se recogían 5 contratos menores de 5.000 euros cada uno para el programa, cuando en realidad había sólo un contrato de 25.000 euros aproximadamente. Y por otro lado, se saltó la ley de contratación porque la cuantía económica total superaba el máximo que correspondía a un contrato menor -18.000 euros-, por lo que se deberían haber respetado los principios de publicidad y libre concurrencia: "Cualquier empresa capacitada para la producción audiovisual podría haber sido contratada para la producción de los 16 capítulos", dijo Antifraude.

Mercavalència asegura que al hacer factura de subsanación "no se ha producido deterioro económico", que no hay "actuación irresponsable o presuntamente delictiva de las personas que intervinieron", y que "no se ha vulnerado" la ley de transparencia. Además, defiende que era un contrato de mero patrocinio para justificar la falta de concurrencia, pero Antifraude niega la mayor: el acuerdo recogía numerosos aspectos técnicos que exceden "con mucho" un contrato de patronicio, que se hubiera limitado a "la indicación de la colaboración de la entidad en los créditos iniciales o finales a meros efectos publicitarios". Es decir, que habría requerido de concurrencia competitiva.

Fundación Deportiva: sobrecostes sin contrato

La Fundación Deportiva Municipal del Ayuntamiento de València abonó un total de 1,8 millones de euros a una empresa a lo largo de 35 meses sin contrato por una "falta de diligencia". En este caso, la historia es similar a otros: caducó el contrato del servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones deportivas y no se convocó el concurso por "falta de diligencia", según la Agencia, lo que supuso pagar más dinero del estrictamente obligatorio durante tres años.

En ese sentido, Antifraude indica que durante aquel impás sin contrato, el Ayuntamiento sólo debería haber pagado por el coste efectivo del servicio, sin abonar el beneficio industrial de la empresa que contemplaba el contrato inicial. Así, se abonaron cuantías que incluían el beneficio industrial y que, por ende, no tendrían que haber salido de las arcas municipales.

Por ello, la Agencia constata "una falta de diligencia exigible e imputable al Servicio de Deportes", que dirigía Maite Girau el pasado mandato. Pero tampoco hay responsabilidades en este caso, según el consistorio. A su juicio, la demora "no puede atribuirse" solo a la concejalía "ni a determinados funcionarios" porque se debió a "un cúmulo de circunstancias". En todo casó, dice, habría una "responsabilidad diluida". Y recuerda que Girau "ya no forma parte de la Corporación municipal y el personal municipal que intervino en los expedientes actuó siguiendo las reglas que en aquel momento se fijaron" en el consistorio. Es decir, que nadie asume responsabilidades.

Un servicio de comedor con precios hinchados

Más dinero gastado irregularmente es lo que la Agencia constató en el servicio de catering de los centros ocupacionales, dependientes de la concejalía de Bienestar Social que dirigía el pasado mandato Consol Castillo. En 2017, el Ayuntamiento prescindió de la empresa que prestaba el servicio por "la vergonzosa calidad" que ofrecía debido al precio "ridículo" que se pagaba a la empresa: 3,7 euros por unidad.

Conocedora la concejalía de que no iba a prorrogar ese contrato, tenía margen para convocar un concurso, pero no se hizo, sino que se encargó directamente el servicio a otra empresa, Novaterra Catering, hasta que se llevara a cabo la licitación. Pero el Ayuntamiento no inició los trámites para un nuevo concurso hasta un año y tres meses después, un retraso injustificable para Antifraude. Hasta que se adjudicó de nuevo el servicio -tres años- la firma prestó el servicio por un precio de 8 euros la unidad, a la postre, un total de 534.600 euros. 

Se trata de una cuantía que Antifraude considera hinchada respecto a los precios por los que se licitó el servicio. Si los pliegos del concurso fijaban un precio máximo de 6,7 euros -y se adjudicó el servicio por 6,05 euros-, Novaterra Catering cobraba 1,3 euros más, lo que hizo al Ayuntamiento pagar casi 92.000 euros de más que si se hubiera convocado el concurso cuando tocaba.

La Agencia pidió depurar "las responsabilidades de todo tipo que corresponda del personal y autoridades al servicio de las administraciones públicas", a revisar de oficio el contrato y a cuantificar "los perjuicios" a las arcas municipales que deberían resarcirse "para evitar el menoscabo de caudales o efectos públicos". ¿Qué ocurrió? Exacto, nada. El consistorio rechazó todo pese a que reconoció ante la Agencia "la irregularidad del encargo".

Pagos de más en el Punto de Encuentro Familiar

Castillo también tuvo que lidiar con el caso del Punto de Encuentro Familiar. Hasta 2016, Generalitat, Ayuntamiento, y diversos colegios profesionales y el Consejo General del Poder Judicial habían acordado la prestación de diferentes servicios en estos centros. Un año después, al caducar el convenio, los servicios se empezaron a realizar a través de encargos, pero con cuantías superiores "sin que medie explicación [documental] de los motivos del incremento". Los pagos en esta situación ascendieron a casi 800.000 euros.

Por otro lado, el consistorio también adjudicó un contrato de apoyo y atención complementario. Tras caducar, el servicio se siguió prestando  "sin contrato" y sin que hubiera "quedado clara cuál fue la causa de esta decisión". Las facturas en esta situación ascendieron a 476.000 euros. Y no fue hasta dos años después cuando el consistorio inició un nuevo procedimiento de contratación para este apoyo, lo cual según Antifraude manifiesta "una falta de diligencia en una prestación de esta naturaleza, tan necesaria y tan delicada" y que "en todo el proceso adoleció de una planificación deficiente y un seguimiento insuficiente".

Así pues, se pagaron 1,2 millones de euros en estas situaciones irregulares. Y como en el caso de la Fundación Deportiva, Antifraude asegura que se pagó de más, porque al estar al margen de un contrato, no se debe pagar el beneficio industrial que sí ampara la relación contractual. Y esta situación "ha impedido el control de la ejecución" de los servicios prestados.

Pese a todo, el consistorio no ha iniciado un procedimiento "para depurar las responsabilidades a que en su caso, hubiere lugar por parte de las autoridades o funcionarios", algo que ha pedido la Intervención. Tampoco se han revisado de oficio los pagos fuera de contrato ni se han cuantificado los perjuicios que asegura la Agencia que hubo, algo que niega el Ayuntamiento.

Contratos culturales fraccionados y sin controles

La concejalía de Acción Cultural, que dirigía también María Oliver el pasado mandato, fue también objeto de reprimenda por parte de la Agencia. El organismo detectó múltiples "irregularidades" en contratos de comunicación adjudicados en el teatro municipal El Musical (TEM), el auditorio La Mutant o las bibliotecas municipales. 

Entre ellas, por ejemplo, que los servicios de comunicación y redes sociales para los teatros y las bibliotecas entre enero y junio de 2019 se prestaron durante tres años sin un contrato y se pagaron por el procedimiento del enriquecimiento injusto. Y por eso la Agencia recordaba que podía existir fraccionamiento de contratos cuando se usa esta figura "para cubrir necesidades recurrentes, similares, reiteradas y previsibles" como eran estas.

Por otro lado, otros contratos sin concurso -'a dedo'- se adjudicaron sin aportar los informes que habrían justificado según el consistorio el precio de la adjudicación. En otro directamente se evita determinar cómo se fijó el precio. Y en ese sentido, la Agencia subraya que "para determinar el valor estimado de un contrato de servicios", como eran en este caso, se deben atender "los precios habituales del mercado", algo que no ocurrió.

Pero va más allá el organismo para señalar que en ninguno de los contratos "se identifica de forma clara las acciones concretas en las que consistían los servicios de comunicación", lo que derivó en "la dificultad de comprobar que los servicios contratados o encargados fueron efectivamente prestados". Así pues, todos los meses se facturaba una cuantía idéntica en los servicios de comunicación, independientemente de los servicios prestados. Algo que "infringe la normativa de facturación".

Por todo ello el organismo antifraude instaba a valorar la apertura de un expediente para exigir responsabilidades por estas irregularidades. Como en anteriores ocasiones, tampoco cayó esa breva. La respuesta del Ayuntamiento es que la edil Oliver "ya no forma parte de la corporación municipal" y que el personal "actuó siguiendo las reglas" municipales de contratación. Así, incluso entró a valorar que "no toda infracción procedimental debe derivar en la exigencia de responsabilidad al personal".